Uno podría creer que en una sociedad democrática, todos tenemos los mismos derechos. En nuestro país, las brechas de desigualdad dan cuenta de que esto es falso.

La educación no es de calidad para todos, el acceso a otros servicios básicos tampoco, tu voz, si eres indígena, será menos escuchada que la de otros grupos de poder, tu lengua, si es originaria, tendrá menos peso que la oficial, etc. Pero, a esos tipos de discriminación que ya existen y contra los cuales debemos manifestarnos desde todos los frentes posibles, se añade otro. Si eres mujer, tus derechos, incluso aquellos que te has ganado por la vía legal luego de muchos años de lucha, pueden ser arrebatados.

La Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el proyecto de modificación del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual los derechos del “concebido” son absolutos. Los mal llamados “defensores de la vida” argumentan que los derechos del feto deben ser iguales que los de la madre, sin embargo, este proyecto indica que los derechos del primero son más importantes que los de las gestantes. Así como lo leen. A este paso, dado que, como se señala en el artículo IV “el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y goza de protección especial y privilegiada”, más nos convendría a todos ser fetos que sujetos.

Este panorama, que raya con lo absurdo, atenta contra la legislación vigente, los tratados internacionales suscritos por el Perú y la opinión ciudadana. No olvidemos que el aborto terapéutico ya se encontraba despenalizado y la discusión giraba en torno del protocolo para que fuera practicado sin problemas. En la misma línea, el debate sobre la despenalización del aborto por violación se encontraba ya avanzado y los adherentes a este pedido eran los suficientes como para presentar la iniciativa. Todo esto es víctima de este retroceso rápido, furioso y anacrónico al que nos expone la Comisión de la Mujer y Familia con la aprobación mencionada.

Hay más. Por si fuera poco impulsar el sacrificio de las mujeres en función del concebido (porque no hay manera más elegante de resumir la iniciativa), en el artículo 27 del proyecto de modificación se exime al Estado de la obligación de brindar información y educación sexual a los adolescentes mayores de 14 años. En un país donde 13 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez, donde estos embarazos adolescentes se han incrementado entre el 2011 (12.5%) y el 2012 (13.2%), donde entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes se encuentran “hipertensión inducida por el embarazo” (41%) y aborto (29%); creer que la educación sexual corresponde sólo a los padres de familia es querer vivir en una realidad paralela y condenar a muchos adolescentes a la ignorancia sobre temas fundamentales en su desarrollo integral.

La educación y la salud son dos derechos humanos que el Estado debe garantizar. Si bien el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha pedido una reconsideración del artículo 27, señalando la importancia de que el Estado garantice educación sexual a los adolescentes, omite gravemente este Ministerio, pronunciarse respecto de los artículos que atentan contra la vida de las mujeres y constituyen un retroceso en derechos adquiridos. No se trata pues de un hecho aislado y, por lo mismo, no podemos permitir desde la pasividad y la indiferencia que este proyecto se apruebe en el Congreso pues más allá de los aspectos puntuales, se trata de un recorte de nuestros derechos. La defensa nos corresponde a todos, a hombres, mujeres, adolescentes y adultos. Unamos fuerzas por el respeto a los derechos de las mujeres y por la información responsable para los adolescentes, para que puedan ejercer así una verdadera  libertad.