La paralización de la empresa metalúrgica de capital norteamericano Doe Run Perú (DRP) es una carga pesada para los trabajadores y el Estado. Pese a que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, trata de poner paños fríos y asegura que no se alterará el plazo final de venta de los activos de DRP, el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza.
Política
En más de una oportunidad ha dicho que no representa las culpas de su padre, aunque su candidatura tiene por fin la reivindicación del dictador y dejarlo en libertad.
Gloria Cano – Directora Ejecutiva de APRODEH
Por qué algunos medios de comunicación, políticos y funcionarios estatales no pueden entender que es justamente en estas situaciones que el aparato de justicia debe investigar y procesar los crímenes sin tener en cuenta que la víctima puede ser una persona totalmente reprochable.
Gloria Cano – Directora Ejecutiva de APRODEH
Sin duda una alianza muy política con careta comercial.
Carlos Bedoya
La situación de San Marcos rebasa los límites del escándalo. Once meses después de aprobada la Nueva Ley Universitaria, la Decana de América aún no cumple con acatarla. Así, la labor del Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo se ha visto obstaculizada por las propias autoridades.
En el intento por imponer este proyecto, tanto la empresa como el gobierno han incumplido la ley en dos aspectos básicos fundamentales, como son la licencia social y la licencia ambiental.
Lo sucedido recientemente con la Caja Rural Señor de Luren, que tuvo que ser liquidada y transferida a la Caja Municipal de Arequipa, enciende las señales de alerta de lo frágil que puede resultar el sistema financiero frente a entidades que no tienen control y son vulnerables al lavado de activos.
Las propuestas presentadas por el Ejecutivo. ¿Serán suficientes para frenar la ola de delincuencia que azota al país y garantizar la seguridad de los peruanos? Se trata del último esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana en estos últimos meses de gobierno.
Para algunos economistas el pedido de facultades es innecesario pues no se necesitan normas con rango de ley para darle mayor importancia al gasto público, subir el salario mínimo, operar las líneas de crédito, entre otros.
