Si uno revisa rápidamente a los candidatos que confrontan en la segunda vuelta de las elecciones regionales, podemos ver lo siguiente: Son 15 gobiernos regionales en disputa, 30 candidatos, todos hombres, lo cual refleja nuevamente la falta de paridad en los procesos electorales. 

Además, 5 de ellos han tenido experiencia como gobernadores, vicegobernadores o consejeros regionales. 9 han sido alcaldes o regidores distritales y provinciales. 3 han sido congresistas. Los 13 restantes no han ocupado cargo alguno de elección popular. 

Un dato adicional: Solo 11 de los 30 candidatos pertenecen a un partido político de alcance nacional. Los 19 restantes postulan por movimientos o coaliciones regionales, lo cual nuevamente demuestra la crisis de los partidos en el país. Un dato más: Ni Fuerza Popular, ni el Apra, partidos implicados en el caso “LavaJato” y con sus líderes bajo investigación, que participaron en las elecciones, tienen algún candidato disputando este round. 

En esta ocasión los candidatos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Áncash, Lima Provincias, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Tacna, deben confrontar en las urnas con sendos discursos de lucha contra la corrupción, más aún cuando diversas autoridades que están (o estaban) culminando sus gestiones han sido detenidas acusadas de delitos de corrupción, malversación de fondos y en varios casos, sindicados como líderes de organizaciones criminales. 

Tal es el caso del exalcalde provincial y candidato al gobierno regional de Tacna, Luis Torres, acusado de ser parte de la organización criminal “Los limpios de Tacna”, banda dedicada al tráfico de terrenos. Esta banda también está conformada por el actual alcalde provincial y el saliente gobernador regional. 

Entonces ¿cómo garantizar que quienes asumirán las riendas de los gobiernos regionales desde el 01 de enero del 2019, sean personas probas y eficientes?

Son más de 9 millones de peruanos y peruanas que tomarán la decisión de elegir a sus representantes en los gobiernos regionales, con el aliciente que desde el Ejecutivo existe -aparentemente- una intención más proactiva de laborar con estas instancias, sobre todo en lo referido a la prevención de actos de corrupción. 

En cuanto a lo económico, según las palabras del presidente Martín Vizcarra se ha presentado un proyecto presupuestal “descentralista”, toda vez que tal como señala el mandatario “hay un esfuerzo para que el 4 o 5 % del presupuesto que iba a los ministerios vaya directamente asignado a los gobierno regionales y locales”. 

Queda pendiente en esta materia ver cómo los gobernadores regionales electos este 09 de diciembre se suman a los otros 11 que ya cuentan con la votación necesaria para iniciar el próximo año con un trabajo fortalecido que redunde en el beneficio de los peruanos y peruanas.