EDITORIAL

En medio de las revelaciones del caso “LavaJato” que llegan desde Ecuador y las nuevas declaraciones provenientes de Brasil de los directivos de Odebrecht y OAS, en nuestro país hay fuerzas que están recomponiéndose en el sistema de justicia y que intentan poner en jaque lo avanzado en este enrevesado proceso.

Basta mirar el esfuerzo sobrehumano del fujimorismo para preservar al cuestionado exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien se ha salvado nuevamente de una denuncia constitucional en su contra que lo retire de su cargo en la Junta de Fiscales Supremos. Empoderado por el respaldo del partido naranja y ante la ausencia por razones de salud de Pablo Sánchez, Chávarry busca reforzar su alianza con Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez, para poner nuevamente en problemas a los fiscales del equipo especial Lava Jato.

Aunque muchos no lo quieran ver, Chávarry se reveló como un ferviente defensor de Keiko Fujimori durante su alocución en el congreso, el día que intentó defenderse de la acusación constitucional. En esa línea, Rodríguez Monteza ha opinado favorablemente para una pronta salida de la lideresa de Fuerza Popular y Gálvez, sindicado junto a Chávarry como miembro de "Los Cuellos Blancos", se pliega a este aparataje que es respaldado por la mayoría congresal. 

Este mismo equipo, es el que viene fustigando -acompañado de una especializada maquinaria en redes sociales y un par de diarios- a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, caras visibles del equipo encargado de investigar el caso Lava Jato. Una próxima cita a la Junta de Fiscales y una futura medida disciplinaria buscaría alejar a estos personajes que han causado más de un dolor de cabeza a las estructuras corruptas del poder político. 

Entre las "razones" para intentar derrocar el sistema fiscal especializado, está el acuerdo de colaboración firmado con la empresa Odebrecht y que el Poder Judicial ha considerado que debe mantenerse en reserva. Las críticas al acuerdo, llegaron tras conocerse las coimas pagados por la brasilera para hacerse con el proyecto "Gasoducto del Sur" durante la gestión del expresidente Ollanta Humala. 

Para los detractores del Equipo Especial, a los fiscales se "les pasó por la huacha" este caso y consideraron dos escenarios: 1. Una mentira inmensa por parte de la empresa que no fue apreciada por los fiscales, y 2. Un silencio cómplice de los fiscales en contubernio con Odebrecht para favorecer a los "aliados políticos" de la fiscalía especial. 

Ignoraban, o pretendían aparentarlo, que semanas antes Odebrecht había entregado información sobre el caso y que este se enmarcaba en los "nudos sueltos" del acuerdo, que permitían incluir nuevos hechos, en caso se conocieran pruebas respecto a los mismos. Escenario que hoy se plantea con el "Gasoducto" y que tanto Odebrecht como la Fiscalía han reconocido que venían trabajando. 

Incluso el allanamiento de la vivienda de los Humala Heredia y personas allegadas al nacionalismo, así como a estudios de abogados que participaron en el proceso, ha sido considerado por el fujimorismo como una muestra de la "Justicia selectiva" que se activa -casualidades de la vida- cuando ellos han señalado que denunciarán ante instancias internacionales los "abusos cometidos contra Keiko Fujimori". 

Alianza impune en la Junta de Fiscales, blindaje en el Congreso y fustigamiento político y mediático. Esas son las piezas que está usando un grupo que se ha visto descubierto y que pretende desacreditar el proceso para librarse de la acción de la justicia, toda vez que un suicidio (real o político) ya no sería una ficha de escape en esta coyuntura. Estaremos atentos y a la defensiva.