Esta frase que se atribuye al ex presidente Alan García podría convertirse en el epitafio de la república criolla. 

El señalamiento del fiscal anti corrupción Hamilton Castro de que el ex presidente Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por facilitar que esta gane la licitación de la carretera interoceánica, pone el escándalo de las coimas a altos funcionarios del Estado en otro nivel, más bajo ciertamente. Cae el segundo ex presidente (si consideramos la condena de Alberto Fujimori por ladrón y asesino) y todo indica que pueden venir más; Alan, Ollanta y Nadine, sienten pasos…

Al mismo tiempo, la aprobación de la adenda para la puesta en marcha del proyecto del Aeropuerto de Chinchero en el Cusco, donde el Estado pone la plata, 529 millones de dólares de todos los peruanos, y la empresa privada Kuntur Wasi se lleva la concesión por 40 años con las millonarias utilidades que eso significa, marca un punto de inflexión en el asalto privado de las arcas públicas. No es que esto no haya sucedido antes, el festín de las APPs es una muestra de ello, sino que la voracidad de los privados ante la falencia del negocio primario exportador hace que posen sus ojos en el tesoro público (la plata de todos) como capital para hacer negocios y llenarse sus bolsillos de plata.

Si algo ha sostenido el modelo neoliberal en los últimos 25 años ha sido la ilusión, alimentada por monopolio mediático, de que su funcionamiento permitía el bienestar colectivo de todos los peruanos. Pero esto no solo ha sido desmentido por el poquísimo trabajo digno que se ha generado y la aguda desigualdad social existente en contraste con las multimillonarias ganancias de un puñado de grandes empresas, sino ahora en forma contundente por el asalto descarado al dinero de todos los peruanos. ¿De qué bienestar colectivo estamos hablando si unos pocos se la llevan a costa de los demás? Destruida la ilusión solo queda la indignación ciudadana a ser traducida políticamente. 

Sin embargo, una crisis de esta dimensión en la que los guardianes del interés público pasan a ser los jefes de una o algunas pandillas de delincuentes, no solo afecta a un gobierno o un conjunto de gobiernos sino al sistema político en su conjunto. Por ello, nos atrevemos a decir que se trata de una nueva crisis de la república criolla, ese arreglo social y político que nació con la independencia y que se ha dado maña para sobrevivir hasta nuestros días. Un arreglo en el cual una élite de raíz colonial se entiende con el poder imperial de turno para exprimir a la mayoría de los peruanos. 

Esta crisis converge, además, con una agudización de la crisis global del capitalismo, expresada en el triunfo de la derecha autoritaria en la persona de Donald Trump en los Estados Unidos, que presagia la multiplicación de salidas falsas, como la del propio Trump, y la agudización de los conflictos por el dominio global, lo que le restará en lo inmediato espacio a la expansión neoliberal.

La transición de la dictadura de Fujimori y Montesinos a la democracia fue la última oportunidad para desmontar esta república criolla y se perdió por el transformismo de algunos, la indolencia de otros y la incapacidad de la mayoría para apostar por un orden distinto. Hoy se nos presenta otra oportunidad, más por la podredumbre del propio neoliberalismo que por acción de las fuerzas opositoras, pero que no puede dejarse pasar si no queremos que el fenómeno se repita en un tiempo aún más corto. 

Vuelve a estar a la orden del día la lucha por la reforma política, pero esta vez con un horizonte mayor que no se puede quedar en la reingeniería electoral sino que tiene que tentar un cambio de régimen constitucional, para establecer de una vez por todas una república democrática en el Perú, que no reproduzca presidentes ladrones como la actual.