La sobredimensionada reacción de Luis Nava, exsecretario general de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Alan García, luego de conocerse (en su totalidad) los negocios que su empresa (o la de sus hijos) tuvo con Odebrecht, es solo una muestra de la desesperación que reina en las filas del “alanismo” que ve como el caso Lava Jato va cerrando su cerco alrededor de ellos cada vez más. 

Otra muestra de esa desesperación parte del mismo Alan García, quien fiel a su estilo asegura cada vez que llega información nueva de Brasil que “otros se venden, yo no”. Y cuando el fiscal José Domingo Pérez anuncia el inicio de investigaciones exhaustivas y levantamiento de secretos bancario y de comunicaciones, inmediatamente el expresidente activa su aparataje legal y busca sacar del camino al letrado y desacreditarlo. 

Estos actos se suman a las reacciones que se generan en el partido de la estrella desde los años 90 cuando un Alan García prófugo de la justicia, esquivaba las denuncias en su contra respecto al pago de sobornos para la construcción del tren eléctrico, los efectos del dólar MUC y las violaciones de derechos humanos. 

A su retorno, elegido presidente por segunda vez navegó con sutil habilidad los mares agitados que generaron el “Baguazo”, la construcción de los colegios emblemáticos, la remodelación del Estadio Nacional, las irregularidades en el programa “Agua para Todos” y los demás hechos acreditados en el informe de la denominada “Megacomisión” del Congreso de la República. 

Años después, las declaraciones de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú, generaron nuevos resquemores en Alan García. Los detalles de las reuniones previas, los viajes “casuales” en el mismo avión (junto a Enrique Cornejo y el mismo García) que terminaron luego en decretos y medidas urgentes para priorizar el “Metro de Lima” y beneficiar a la empresa brasilera fueron razones suficientes para que García sacara el cuerpo y negara cualquier hecho de corrupción. 

La implicancia de Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, en los sobornos pagados por Odebrecht, hicieron que el líder del partido aprista espetara con molestia: “Esas no son mis ratas”, negando así el vínculo con Cuba, personaje con el cual -años atrás- había formado una fundación, escrito libros y revistas junto a su actual pareja Roxana Cheesman. 

Todos los caminos de las denuncias de corrupción que implican a personajes del partido aprista, terminan siempre vinculándose al exmandatario. Sin embargo, como si se tratara de un gran juego de ajedrez, existen fichas que se sacrifican en aras de proteger al rey del tablero. (El caso de Agustín Mantilla quien purgó prisión sin confesar si las negociaciones con Montesinos fueron por cuenta propia o por encargo, o el proceso vivido por Rómulo León Alegría tras el caso de los “Petroaudios” son un par de muestras de este sacrificio político). 

Si a esto se le suman las voces que señalan la fuerte presencia del aprismo en los pasillos del Poder Judicial y el Ministerio Público, estamos frente a un escenario que a propósito o sin querer, promueve la impunidad. Una impunidad que no solo se aplica al alanismo, sino que se hace extensiva a quienes de alguna forma han encontrado mecanismos para burlarse de la justicia y escapar de las sanciones que sus actos de corrupción merecen.