Las medidas para dinamizar la inversión presentadas por el ministro de Economía, Miguel Castilla, representan un duro golpe a la institucionalidad ambiental. 

Las medidas para dinamizar la inversión presentadas por el ministro de Economía, Miguel Castilla, representan un duro golpe a la institucionalidad ambiental. Y es que este paquetazo, como ya lo han dicho diversas voces críticas, recorta tareas fundamentales del Ministerio del Ambiente como la creación de áreas reservadas, fijación de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles de contaminación, aduciendo que son demasiados estrictos.

Lo cierto es que el Perú posee una mega biodiversidad que requiere de estándares de calidad ambientales muchísimo más exigentes que en la mayor parte de los países de la región y del mundo. Si esto se entendiera, no se soslayaría el rol del Ministerio del Ambiente.

Lo que causa una enorme sorpresa es que, frente a estos graves recortes de funciones, el ministro Manuel Pulgar Vidal no estaría renunciando a su cargo. ¿Por qué su atornillamiento en la cartera del Ambiente? ¿Quiénes se favorecen con las medidas de flexibilización de Castilla?

“Tierra arrasada”

Además de los recortes descritos, el paquetazo incluye la propuesta de reducir las multas aplicadas por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). ¿Cuál es el argumento? El ministro de Economía sostiene que dichas multas generan “incentivos perversos”, pues ingresan a las cuentas de dichos organismos como recursos de libre disponibilidad: cuanto mayor el monto de las multas mayores serían estos recursos. Dicha posición es cuestionada por el economista José Ignacio Távara, quien afirma que cuando las multas se flexibilizan y se fijan a un nivel inferior, se generan otros incentivos perversos que podrían inducir negligencias y provocar catástrofes ambientales, como el derrame de petróleo en el golfo de México del 2010.

Las continuas presiones de un sector económico del país para que se apliquen políticas de “tierra arrasada”, donde  se eliminen los “obstáculos” para viabilizar los proyectos mineros y de hidrocarburos, parecen haber metido un gol de media cancha. Estos obstáculos no serían sino las normas ambientales y la Ley de consulta previa. Sobre esta Ley incluso se deslizó la posibilidad de renunciar a su aplicación si fuera necesario. ¿Será esta la “nueva” minería que prometió el presidente Humala? ¿Relajar las exigencias de los estudios ambientales en favor de la inversión minera? La verdad es que todas estas acciones son casi una copia textual de las políticas del “Perro del Hortelano” del gobierno pasado.

¿Otro Baguazo?

Las diversas normas ambientales dadas en el país, y sobre todo la promulgación de la Ley de consulta previa, nacieron para enfrentar de forma dialogante los conflictos socioambientales. Sin embargo, la implementación de las mismas ha sido lenta y con baches, por lo cual el alto nivel de conflictividad social ha persistido. El número de conflictos activos ha aumentado de 65 en mayo de 2008 a 161 en mayo de 2014, de los cuales, el 70% de ellos sigue siendo de tipo socioambiental. ¿Por qué la cifra de conflictos no disminuyó como lo prometió el presidente Humala?

La flexibilización ambiental resulta un dispositivo para reafirmar al Perú como un país del siglo pasado, primario – exportador, profundizando las características extractivas del modelo. El Gobierno se deshace de los estándares ambientales y se convierte en un mero “tramitador” de los intereses de un bruto y achorado sector minero, gasífero y petrolero en el Perú.