Una de las medidas anunciadas por el gobierno de Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad es la presentación de un proyecto de ley para aprobar el servicio militar y policial obligatorio. Según Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de ministros, ese fue uno de los acuerdos adoptados hoy en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). 

En diciembre 2024 ya se había propuesto algo parecido a través de un proyecto de ley presentado por la bancada de Alianza para el Progreso, a iniciativa de la congresista María Acuña; y lo mismo había hecho la bancada de Renovación Popular, dos meses antes, con el impulso de la congresista Noelia Herrera Medina. 

El gobierno de Boluarte retoma así la pretensión de volver a la obligatoriedad del servicio militar de dos de las principales bancadas que le respaldan, y lo hace en un contexto de inseguridad y muertes que revelan su ineptitud y complicidad, y cuando le urge presentar propuestas supuestamente concertadas y promisorias. 

En Perú el servicio militar es voluntario desde el año 2008, y la Ley 29248 lo definió como una “actividad de carácter personal” a través de la cual todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la Defensa Nacional, prohibiendo el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de incorporarlas a este servicio. 

Tengo curiosidad de conocer en qué se sustenta el gobierno para suponer que el restablecimiento del servicio militar obligatorio puede ayudar en la lucha contra la criminalidad. Quizás tenga que ver con la asociación que se hace de lo militar con la disciplina, el orden y el respeto, creencia que como tantas otras conviene revisar. 

Lo digo a partir de mi experiencia como soldado sirviendo en una base militar del Ejército, y habiendo conocido muchos años después que hay prácticas que constituyen una enajenación de la finalidad y los principios que rigen el servicio militar que no han cambiado. Aprender a reverenciar la sinrazón, por ejemplo, y la tendencia a tolerar el abuso y la impunidad. Me refiero, para ser más preciso, a las agresiones y trato degradante normalizado en los institutos armados que se perpetra contra los propios soldados. 

De modo que antes de promover la obligatoriedad del servicio militar para, como dice uno de los proyectos de ley referidos, “fomentar el patriotismo, la responsabilidad cívica, la disciplina y el compromiso con la defensa nacional”, debiera asegurarse que el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas se observa en todas las instituciones de las fuerzas armadas. 

La firmeza no es abuso, y el maltrato no sirve para fomentar patriotismo, responsabilidad cívica, o disciplina. En el Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado tiene el deber de asegurar que las personas que realizan el servicio militar lo hagan en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, y que los procedimientos y métodos del entrenamiento militar no las sometan a angustia o sufrimiento que excedan el nivel inevitable de firmeza inherente de la disciplina militar. 

Resulta evidente que estamos frente a otra medida populista que, de implementarse, además de inútil y onerosa será discriminatoria porque, como ha ocurrido antes, solo se impondrá contra los más pobres. Reitero por eso, antes de pretender que el servicio militar obligatorio nos ofrecerá seguridad, debieran preocuparse por hacer más seguro el servicio militar vigente. 

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