Treinta y nueve años, cinco meses, y tres días después, del más grave y bárbaro episodio ocurrido durante el conflicto armado interno, un tribunal peruano dictó sentencia luego de una audiencia que se inició el 7 de diciembre de 2020, y se prolongó hasta el 16 de mayo pasado.  

Tuvimos noticias de esa masacre a fines de noviembre de 2001, casi siete meses después de ocurrida, a través de un reportaje de Edmundo Cruz publicado en “La República”.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación investigó los hechos y estableció que, en diciembre de 1984, miembros del Ejército convocaron a no menos de ciento veintitrés personas (123) hombres y mujeres de diversas localidades que vivían en las partes altas para trasladarse a la comunidad de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho), con la presunta finalidad de protegerlos de la subversión.

Los comuneros creyeron en la promesa de los militares, y se movilizaron hacia el lugar con sus familias, mayoritariamente mujeres, niñas y niños, llevando sus pertenencias e inclusive su ganado. Lejos de cumplir con lo ofrecido, y después de separarlos, los soldados violaron a las mujeres –incluso niñas de 11 años - y los hombres fueron obligados a cavar una fosa. Tras reunir a toda la población, los acribillaron enterrándolos en las fosas que las mismas víctimas habían cavado. 

Asistimos a la última de las 125 sesiones de la audiencia, casi una por cada víctima de la barbarie perpetrada por los militares en Putis, con la expectativa de justicia para las víctimas, sus familias y comunidades. Lo más relevante de la parte de la sentencia leída fue que, efectivamente, para los jueces de la Sala Penal Superior presidida por la magistrada Miluska Cano, durante el juicio se acreditó toda la sucesión de hechos que culminaron con la masacre perpetrada por militares del Ejército peruano, no así la del acusado Luis Grados Bailetti al no poder determinar con grado de certeza la responsabilidad de la Compañía Lince, cuya jefatura ejercía.

Es decir, el Poder Judicial constató lo sustancial de la investigación del periodista Edmundo Cruz y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, respecto a los hechos y la responsabilidad de los militares, señalando incluso que por la sistematicidad y generalidad se trataba de un caso de lesa humanidad, pero emitió una sentencia que para Paz y Esperanza, la institución que patrocina a las víctimas de Putis, constituye un reconocimiento de la incapacidad o falta de voluntad del Estado para hacer justicia.

El Ministerio Público había solicitado se imponga al acusado la pena de 25 años de pena privativa de la libertad, señalando que debían considerarse para ello las circunstancias de suma gravedad en que se realizaron los hechos, la gran cantidad de personas agraviadas, la naturaleza de la acción, el lugar, los medios utilizados, el modo de ejecución, la pluralidad de agentes, la extensión del daño, el peligro causado, y la alevosía. Tras la sentencia que absolvió a Grados Bailetti, interpuso recurso de nulidad.

El caso Putis se seguirá investigando, y uno de los aspectos que debiera merecer atención es la renuencia de las autoridades militares a dar la información que permita identificar a los criminales dentro de los institutos armados que perpetraron crímenes como los perpetrados en esta comunidad.

Los diversos oficios enviados en varios momentos al Ministerio de Defensa, por la CVR, la Fiscalía y Paz y Esperanza, solicitando identificar a los militares que intervinieron en Putis, entonces, cuando respondieron, fue para decir que no encontraron relación del personal que prestó servicios en la zona.

Respuesta que revela voluntad de encubrimiento, y evidencia que, aunque en Putis se logró exhumar los restos de no menos de 92 personas asesinadas por miembros del Ejército peruano en diciembre de 1984, más difícil, tratándose de militares, es desenterrar la verdad.

Publicado en Diario Página 3