En nuestra región hablar de recursos estratégicos es particularmente importante. Somos principalmente exportadores de materias primas y sabemos el coste ambiental y social de ello. Hemos despedido a compatriotas que han defendido sus territorios con nada más que con sus cuerpos como escudo frente al abuso de capitales que ven en la tierra una mercancía y no nuestra propia garantía de vida. Sabemos también que el estado peruano, desmantelado especialmente gracias al paradigma de la constitución vigente, está ausente en la protección de nuestros territorios y nuestras gentes. Sebastián Contoricón lo sabía y murió por las mafias que aprovechan esa ausencia. Las comunidades ashaninkas hoy en pie de lucha lo saben también. Los más de 60 asesinados esta década por proteger nuestros territorios -porque lo hacen por todos y todas- nos lo recuerdan.

Por eso hablar de recursos estratégicos en nuestra región es tan importante. Porque no sólo hablamos de recursos, sino de territorios compartidos, vidas, lenguas y, por supuesto, sostenibilidad. En medio de este debate de fondo la coyuntura avanza muy rápido y hoy, a nivel mundial, se habla mucho del litio. De su papel fundamental en el desarrollo tecnológico, pero también de las vías para que su explotación no suponga la destrucción de ecosistemas. De esto último, claro, se habla menos. La gran prensa mundial tiene claro el modelo que defiende. Para ello necesitan a los estados débiles y fuera de la ecuación. Como simples mesas de partes que faciliten el intercambio que ceda territorios a grandes empresas. 

Hoy que el litio está en el centro de la mesa hay movimiento. AMLO en México hace unas semanas y Gabriel Boric en Chile ayer han apostado claramente por la participación estatal protagónica en toda la cadena de exploración y explotación del litio. Esa es la diferencia entre entender recursos como mercancías y entenderlos como una oportunidad soberana de todo un país y no de unos cuantos. En México y en Chile defienden que este recurso estratégico esté en manos del Estado y no de los capitales privados. De sentido común, aunque el grupo El Comercio y tus opinólogos favoritos digan lo contrario. 

Tenemos abundantes lecciones sobre lo que significa entregar nuestros territorios a capitales privados que, en muchas ocasiones, además de incumplir la legislación nacional tributan fuera. De este modo explotan hasta secar nuestros recursos y las ganancias se las llevan. En la práctica no son ya “nuestros recursos”, son mercancía que beneficia a terceros. Los defensores de este modelo se llaman patriotas, pero su patria está en el bolsillo, no en el suelo.

Pero además no podemos olvidar el conflicto latente que existe por esta forma de entender los recursos del territorio y el papel del estado. Lo evidencian las comunidades que no ceden frente a esa injusticia. Saben muy bien que ese modelo los expulsa de sus territorios y que hay quienes se enriquecen a costa de ello. El papel de las y los defensores ambientales es invaluable en esta lucha. Pero a la vez es invisibilizado en la gran prensa que juega en pared con el gran capital y que si se atreve a denunciar a los defensores ambientales asesinados por su labor -algo que está bien hacer- no denuncian el modelo que perpetua que está realidad se mantenga. Resulta paradójico que quienes muestran solidaridad frente a los asesinatos no sean capaces de entender que a lo mejor cuando hablamos de una nueva relación Estado-recursos-ciudadanía estamos hablando de un nuevo pacto social. Llamar fetichistas a quienes piden asamblea constituyente anula cualquier portada solidaria porque le quita contenido. No son casos aislados, son muertes por ese modelo que está en el corazón de la Constitución del 93. 

México primero y Chile después están planteando otra mirada y aun así, mientras que en la región la apuesta gira hacia el cuidado medioambiental y el trabajo también con los privados pero dando protagonismo esencial al Estado, en Perú el modelo es intocable. El régimen actual sigue al régimen 93 del cual es heredero. La arquitectura no se toca ni en un centímetro. Un gobierno deslegitimado y con una incapacidad de gobernar evidente, con un país movilizado (en especial en el sur donde el litio se encuentra) insiste en la apuesta de depredación. ¿Qué puede salir mal? Todo. 

Sin embargo, sabemos también que si no estamos solos ni solas se abren nuevas oportunidades. La colectividad es la mejor receta contra el neoliberalismo. Los buenos vientos del sur chileno son mala noticia para Boluarte porque su ingobernabilidad no tiene que ver sólo con su golpe de estado y su dictadura cogobernada, sino con el modelo que esa dictadura implementa. Ese modelo que perdió en las urnas en 2021. Y la disputa está abierta. No lo digo yo, lo dicen hace cuatro meses las calles.