El director de la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, Faith Birol, acaba de decir que si en la reunión de la COP 26 en Glasgow -en noviembre próximo- no hay planes concretos para reducir las emisiones de CO2, entonces no vamos a pasar a la acción y nos quedaremos en la retórica, o sea “puro floro”. Algo parecido está sucediendo en el Perú, como veremos en este artículo. 

Pero antes miremos un poco más de cerca lo que dice Birol, quien afirma que los grandes ejes de acción son: 1) la persistencia del uso del carbón en muchos países industrializados y, también, en China e India (países en los que más del 60% de la electricidad proviene del carbón; 2) es urgente que se aborde con seriedad el financiamiento de las energías limpias en los países emergentes, de donde provendrán en los próximos 20 años el 80% de las emisiones pero que, actualmente reciben menos del 20% de las inversiones en energías limpias; 3) el tercer punto es político. Dice Birol que los dirigentes de la COP deben enviar una señal clara, sin ambigüedad, a los inversionistas: “si invierten en las viejas fuentes de energía, perderán dinero” (ver, https://bit.ly/3oR8CMB)

El tema #2 nos interesa sobremanera: como parte del Acuerdo de París del 2015 (Artículo 9), los países desarrollados acordaron comprometer US$ 100,000 millones en asistencia anual hasta el 2020. Pero, dice un informe independiente de diciembre del 2020 (ver el informe en: https://bit.ly/3iT5s78) que solo se ha materializado una fracción de esa asistencia. Eso es un problema grande para los países en desarrollo, que se ha visto agravado con los costos económicos de la pandemia, de la cual muchos, sobre todo, los países africanos, aún no han salido. Por ello este apoyo es ahora aún más crítico para que se pueda impulsar la agenda del cambio climático. 

Hay que resaltar que este paquete de US$ 100,000 millones no es una dádiva para los países en desarrollo. Se trata de hacer justicia. Los países desarrollados son los que más han contaminado desde la Revolución Industrial, motivo por el cual les corresponde asumir las mayores responsabilidades, bajo el principio “el que más contamina es el que más paga”.

Mitigación y adaptación 

El Perú, como muchos otros países en desarrollo, no es un gran país contaminador, por tanto, sus esfuerzos para mitigar la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) no es tan grande. Sus mayores esfuerzos se orientan sobre todo a la capacidad de adaptación al cambio climático: pérdida de glaciares, bosques, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, , inundaciones, huaycos, friajes, sequías -las que golpean las ciudades y los sectores rurales debido, sobre todo a los grandes déficits de infraestructura: caminos, sistemas de riego, agua y desagüe-, entre otros. 

Pero también estos países se han comprometido a mitigar la emisión de los GEI, a través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, en inglés), las mismas que son elaboradas y cumplidas por cada uno de ellos. Así, en diciembre del 2020 la Comisión de Alto Nivel del Cambio Climático del Perú aprobó el Reporte de Actualización de las NDC. Nuestro compromiso original era reducir las emisiones de GEI en 30% al 2030, la misma que se sustentaba en inversiones y gastos con recursos internos y externos, públicos y privados. Con la actualización, la meta subió un 10% adicional, al 40% para el 2030. Pero, ojo, sujeta a la llegada de financiamiento externo que, como hemos visto, tiene serios problemas para materializarse (ver “Comisión de Alto Nivel de CC aprueba nueva ambición climática del Perú, 16/12/2020, en https://bit.ly/2YFnZwi). 

Dice el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, que la deforestación -y la consecuente desertificación- es la principal fuente de emisión de GEI, con el 50%, seguida del transporte con el 15% (automóviles, camiones y transporte interprovincial. Más lejos vienen la industria, la generación de energía eléctrica y otros sectores. 

En su opinión, “el próximo gobierno debe tener el convencimiento de que el problema principal es la pérdida del ecosistema boscoso. Andamos sumergidos en una discusión sobre la tala ilegal, pero esta actividad supone una fracción de las 150,000 hectáreas de bosque que se pierden todos los años. Esto se debe a la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, la falta de planificación de infraestructura, carreteras, por ejemplo. Cuando se abren carreteras sin planificación en territorios de baja gobernanza, el efecto es la pérdida del bosque. La economía ilegal tiende a ser la primera que llega a estos territorios remotos” (Los desafíos del próximo gobierno, en Crisis Climática, Especial de La República, Día Mundial del Ambiente, 05 de junio 2021).

Hay compromisos, pero, ¿se cumplirán?

El compromiso de ser un país carbono neutral al 2020 fue adoptado por el gobierno del Perú en el Acuerdo de París del 2015. La reducción de la emisión de los GEI al 40% para el 2030 se adoptó en diciembre del 2020 por la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático en diciembre pasado. 

La cuestión acá es: ¿esas metas se cumplirán? No dudamos de los esfuerzos del Ministerio del Ambiente y otros ministerios, que ya han aprobado el Plan Nacional de Adaptación y actualmente están implementando la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). Bien.

No solo eso. Hace menos de un mes el presidente Pedro Castillo declaró en Naciones Unidas que Perú se declarará en Emergencia Climática y que cumplirá sus compromisos ya adoptados. Muy bien por la declaración, la cual, sin embargo, deberá llenarse de contenido. De su lado, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, dijo: “Esperamos que con esta declaración se abra un diálogo para el desarrollo de la agenda climática en el país con la implementación de las medidas de adaptación y mitigación, y que se asignen los presupuestos necesarios”. 

Esa es la clave: diálogo y presupuestos. Es imprescindible que estos acuerdos se plasmen en un Plan de Mediano Plazo, con la participación de todos los actores (gobierno, empresarios, universidades, colegios profesionales y sociedad civil) que tenga un carácter vinculante, es decir, obligatorio para todas las partes. 

Esto es lo que falta y no está sucediendo, por ejemplo, en la meta, declarada, pero sin base legal alguna, de que la generación de electricidad sea producida, en un 15%, por energías renovables no convencionales (sobre todo solar y eólica, pero también biomasa y geotérmica). Lo peor es que hace pocos meses el Congreso mandó al archivo el Proyecto de Ley # 6953, presentado por el Congresista Alberto de Belaúnde que, justamente “proponía cambiar la estructura regulatoria para permitir a la tecnología eólica y solar competir en las mismas condiciones que las tecnologías que operan actualmente en el mercado y sin crear ningún tipo de subsidio” (Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, en Crisis Climática, ya citado).

Y agrega: “el aspecto más importante de este proyecto de ley era la convocatoria a un proceso de planificación energética, estratégica, inclusiva y transversal que estableciese objetivos de corto, mediano y largo plazo, y los mecanismos para lograr dichos objetivos. Nunca ha habido una planificación energética en el Perú, y sigue sin haberla” (op. cit.).

Lo más probable es que intereses económicos empresariales del sector energía no desean la competencia que -sin subsidios- proponen las energías renovables. Y que esto también esté sucediendo en otros sectores. Esos intereses son los que no deben primar. Si triunfan, nos quedaremos en el plano de la retórica que menciona Faith Birol. Volveremos pronto sobre ese tema.