Hace unos dias el Partido Nacionalista presentó diez proyectos de ley contra la corrupción. Hasta el momento, solo el líder del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, ha saludado esta iniciativa.

Por otro lado, sorprende que, siendo la lucha contra la corrupción la bandera de campaña de la candidata del PPC Lourdes Flores para la Alcaldía de Lima, el vicepresidente de su partido, Juan Carlos Eguren, exprese que estas propuestas evidencian un aprovechamiento político de la coyuntura por parte del Nacionalismo. ¿Por qué solo en boca de algunos el discurso anticorrupción sería legítimo y en otros sería oportunismo? ¿Acaso solo un grupo político puede adjudicarse la bandera anticorrupción?
Desde Otra Mirada consideramos que todas las propuestas anticorrupción, vengan de donde vengan, son bienvenidas y debieran ser debatidas. En ese sentido, veamos con mayor atención de qué tratan algunos de estos proyectos de ley presentados por el Nacionalismo.
 
Proyecto de Ley 3711/2009, el cual busca modificar el artículo 41º de la Constitución para que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean imprescriptibles.
Proyecto de Ley 3853/2009, que busca devolver a la Contraloría General de la República su competencia para opinar respecto al diseño de la transacción y el proceso de promoción de la inversión privada, competencia que le fue restringida a través del Decreto de Urgencia (DU 047-2008).  Asimismo, mediante el Proyecto de Ley 3803/2009 se busca, entre otros aspectos, fortalecer el carácter vinculante de los informes de la Contraloría y su respectivo uso como prueba judicial cuando lo amerite.
Proyecto de ley 3695/2009, que busca modificar el artículo 95º de la Constitución Política, con lo cual, los Congresistas podrían ser vacados del cargo “…si se comprueba que omitieron y/o adulteraron información de las declaraciones juradas de bienes y rentas y por omitir y/o adulterar información en la Declaración Jurada de Vida”.
Proyecto de Ley 4008/2009, que modifica los artículos 99º, 110º y 112º de la Constitución, con lo cual se instaura el “juicio de residencia” para el Presidente de la República durante los cinco años posteriores a su mandato, el impedimento de doble nacionalidad y la incompatibilidad del mandato presidencial con otro cargo o función, inclusive la de presidente de un partido político.
Proyecto de Ley 4009/2009, el cual propone modificar el artículo 12º del Reglamento del Congreso, con lo cual, los congresistas que ya no pertenezcan al partido político por el cual postularon no podrán participar como miembros de la Mesa Directiva del Congreso. 
 
Como se observa, estos proyectos de ley plantean aspectos legales de fondo como modificar algunos artículos de la Constitución Política, lo que afectaría la forma cómo se viene manejando los intereses del país. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no es solo un tema legal sino también ético. Por ejemplo, un signo importante sería que todos los Congresistas, empezando por los propios Nacionalistas, publicaran en sus respectivas páginas web sus gastos operativos para que así los peruanos sepan cómo vienen utilizando estos recursos del Estado.
Esperemos que ambas aspectos, lo legal y lo ético, sean tomados en cuenta por nuestros padres de la patria y se inicie desde el Congreso, la institución representativa del país, una frontal lucha contra la corrupción que tanto nos hace falta.