El principal reto económico que enfrenta el gobierno de Martin Vizcarra es como reactivar la economía del Perú urbano que está completamente paralizada. El empleo urbano formal (empresas de 10 y más trabajadores) ha caído continuamente durante todo el segundo semestre de 2017 y los dos primeros meses del 2018, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo. Una cosa similar solo ha ocurrido en las dos recesiones que hemos sufrido en los últimos 20 años, la de 2008-09 y la de 1998-2001.

En las cifras del PBI total calculadas por el INEI no existe esta recesión iniciada en 2017. Tampoco es registrada por la evolución del PBI no primario (excluye agricultura, pesca y minería), que publica el banco central (BCRP). Aunque es cierto que la tasa de crecimiento de este PBI no primario, que mide la actividad económica urbana, no ha superado el 2.5% anual durante los últimos 3 años, mientras que su promedio en la década 2004-13 estuvo por encima del 7% anual.  

En la visión neoliberal, ni el ministerio de economía (MEF) ni el banco central (BCRP) tienen como misión combatir las recesiones. El objetivo exclusivo del banco central es mantener la inflación baja mientras que el ministerio de economía solo debe preocuparse por mantener bajo el déficit fiscal (y, claro está, fomentar las asociaciones público privadas). Ninguno admite siquiera que las recesiones, ese fenómeno intrínseco a las economías de mercado, existen en el Perú después de los 90. Por eso, en plena paralización de la economía urbana, durante 2014-17, el BCRP subió la tasa de interés y el MEF contrajo la inversión pública. Cualquier libro de texto de macroeconomía, más o menos keynesiano, recomendaría exactamente lo contrario para combatir una recesión.

Para el neoliberalismo, la tarea de combatir las recesiones le corresponde a la mano invisible. Las épocas de vacas flacas que padecemos son causadas típicamente por un desplome de los precios mundiales de los minerales, como ocurrió en las recesiones de 1998-2001 y 2008-09 y en el estancamiento de 2014-17. Y los auges y las épocas de vacas gordas tienden a ser generadas por un alza de los precios de los minerales. El plan neoliberal eficaz para reactivar la economía consiste en rezar para que los precios de los metales suban. El plan B ineficaz consiste en profundizar las reformas estructurales de los 90 (menos sindicatos y menos derechos laborales, menos salario mínimo, más privatización, mas asociaciones público privadas, menos regulación estatal, menos impuestos para las ganancias y otros ingresos no laborales, etc).   

La inversión pública.
La peculiaridad de la situación actual es que los precios de los minerales han subido pero la economía urbana no se ha reactivado. Los precios de los minerales que exportamos llevan ya dos años en alza (el índice de precios de exportaciones calculado por el BCRP ha subido más de 30% desde el piso registrado a fines de 2015) sin arrastrar consigo a la economía urbana. 

La primera correa de transmisión que conecta los precios internacionales de los minerales con la economía urbana peruana son los ingresos fiscales. Cuando suben los precios de los minerales, suben las ganancias y también los impuestos pagados por las empresas mineras. Los mayores ingresos fiscales permiten que se eleve la inversión pública, dadas las metas de déficit fiscal y los gastos corrientes rígidos a la baja así como los pagos de intereses de la deuda pública. Y esta mayor inversión pública, reactiva la economía urbana.

Pero, los generosos sistemas de tributación y de devolución de impuestos aplicables a la minería han inutilizado esta primera correa de transmisión. Según SUNAT, las devoluciones de impuestos a la minería han crecido explosivamente desde 2.4 mil millones de soles en 2014 hasta 6 mil millones de soles anuales en los años 2016 y 2017. Así, según José de Echave de CooperAccion, los ingresos fiscales netos (tributos menos devoluciones) provenientes de la minería, han caído desde 5 mil millones de soles en 2010 hasta 845 millones de soles en 2017, a pesar de que el precio real de los minerales, según el último Reporte de Inflación del BCRP, fue el mismo para ambos años; peor aún, estos ingresos fiscales netos provenientes de la minería fueron negativos durante 2015 y 2016. Según el BCRP, las devoluciones totales de impuestos representaron en 2017 un 2.5% del PBI, unos 5 mil millones de dólares. 

En consecuencia, la inversión pública ha caído mientras subían los precios de los minerales. La inversión pública (formación bruta de capital del gobierno general, según el último Reporte de Inflación del BCRP) se ha reducido hasta un nivel muy bajo equivalente a un 4% del PBI durante 2016-17, inferior al promedio de 5% del PBI registrado en 2012-15. El BCRP proyecta para 2018 una inversión pública igual a 4.3% del PBI.    

La inversión privada.
La segunda correa de transmisión que conecta los precios de los minerales con la economía urbana es la inversión privada. Cuando suben los precios de los minerales aumenta la rentabilidad esperada en la minería, se expande la exploración y construcción de nuevas minas, y se extiende el optimismo por toda la economía, lo que impulsa la inversión privada no minera. 

Por ambas vías, aumenta entonces el gasto privado que mueve a la industria de la construcción y a otras industrias conectadas con ella, cuya importancia en la economía del Perú urbano es grande. No es el aumento de la producción minera, sino la construcción de nuevas minas, centros comerciales, viviendas o infraestructura pública, lo que tiene un alto efecto multiplicador y la capacidad para impulsar al resto de la economía.

El último Reporte de Inflación del BCRP indica que la inversión privada minera ha empezado a crecer desde el segundo semestre de 2016, conforme se recuperaban los precios de los minerales, pero no hay todavía ningún megaproyecto minero en etapa de construcción. Muchas de las grandes empresas mineras de talla mundial salieron golpeadas del superciclo del precio de los minerales que finalizo en 2016 y la guerra comercial desatada por Donald Trump contra China ha introducido una incertidumbre básica en la economía mundial. Ambos factores tienden a detener las inversiones. 

Respecto a la inversión privada no minera, la prolongada paralización de la economía urbana y un crédito bancario escaso a pesar de la rebaja tardía e insuficiente de la tasa de interés de política por parte del BCRP desde mediados de 2017, bastarían para explicar porque no genera gran optimismo el alza del precio de los minerales. Y si a eso le agregamos una cucharada de incertidumbre política…

Qué hacer?
Una corriente neoliberal radical sostiene que el peligro mayor que enfrenta la economía peruana hoy es el tamaño excesivo del déficit fiscal (3.5% del PBI para 2018). Y que la política principal que debe aplicarse aquí y ahora es reducir el gasto gubernamental (inversión pública y/o gasto corriente) para controlar este déficit fiscal. Exigen la repetición de la política de austeridad y ajuste fiscal del exministro Thorne. Las consecuencias serían las mismas: agravar esta recesión urbana clandestina y convertirla en una recesión abierta, lo que ayudaría a que el gobierno de Vizcarra dure menos que el de PPK. 

No importa que la deuda pública (25% del PBI) sea una de las más bajas en América del Sur, que los mercados financieros le presten al estado peruano lo que desee y que, además, exista un enorme chanchito fiscal (13 mil millones de dólares o 6% del PBI en noviembre de 2017 depositados en el BCRP). Tampoco importa que la economía urbana se encuentre completamente paralizada y que podamos financiar un déficit fiscal grande, de acuerdo a nuestros estándares, para expandir la inversión pública y acabar con la recesión.   

La corriente contraria, que podríamos llamar keynesiana, sostiene que el peligro mayor hoy es la recesión de la economía urbana y la destrucción de empleos formales. Y que la política principal para reactivar la economía urbana y crear empleos es un aumento de la inversión pública y un ciclo extra de rebajas de la tasa de interés de política por parte del BCRP. Y que tenemos los recursos financieros para sostener esta mezcla de política fiscal y monetaria expansivas hasta que se mueva la economía. 

La cuestión es como aumentamos realmente la inversión pública. Y aquí empieza la división. Unos (me incluyo aquí) sugieren aumentar la meta de déficit fiscal para 2018, contenida en la Ley del Presupuesto, desde 3.5% del PBI hasta 5% del PBI, digamos, lo que permitiría que la inversión pública aumente en 1% del PBI, aun cuando los ingresos fiscales sigan cayendo otro 0.5% del PBI en 2018. Y, al mismo tiempo, en 2018 se pueden reducir drásticamente, a la mitad digamos, las devoluciones de impuestos. 

La opción del Ministro Tuesta es una especie de tercera vía entre estas dos propuestas contrarias. Apuesta a reducir el gasto corriente (salarios, bienes y servicios, programas sociales, etc) para extraer dinero de allí y aumentar así la inversión pública, manteniendo constante la meta de déficit fiscal. Es una recomposición del gasto público: menos gasto corriente, más inversión pública, con igual gasto público total. Las devoluciones de impuestos no han sido mencionadas. Las modificaciones tributarias, todavía no especificadas, operarían desde el próximo año. La apuesta es arriesgada porque sostiene que los ingresos fiscales no seguirán cayendo y, además, que hay mucha grasa o gasto superfluo en los gastos corrientes. Sin embargo, una ojeada a la lamentable situación actual de los servicios estatales de salud, educación o seguridad, o de los programas sociales, sugeriría que existe poca grasa en los gastos corrientes del gobierno, que estos gastos son rígidos a la baja. Después de 25 años de neoliberalismo con una política persistente de menos estado a como dé lugar sería extraño que no fuese así. El tiempo dirá si la inversión pública pudo aumentar en 2018 y si esta tercera vía era viable.