El 18 y 19 de junio de 1986 más de 200 presos entre acusados y sentenciados por terrorismo, amotinados en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, murieron a manos de militares y policías, quienes tenían por tarea debelar este motín sin tomar en cuenta el costo de vidas humanas y utilizando armamento de guerra para cumplir ese objetivo. Al final, los presos cayeron no solo en el enfrentamiento con los agentes del Estado, sino por ejecuciones extrajudiciales cuyos responsables, hasta ahora, no han sido sancionados como corresponde. A pesar del tiempo transcurrido y de los baches judiciales, existe un proceso legal abierto sobre la matanza del Frontón.
Respecto a este juicio, el 12 de junio de 2009, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) sancionó a 3 magistrados que integraron la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima¹, quienes calificaron los sucesos de El Frontón como homicidio calificado, con el objetivo implícito de archivarlo. Para la OCMA, estos jueces no tomaron en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declara la masacre de El Frontón (Caso Durand y Ugarte VS. Perú) como un delito contra la humanidad y que, por lo tanto, no prescribe.
Esta evidente injusticia fue apoyada también por el Tribunal Constitucional que, en 2008, se declaró a favor de la Tercera Sala Penal, al omitir opinión respecto a lo señalado por la CIDH. Entonces, con la decisión de la OCMA ¿qué sucedería con este proceso? Para la Dra. Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con el fallo de la OCMA se anularía la resolución de la Tercera Sala Penal y se continuaría el proceso contra los marinos denunciados. Además, este no es el único juicio, pues existe otro a la espera de una acusación fiscal. 
Pero la masacre que se dio en los penales no fue un hecho fortuito, habría sido ordenada por las autoridades máximas del país para eliminar a los subversivos. Contra ellos, actualmente no pesa ninguna investigación ni acusación, a pesar que en 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Peruano reiniciar las investigaciones en torno a la participación en este crimen de los autores intelectuales. ¿Tiene responsabilidad el Presidente Alan García en estos hechos? Según Rolando Ames, quien presidió la Comisión Investigadora para este caso en 1987, “en el presidente (Alan García) había una responsabilidad de índole penal por haber expuesto a la muerte a reos que por ser reos en cárceles del Estado estaban bajo su responsabilidad…”².
El Frontón sigue a la espera de una justicia que le es esquiva hace 23 años. Lo importante es que el juicio sigue abierto, a pesar de que muchos medios de comunicación intentan archivar su recuerdo. Ya es hora de que crímenes como los ocurridos en El Frontón no queden impunes. Como ya lo comprobamos el pasado 07 de abril, cuando Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión, la justicia en el Perú tarda pero llega.

1 Los vocales suspendidos fueron Jorge Egoavil Abad, Nancy Ávila de Tambini y Malson Urbina La Torre. En ese sentido, Egoavil Abad y Ávila Tambini fueron suspendidos por treinta días sin goce de haber, mientras que Urbina La Torre tuvo una suspensión de diez días, también sin cobrar sueldo. El Comercio (23/06/2009).
2  IdeeleRadio 12 de julio del 2007: http://www.ideeleradio.org.pe/look/portal/article.tpl?IdLanguage=13&IdPublication=7&NrIssue=41&NrSection=71&NrArticle=15828