EDITORIAL

Tuvieron que pasar 40 días desde que el Ejecutivo presentó los proyectos de ley para la mentada reforma política y judicial, para que el Congreso de la República acelere la discusión de los mismos, luego que el último fin de semana el presidente Martín Vizcarra anunciara que iban a presentar la “Cuestión de Confianza” que garantice el debate de estas propuestas.

El mandatario hace uso de esta herramienta otorgada al Ejecutivo por la constitución política y aunque los fujimoristas han querido presentarla como una injerencia de poderes, el presidente tiene derecho a usarla y debe ir hasta el final, con las consecuencias positivas o negativas que ésta genere. 

La reforma política debe alcanzar -en primera instancia- la no reelección de los congresistas, la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y discutir adecuadamente la necesidad o no de una bicameralidad que funcione como un filtro correcto de las normas que se aprueben en el futuro. 

Llegados a este punto cabe preguntarse, ¿este “ajuste” del presidente Vizcarra a un congreso que ha hecho de la presión abusiva de su mayoría un caballito de batalla, es lo que se necesita para superar la crisis política que no tiene visos de culminar luego de la publicación de los llamados “CNM Audios”? 

Lo ocurrido con este caso y la defensa cerrada de Fuerza Popular, el Apra y otros actores políticos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry es un ejemplo de esa falta de barrera que separe los poderes del Estado. Bancadas que han tenido relaciones directas con fiscales, jueces y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y que han “coordinado” acciones para la elección de representantes de estas instancias muestran esa tenacidad por controlarlo todo. 

La discusión de la reforma del CNM y del sistema de administración de justicia pasa también por garantizar que estos procesos se desprendan totalmente de la injerencia política de actores que precisamente son protagonistas de los casos que se ven en estas instancias. La sobrevivencia política de Keiko Fujimori y Alan García no debería pasar por el manejo de estos espacios, tal como ha ocurrido en los últimos años. 

Los conflictos de intereses económicos y políticos debilitan la institucionalidad estatal. Los que han ejercido una cuota de poder solo velan por intereses personales, creen que están por encima de la ley y son los amos y señores del Perú o del pedacito de Perú que les tocó gobernar. Ese conflicto nos trajo al momento en el que estamos. 

Tal es el caso de los congresistas de la bancada naranja, y sobre todo de su lideresa Keiko Fujimori, quien ahora busca una alianza con el Ministerio Público para el blindaje de los procesos judiciales en los que está implicada, como el caso “Cocteles”.

Alianza que se ha visto afectada con la decisión tomada por el Consejo Nacional Anticorrupción, que decidió esta semana apartar al titular de la fiscalía, Pedro Chávarry, sindicado según una investigación fiscal preliminar como integrante de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, organización criminal de la cual conocimos su accionar con los audios revelados por IDL Reporteros. 

El último fin de semana ha sido un momento de gestos del presidente, que se iniciaron durante el mensaje de 28 de julio. Ha confrontado abiertamente a la mayoría parlamentaria, aunque luego de eso haya aceptado los acuerdos promovidos por su jefe de gabinete. Sin embargo, Vizcarra sabe que sus gestos le han valido el apoyo de la gente, la cual espera no ser decepcionada. 

Desde nuestros sectores, toca no darle una carta blanca al presidente, recordar su origen en el 2016 de la mano de PPK y de un sector de la derecha peruana que aparenta estar enfrentado al sector que lidera el fujimorismo. Los cambios a largo plazo (Reforma constitucional y cambio del sistema económico), deben venir después y esa es una plataforma distinta a lo que hoy se discute. Hoy estamos jugando la legitimidad de la institucionalidad.

Producto de sus propios “juegos de poder” el Congreso de La República hoy se encuentra con una legitimidad mínima, el Ministerio Público le sigue los pasos y el CNM ya no existe. En este contexto ¿qué peruano o peruana apuesta por defender una institucionalidad vacía? ¿Exigirán sí o sí un cierre del Congreso?