El Perú es un país de extrema riqueza, concentrada en unas cuantas familias y corporaciones nacionales y extranjeras, tendiendo estas últimas a predominar. Esta super elite de propietarios, directores y gerentes controla los principales grupos de poder económico y tiene una creciente presencia territorial como resultado de compras de tierras y terrenos, de concesiones forestales, mineras, gasíferas, petroleras e hidroeléctricas, además de una considerable cantidad de oficinas, centros comerciales, depósitos y almacenes. Solo en la minería se han realizado más de 80,000 concesiones que se concentran en los principales grupos mineros, destacando Minas Buenaventura de Roque Benavides.

Si bien varios de estos grupos de poder surgieron antes de 1990 (Romero, Brescia, Benavides, Belmont, Rizo Patrón, Miró Quesada y otros), estas fortunas se han multiplicado a partir de Fujimori desde 1990. La riqueza concentrada es el principal resultado de una política indiscriminada de privatizaciones y concesiones, de facilitación de fusiones y de falta de control efectivo de oligopolios y oligopsonios, además de las ganancias de la bonanza exportadora 2002-2014 y la actual. Al mismo tiempo, han surgido nuevos grupos, destacando Intercorp de Rodríguez-Pastor, hoy “rankeado” como el más rico del país, siendo su jefe uno de los principales multimillonarios del mundo según la revista Forbes.

Los gobiernos que siguieron a Fujimori, con algunos matices, incluso el de Pedro Castillo, han mantenido esta política neoliberal extrema defendida por el MEF y el BCR, nuestras dos principales autoridades en materia de política económica. A esta situación de concentración de la riqueza han contribuido la tecnocracia neoliberal que maneja los principales ministerios económicos.

Ahora bien, no debemos olvidar que una fracción de esta riqueza se encuentra en el exterior, mayormente en paraísos tributarios  (donde fundan empresas holding que controlan sus propiedades peruanas). Durante el cambio de gobierno ocurrió una fuga masiva de capitales generada, y no controlada ni sancionada (si cabe), estimada en $15,000 millones; la mayor fuga en 50 años1. 

Seguimos siendo por lo tanto un país donde hay más ricos en un país pobre y donde la utopía de mercado mundial como generador de riqueza para todos, y la globalización (ahora en retirada con la recesión e inflación mundial, el rompimiento de los acuerdos de comercio por la guerra ruso-ucraniana), se está agotando. De allí que el Foro Davos, principal impulsor de la globalización sin contrapesos, quiera reinventar el capitalismo, afirmar que su motivo no es el lucro sino hacer empresa para la gente y para salvar el planeta. Cada vez menos creen en esa utopía, en realidad una fuga al mundo de la fantasía.

La extrema riqueza del Perú es un tema tabú. Pocos, casi ningún analista o periodista, lo quiere comentar. Esta dura realidad desinfla el sueño  neoliberal conservador de “Perú país desarrollado” y el sueño retórico del actual presidente, quien hizo campaña (muy efectiva, por cierto) con el slogan: “no más pobres en un país rico”. 

Cabe señalar que, aunque estamos clasificados como “país de clase media”, y se afirma que la pobreza ha descendido dramáticamente (según cifras oficiales basadas en un criterio simple pero conveniente: ingresos monetarios), lo cierto es que una parte importante de la población sigue pobre o se ha empobrecido recientemente (con el fin de la bonanza, la pandemia y la actual crisis política). 

Esta situación abre más la brecha entre los ricos y los pobres, y se refleja en varios estudios recientes que conviene citar y que comparan al Perú con el resto de América Latina.

Primero, los más ricos del país tienen niveles de ganancia con una tasa mayor a la de crecimiento del PIB, tendencia que sucede en todo América Latina y que es muy fuerte en Perú (lo que demuestra la tesis de Piketty). Se estima que a comienzos del siglo, entre 2002 y 2015: 

"las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual … un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran parte de esta riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales"2

Segundo, el Perú es el país con mayor brecha salarial en Sudamérica. Según la consultora empresarial Mercer: “Los puestos ejecutivos y trabajadores operativos pueden tener una diferencia de hasta 30 sueldos”3

Tercero, de 26 países de América Latina y el Caribe, el porcentaje del PBI que representa la recaudación en el Perú (presión tributaria) es de 15.2% al 2020, una de las más bajas del continente. Perú se encuentra en el puesto 22, solo antes de países pequeños y de menor nivel de desarrollo como Panamá (23), Paraguay (24), República Dominicana (25) y Guatemala (26)4.  Añadamos que los grupos de poder pagan pocos impuestos y se caracterizan por eludir (a veces evadir) impuestos de modo regular. Cuando se intenta cobrarlos, recurren a la  “judicialización de las deudas”, al punto que pueden pasar años y no se cobran. Las grandes empresas adeudan a la SUNAT un total de S/. 9,256,970,235, de los cuales el 94.6% corresponde a empresas de los 100 grupos más grandes. No los pagan gracias a la labor de estudios de abogados (expertos en planificación tributaria agresiva) con clientes corporativos, cuyas deudas han sido litigadas casi ad infinitum en tanto algunas (Telefónica del Perú tiene una de las más grandes), se generaron el año 20015.  

Aun así, la Confiep y los grandes empresarios, a través de su voceros, dado que los jefes rara vez hablan, se quejan constantemente, evitan el pago de impuestos, rechazan siempre el aumento del salario mínimo y de los sueldos del sector público, y claman que ahora algunas nuevas leyes laborales en curso “afectarán el crecimiento”. 

Y mientras tanto el precio de la gasolina está por los aires, permitiéndole a los principales dueños de los grifos (Primax del grupo Romero, Repsol) aprovechar la situación y mantener precios altos, mientras su voceros culpan al gobierno y a Petroperu, creando una cortina de humo. En realidad, estas sobre ganancias ameritan considerar un impuesto a  las expendedoras de gasolina. Sobre ese tema, y otros casos de dominio de mercado, la Confiep guarda silencio.

De manera que lo que hay (y seguimos teniendo) es un modelo de acumulación más que de desarrollo. Este modelo está sostenido en la Constitución de 1993, que es concentradora de la riqueza gracias a que produce un escenario institucional, reforzado por la apertura del mercado y las privatizaciones, de empresas estatales y yacimientos, de altas ganancias, menor pago de impuestos, bajos salarios, y precariedad laboral, donde el principal derecho que se defiende es la propiedad privada, lo que beneficia a sus más grandes exponentes.

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1 Ver https://www.swissinfo.ch/spa/perú-econom%C3%ADa_perú-sufrió-en-2021-la-mayor-fuga-de-capitales-de-los-últimos-50-años/47203006.
2 Ver https://www.cepal.org/fr/node/36428 (acceso junio 2021).
3 Ver resultados de la consultora Mercer en https://rpp.pe/economia/economia/empleo-peru-es-el-pais-con-mayor-brecha... (acceso junio 2022).
4 Datos de la OCDE. Ver https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-lat... (acceso julio 2022).
5 Datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) suministrados a la congresista Sigrid Bazán.