Pese a las explicaciones del primer ministro Fernando Zavala y de los titulares de diversas carteras, sobre los motivos, beneficios y alcances de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Parlamento, los miembros de la oposición cuestionaron muchos de los decretos por considerar que excedían las facultades otorgadas o transgredían la Constitución. 

SECTOR SALUD 
En Salud están los decretos más cuestionados. Entre ellos, el que dispone que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) vuelva a depender del Ministerio de Salud y el que traslada la facultad de fiscalización y control de productos cosméticos que tiene la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Al respecto el congresista fujimorista Segundo Tapia, dijo que nadie le ha dado facultad al Ejecutivo para legislar en estos temas y, por lo tanto consideró que la comisión de Constitución debe dejar de lado todos estos decretos.

Desde el oficialismo, la ministra de Salud, Patricia García, insistió en que no habían excedido las facultades, pues estas contemplaban la posibilidad de optimizar -en favor del ciudadano- los servicios que prestan las entidades públicas, pero quedó la sensación que en materia de salud la mayoría fujimorista no aprobará las normas dadas por el gobierno.

Alexandro Saco, miembro del Consejo Directivo de ForoSalud llama la atención respecto a que en la ley que otorgó las facultades, el tema Salud no aparece ni en el texto, ni en la exposición de motivos. 

“A pesar de ello se ha utilizado el inciso H del artículo referido a la reactivación económica y la formalización, lo cual es un contrabando legal evidente, más aún si se tiene en cuenta que en el año 2013 sí hubo una ley expresa sobre delegación de facultades en salud”.

Para Saco “ninguno de los DL ataca temas claves de la relación del ciudadano con el sistema de salud, al contrario hace peligrar o retroceder en ciertos logros como la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de 17 millones de peruanos, de los cuales al menos 3 millones serán reevaluados; la derogación del DL que crea las redes integradas de atención primaria de la salud; la desactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública fundamentada en que compite con el mercado privado de formación en gestión den salud, (…) la reincorporación del INEN al INSA que hoy no puede gestionar adecuadamente ningún hospital de Lima y no ha presentado una ´propuesta de reforma general de la gestión hospitalaria, entre otros que desregulan los controles del MINSA sobre medicamentos, cosméticos y diversos productos de uso personal”.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
También se ha cuestionado el decreto sobre las medidas de simplificación administrativa. Según la parlamentaria del Frente Amplio, Marisa Glave, el Decreto Legislativo 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa sería inconstitucional, pues atentaría contra los derechos laborales, al no poder inscribir los contratos laborales de plazos fijos ante el Ministerio de Trabajo. 

“Los contratos a modalidad o a plazo fijo que, de acuerdo a nuestra normativa laboral, son excepcionales, constituyen el 70% de los contratos que se suscriben en el sector privado; es decir, 7 de cada 10 trabajadores/as formales en este sector está contratado a plazo fijo, por lo que deben esperar todos los meses para ver si les renuevan el contrato y si se sindicalizan, es de esperar que esa renovación de contrato no llegue.”, asegura la congresista.

Para Glave Remy es impensable que se mantenga la obligación de la Autoridad Administrativa de Trabajo -en este caso SUNAFIL- de verificar la legalidad de los contratos sin que se haya fortalecido a dicha entidad que cuenta con un reducido presupuesto que le permite tener algo más de 400 inspectores a nivel nacional y 9 intendencias regionales.

“MUERTE CIVIL” PARA EMPRESAS INVOLUCRADAS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN
El DL 1352 modifica la norma que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Este decreto impulsa, entre otros puntos, la denominada “Muerte Civil” para las empresas que se encuentren implicadas en delitos de corrupción. 

Sobre este decreto, la crítica desde la oposición vino del Frente Amplio. Siguiendo con el análisis, la congresista Marisa Glave considera que este DL carece de fuerza, al no incluir dos de los delitos de corrupción que predominan en el país: colusión y peculado. 
“De este modo, el DL 1352 contraviene la propuesta planteada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción sobre este tema, que si recogía ambos delitos.”, afirma. 

Para la legisladora del FA es urgente que el Congreso subsane esto, debatiendo el Proyecto de Ley 175-2016-CR que recoge la propuesta elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

El abogado y analista político, José Alejandro Godoy coincide con Glave al señalar que si bien es importante que se hayan ampliado los supuestos de responsabilidad administrativa en lo penal de las personas jurídicas, es negativo que no se haya incorporado la figura de los sobornos y de otras ligadas al lavado de activos, por lo cual la propuesta presentada resulta incompleta.

“Aquí no solo es necesario que instituciones de la sociedad civil presionen para hacer una mejor legislación sobre la materia. Deben ser los mismos empresarios los primeros interesados en salvaguardar su buen nombre e integridad. Desafortunadamente, sus pronunciamientos sobre esta materia son bastante tibios”, puntualiza.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS DL? 
Pese a que el Premier Zavala manifestó que los 112 Decretos Legislativos han sido minuciosamente estudiados para no excederse en sus funciones, el ánimo de la oposición apunta a que muchos de los decretos no serán aprobados, por lo que se viene una nueva confrontación.

Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular, ha dicho que a su grupo de trabajo no le temblará la mano en derogar algunos decretos. El legislador Yonhy Lescano, de Acción Popular apoyará la observación de algunas normas, y asegura que no se trata de una actitud obstruccionista, sino más bien de un cumplimiento de su labor de control político.  

Una vez más, el fujimorismo y parte de las otras bancadas de oposición pondrán a prueba a PPK y la tecnocracia que lo acompaña en el gobierno. Veremos si puede superar con éxito este emplazamiento político con la observación de muchos de los decretos legislativos emitidos.