Justicia al final del túnel: El caso Accomarca

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Jo-Marie Burt/ Noticias Ser

El juicio por el caso de la masacre Accomarca está llegando a su etapa final, casi 30 años después de una de las masacres más crueles del conflicto armado interno. 69 personas, entre ellos 26 niños y una mayoría de mujeres y ancianos, fueron asesinados por miembros del Ejército peruano. El juicio debe culminar en septiembre del presente año.

Los 29 acusados son todos miembros del Ejército peruano, entre ellos generales como Wilfredo Mori Orzo -quien fuera jefe del Comando Político Militar de Ayacucho-, los miembros del Estado Mayor, oficiales de mediano rango y varios soldados de la tropa. De los 29, solo 16 asisten a las audiencias. Algunos han fallecido y varios otros se encuentran prófugos de la justicia. Dos de los principales autores materiales, Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, quienes lideraron dos de las patrullas Lince que realizaron la masacre, estuvieron prófugos, pero Hurtado fue extraditado de Estados Unidos en julio de 2011 y Rivera Rondón fue deportado de este mismo país en el año 2008.

El juicio ha durado casi cinco años. Comenzó en noviembre de 2010. Ya comenzó la etapa de los alegatos finales. El 23 de julio, el fiscal del caso, Luis Landa, presentó el suyo. Al hacerlo, describió nuevamente los sucesos de aquel fatídico 14 de agosto de 1985. Evocó los testimonios de varios sobrevivientes de la masacre, entre ellos varias mujeres que tenían entre nueve y doce años al momento de la masacre y que presenciaron el asesinato de sus familiares. Relató la incursión de las patrullas militares lideradas por Hurtado y Rivera Rondón, a la quebrada de Lloqllapampa, a tempranas horas de ese día. Las niñas vieron a los militares ir casa por casa, llevando a sus familiares a realizar una asamblea en una choza, en el centro de la pampa. Hubo “crueldad y perfidia”, puntualizó Landa en la acusación, pues los militares “actuaron creando confianza en las víctimas, llamando a una reunión”. Nadie imaginó un final tan cruel. Todos fallecieron asesinados, abaleados y carbonizados. Semanas después, cuando la denuncia se hizo pública en Lima, se formó una comisión de parlamentarios para investigar la masacre, quienes no solo dieron cuenta del estado de miedo que imperaba en Accomarca, sino también relataron el hallazgo de cadáveres recién asesinados en setiembre de 1985.

El fiscal Landa recordó con especial atención la confesión excepcional de Telmo Hurtado, quien fue interrogado en abril del 2012. Como se recordará, después de develada la masacre, Hurtado se autoinculpó como el responsable de la matanza. La justicia militar lo condenó a seis años de cárcel por “abuso de autoridad”. En 2001, huyó a Estados Unidos, luego de que las leyes de amnistía aprobadas por el gobierno de Alberto Fujimori fueran anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hurtado fue detenido varios años después y finalmente, en julio de 2011, fue extraditado al Perú e incorporado al proceso que ya llevaba varios meses de desarrollo (inició en noviembre de 2010).  Hurtado escuchó, durante más de seis meses, las intervenciones de los abogados de sus coacusados y cayó en la cuenta de que nuevamente él era el chivo expiatorio: Todos lo incriminaron a él, el “Carnicero de los Andes,” como el único responsable de la masacre. Un loco, un demente, un oficial demasiado joven y con poca experiencia, un afectado por el “síndrome de Vietnam”, que lo llevó a masacrar sin piedad a 69 campesinos.

El 9 de abril de 2012, Hurtado respondió a las preguntas del fiscal Luis Landa sobre la verdad de la masacre de Accomarca. En primer lugar, dijo que en 1985 él no estaba loco, sino que era un joven oficial dispuesto a cumplir con su deber militar en la guerra contrasubversiva. Declaro, además, que la masacre no fue un acto espontáneo, sino una orden emitida por el Estado Mayor, y si se había autoinculpado había sido por cumplir con la obediencia debida que exige la doctrina militar. Relató de procedimientos militares que permitían disparar al cuerpo  de los pobladores y no dar cuenta de las bajas civiles. Hurtado se hizo responsable de la muerte de 34 personas. Y agregó que las ejecuciones extrajudiciales, fue una práctica común. Hurtado relató que, meses antes de la masacre de Accomarca, había sido testigo de cómo miembros del Estado Mayor ejecutaron prisioneros dentro del cuartel Los Cabitos. Y contó, así mismo, que Wilfredo Mori Orzo le ordenó “limpiar la zona”; esto es, eliminar a los testigos de la masacre.

La confesión de Hurtado buscó limpiar su nombre, quizás reconciliarse con su familia y su hijo, ampliar la responsabilidad de una masacre que en estos últimos 30 años le había sido arrogada solo a él. Para el fiscal Landa, esta confesión ha desbaratado el argumento principal del estudio Nakasaki, quien representa a los altos mandos del Ejército en el caso: Que Hurtado ordenó el crimen porque sufría alteraciones mentales. Por el contrario, Hurtado afirmó haber estado en el uso pleno de sus facultades mentales, hecho que fue confirmado por una pericia psiquiátrica emitida este año durante el proceso. Y quizás sin proponérselo, Hurtado también coincidió con lo planteado por la CVR, que los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno no fueron “excesos”, tampoco producto de la locura de un mando medio del Ejército, sino que se dio una política de violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

Los alegatos finales de los representantes de las víctimas y de los imputados se realizarán durante las próximas semanas. Este mes de agosto se conmemoran 30 años de los terribles sucesos de Accomarca. Esperemos que sea el último aniversario en que estos graves hechos sigan impunes.

Coautora del artículo: María Rodríguez[*]

[*]Jo-Marie Burt es profesora de Ciencia Política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, segunda edición.). Es también Senior Fellow del Washington Office on Latin America (WOLA). Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net).

María Rodríguez es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación del proyecto Human Rights Trials in Peru.

Publicado en Noticias Ser 19 agosto 2015

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