La sentencia del caso Cayara llega  después de 35 años de espera y sobre todo lucha, los familiares, al ser entrevistados por los medios se preguntan “¿La justicia que tarda es justicia?” si bien su respuesta no es negación categórica por lo menos expresan un agotamiento emocional, inconformidad por la relatividad de los resultados, las  oportunidades perdidas en el tiempo y la incertidumbre respecto de lo que viene,  pero los sentimientos son encontrados, también hay alegría,  sentirse parte del logro, reconocimiento del valioso acompañamiento recibido.   

Cayara es uno de los 12 distritos de la Provincia de Víctor Fajardo al sur de la capital de departamento de Ayacucho, en este distrito y algunos pueblos aledaños como Erusco, Cayara y Mayopampa se desarrolla el Caso Cayara como un escenario de cruentas matanzas y graves violaciones de derechos humanos entre el 13 de mayo de 1988 y los días siguientes del mismo año, con un saldo de 39 campesinos fallecidos. 

El 13 de mayo se produce un ataque al convoy de las fuerzas armadas, según el informe oficial con 5 fallecidos, 15 heridos y perdida de armas y otros, sin embargo, no se pudieron constatar. En respuesta se pone en marcha un plan de persecución y captura de las fuerzas subversivas a partir del 14 de mayo con la llegada de 300 efectivos militares de diferentes bases. La CVR constato que el 14 de mayo y los días siguientes se cometieron graves violaciones de DDHH, mientras las autoridades militares sostuvieron que hubo en este operativo enfrentamientos con los subversivos y no violación de DDHH.

Se condena a militares por delitos de lesa humanidad, después de 5 años de juicio oral fueron sentenciados a entre 8 y 15 años de cárcel. El proceso ha sido complejo desde el silencio y ausencias sistemáticas de los acusados, ejecución extrajudicial de testigos, ocultamiento de pruebas (se escondieron los cuerpos de los fallecidos), dificultades para el acceso de los testigos de las victimas a la nueva tecnología para dar su testimonio y por si fuera poco la hostilización y terruqueo de los familiares de las víctimas: Según Maria Luisa

Cayo presidenta de la asociación de Víctimas de Cayara,  “no ha sido imparcial a veces la sala penal nos ha tratado mal, nos marginaban al principio no nos dejaban ni sacar una foto. Los acusados, sus familiares y los vigilantes nos decían: ahí vienen los terroristas, los hijos del terrorismo”. Lamentablemente “la pita se rompe por el lado más débil” como en otros casos, los sentenciados son mayoritariamente los mandos inferiores, mientras son 5 los que no han sido sentenciados y 3 reos contumaz. 

A partir de este caso tan emblemático quisiera levantar algunas reflexiones para entender cuánto hemos aprendido de muestro pasado dramático:   

1. En el contexto y ubicación desfavorable de Cayara, más allá de su voluntad y decisión estaba adscrita al frente principal centro sur del PCP -SL, por tanto, también lo colocaba en el centro de acción de las fuerzas de seguridad, es decir, Cayara en el ojo de la tormenta entre los dos actores de la confrontación militar, las estrategias respectivas han colocado a la población de estos escenarios en situación de instrumentalización, cooptación y control inclusive de sus instancias de organización y representación. En tal sentido las incursiones en este espacio se habían iniciado ya desde 1983, 5 años antes de la masacre. 

Asimismo, se ha podido verificar que varios pobladores de la comunidad de Erusco, fueron testigos de la preparación del ataque subversivo a las fuerzas de seguridad el día 13 de mayo en el trayecto de la carretera Cayara – Erusco. Pero que no denunciaron estos hechos por miedo a los subversivos. Asimismo, de acuerdo a las declaraciones de los testigos los subversivos que participaron en dicha acción no pertenecían a las comunidades de Erusco, Cayara o Mayopampa, sino que eran desconocidos.

2. El sinuoso camino de la justicia: en principio el rol débil y subordinado de la justicia, el caso Cayara es inicialmente asumida por la Inspectoría de la Segunda Región Militar, las conclusiones fueron asumidas como ciertas por el Ministerio Publico y  el Fuero Militar, todos con el mismo discurso, solo hubo enfrentamiento con subversivos, que no había delito contra la vida y la salud, no hubo abuso de autoridad, en consecuencia se ordena el archivo, parcial o definitivos y el sobreseimiento y archivamiento definitivo.    

3.El papel funesto y cómplice de la política:  El 23 de mayo de 1988, el Senado de la República formó una “Comisión Investigadora” para conocer los sucesos ocurridos en Cayara y Erusco presidida por senadores Carlos Enrique Melgar López, 1989 presentaron tres informes: uno en mayoría que coincidía en su integridad con el informe presentado por las autoridades de Inspectoría de la Segunda Región Militar. Los informes de minoría avanzaban hacia el develamiento de la masacre, el fiscal de la Nación de entonces doctor Manuel Catacora Gonzáles, encomendó al doctor Carlos Escobar Pineda, Fiscal Superior Comisionado de Ayacucho. Esta investigación debelo la masacre, se insistió en la reformulación de la investigación y ordenando el archivamiento del caso. 

4.Sin embargo, también es importante destacar el compromiso y trabajo denodado de actores y personalidades que han hecho posible los avances hacia la justicia: algunas autoridades como es el caso del alcalde de Huamanga Fermín Asparent y Carlos Escobar entre otros, Organismos nacionales e internacionales de DDHH y personalidades. En particular quiero reconocer la persistencia de los familiares de las víctimas y sus organizaciones.  

El camino es todavía largo y complejo, hay una agenda pendiente respecto de este caso y a juzgar por los conflictos recientes retorno al punto de partida y la reedición de los hechos y crímenes de violación de DDHH y la impunidad sigue siendo una amenaza real, y no hubo un aprendizaje efectivo y menos en el estado y las fuerzas de seguridad. Sera necesario, volver a las recomendaciones de la CVR para implementar las reformas que garanticen la no repetición de los hechos.