El hábeas corpus que repone el teléfono público para su uso al reo expresidente Alberto Fujimori no implica que pueda dar entrevistas de manera indiscriminada sin pedir autorización de las autoridades penitenciarias. Es necesario diferenciar. Una cosa es el derecho a la libertad de las comunicaciones y otra muy distinta pasar por encima de la reglamentación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que prohíbe que los reos den entrevistas a los medios de comunicación sin autorización previa.

A Fujimori se le corta la línea de teléfono debido a que no hizo caso a los llamados de atención. Cuando José Luis Pérez Guadalupe era titular del INPE, (hoy es ministro del Interior) hizo una invocación a Fujimori para que cumpla con el reglamento y pida autorización antes de dar entrevistas, sin embargo el exdictador de manera desafiante siguió trasgrediendo las normas.
 
Antes que se le retire la línea, a Fujimori se le impuso medidas de carácter preventivo por brindar entrevistas a RPP sin consentimiento de las autoridades.
 
Carlos Rivera sostiene que el hábeas corpus a favor de Fujimori no es un aval para transgredir las normas, por lo que el INPE está habilitado para iniciarle otro proceso de investigación si es que vuelve a dar entrevistas sin autorización. La Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel consideró que se vulneró el “derecho a la comunicación por medios telefónicos del expresidente” y advirtió que con esa medida se le negó la posibilidad “de hacer uso del servicio telefónico que afecta sus derechos constitucionales, de cuyo ejercicio no ha sido privado de sentencia judicial”.
 
El actual presidente del INPE, Julio Magán, ha sido claro en señalar que se repondrá el teléfono en cumplimiento de la sentencia judicial, pero se cautelará que sea utilizado para la comunicación con sus abogados, familiares y amistades. “El código de ejecución penal y su reglamento dicen que el teléfono no lo pueden utilizar los internos para hacer declaraciones políticas”, señaló.
 
Magán advirtió que si Fujimori realiza nuevamente declaraciones políticas por teléfono sin pedir autorización “nosotros nuevamente lo sancionaremos”, contradiciendo la versión del abogado de Fujimori William Paco Castillo y su médico Alejandro Aguinaga, quienes sostienen que Fujimori si puede dar entrevistas a los medios de comunicación por teléfono.
 
Carlos Rivera dijo que todos los presos en el Perú tienen que pedir autorización si es que quieren dar una entrevista, y Fujimori no es la excepción.
 
REINCIDENTE
El exmandatario ha tenido varios problemas por no cumplir con las normas del INPE durante su régimen carcelario. En enero de este año, las autoridades del INPE detectaron que Ana María de Jesús Cárdenas Manchego Muñoz, simpatizante de Fujimori, pretendió ingresar un chip. En junio de 2013 ella misma había sido sorprendida pretendiendo ingresar un celular en una de sus visitas al exdictador.
 
En noviembre del 2013 se desató un escándalo cuando los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori impidieron por la fuerza el accionar de los agentes del INPE que detectaron que el expresidente estaba dando una entrevista a RPP y al querer poner fin a la comunicación se encontraron en la puerta con los citados parlamentarios, quienes haciendo gala de su inmunidad se atrevieron a desafiar físicamente a los agentes para que no le corten la comunicación a Fujimori.
 
Fue entonces que se conoció que los parlamentarios visitaban a Fujimori en horas de la noche y en el centro de reclusión tenía reuniones políticas con dirigentes populares y miembros de su partido. Además tenía 17 efectivos del INPE que le prestaban seguridad, pese a que el promedio es de un empleado por cada nueve internos. Fujimori tiene movilidad, un enfermero, movilización de seguridad y personal.
 
La historia de este capítulo que tiene a Fujimori como el reo que le cuesta más caro al Estado, aún no llega a su fin. El INPE ha dicho que repondrá el teléfono, pero ha reiterado que no permitirá que Fujimori declare a los medios de comunicación y si lo hace lo volverá a sancionar.