En Otra Mirada saludamos que la Corte Internacional de Justicia haya emitido finalmente su sentencia sobre el diferendo marítimo con Chile, afirmando un canal pacífico de solución de controversias entre los estados y dándole una salida jurídica a este antiguo problema con nuestro vecino del sur. Creemos, por ello, que debemos acatar el fallo y reclamar su más pronta implementación.

Sin embargo, la situación no debe llevarnos a una posición triunfalista. El fallo reconoce que no había límites marítimos y por lo tanto, tal como pidió el Perú, procede a establecerlos. Señala así nuestro derecho a casi 22,000 km2 de mar que se hallaban en posición de Chile y además se inhibe de pronunciarse sobre el llamado “triángulo externo”, de otros aproximadamente 28,000 km2, dejándolo en la práctica bajo la soberanía peruana. Pero, por otra parte, señala una línea de frontera marítima que se inicia en el hito número 1 de la frontera terrestre y sigue hacia el mar el camino del paralelo por 80 millas, a partir de la cual establece una línea equidistante en dirección sur oeste hasta las 200 millas marinas. Esto le deja a Chile lo fundamental de la riqueza pesquera de la zona y enclaustra a Tacna, limitando gravemente el acceso de esta región a los recursos marítimos adyacentes.

Asimismo, hay que llamar la atención sobre el entendimiento que tiene Chile de la ubicación del hito número 1, distinta desafortunadamente del punto de la Concordia, que es donde se inicia la frontera terrestre. Esta diferencia respecto del punto donde se origina la línea de 80 millas podría llevar, ya que está en el ámbito del Tratado de 1929, a un nuevo arbitraje (ya hubo uno frustrado en la década de 1920) por parte del Presidente de los Estados Unidos, a quien le corresponde de acuerdo a dicho tratado. Esto sería una nueva fuente de conflicto que podría trabar la ejecución del conjunto de la sentencia.

Corresponde ahora establecer una agenda positiva que aprenda de los errores pasados pero mire hacia adelante. Esta agenda debe apuntar en tres sentidos. Primero, la necesidad urgente de un plan de desarrollo del sur del Perú, con una especial preocupación por Tacna, perjudicada por el enclaustramiento señalado. Esto debe incluir, hoy más que nunca, el gaseoducto surperuano y el desarrollo de un polo petroquímico en la macroregión, además de obras de infraestructura y transporte largamente postergadas. Segundo, un plan de desarrollo binacional de Tacna y Arica, que constituyen en muchos sentidos una unidad geográfica e histórica, lo que posibilitaría un enriquecimiento conjunto y una dinamización aún mayor de la frontera con nuestro vecino del sur. Por último, la importancia de cumplir nuestros compromisos con Bolivia, dándole las facilidades portuarias que se habían prometido y aprobando la legislación respectiva en el Congreso Nacional.

Además, la necesidad de reorientar nuestra política exterior, volcándola a la promoción de la integración sudamericana y latinoamericana, hoy prácticamente abandonada por nuestra Cancillería. Esto significa priorizar nuestra presencia en UNASUR y CELAC, así como en la confluencia entre la Comunidad Andina y Mercosur, para fortalecernos y poder integrarnos ventajosamente al mundo. Ello supone dejar de lado las definiciones ideológicas cuando escogemos la amistad con nuestros vecinos y poner por delante nuestros intereses de buena vecindad con todos, en especial en el área sudamericana.

Tomemos entonces este fallo como una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el sur del Perú, relanzar nuestra relación con Chile en vistas al beneficio mutuo y reorientar nuestra política exterior para afirmar la independencia nacional y la autonomía de los poderes mundiales.