El 27 de agosto pasado el directorio de PetroPerú con su improvisado presidente Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, que no tiene mayor conocimiento ni reconocimiento en el sector de hidrocarburos salvo el ser lobista y amigo del ministro de energía y minas Rómulo Mucho Mamani, realiza una serie de declaraciones que contienen “medias verdades” que merecen ser analizadas.

En el punto uno, subraya “que resulta “inmoral” seguir solicitando más dinero al Estado sin que la empresa se comprometa a cambios profundos”. Es verdad, que PetroPerú necesita nuevos aportes de su titular por la falta de liquidez, déficit de capital de trabajo que al primer semestre del 2024 (activo corriente menos pasivo corriente) en cifras resultan negativas en más de US $ 3,395 millones de dólares y con una pérdida neta de US $ 452 millones.

Ello ocurre por primera vez en su historia pues PetroPerú siempre fue una empresa rentable, autosuficiente que financiaba sus inversiones con sus propios recursos hasta el 2019. Es decir, no recurría al ministerio de economía y finanzas con aportes de capital o préstamos. Incluso sin lotes petroleros y filiales rentables como La Refinería La Pampilla o Solgás, que fueron privatizadas a precios de remate, incluso bajo tales circunstancias generaba utilidades modestas, pero con cifras en azul.

Al contrario, PetroPerú contribuía con el fisco con los impuestos directos y recaudados indirectamente en montos superiores a la competencia de Repsol-La Pampilla que controlaba el 40 % del mercado de combustible. Es más, PetroPerú subsidiaba los combustibles vendidos en la Amazonía entre el 2001 al 2015, pues no recuperaba el Impuesto General a las Ventas (IGV), pues en la selva los combustibles están exonerados del pago del impuesto selectivo al consumo e IGV. ¿Cuánto significó ello para PetroPerú? Más de US $ 1,200 millones de dólares, que el MEF nunca reconoció ni devolvió por ser una empresa estatal.

Por ello, la quiebra o liquidación de PetroPerú pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Madre de Dios entre otras ciudades pues no resulta rentable el abastecimiento para las empresas privadas como Repsol, Exxon/Mobil, Valero, pues la devolución del IGV toma su tiempo, y abastecen a las ciudades de la costa donde está la población concentrada, o las grandes mineras pues ofrecen mayores descuentos que la petrolera estatal.

Es más, el Oleoducto Nor peruano construido por PetroPerú e inaugurado en 1977 y en funcionamiento hasta el 2020 con reiteradas perforaciones y cortes, ha permitido la valorización de más de 1,000 millones de barriles producidos en la selva nororiental. Hoy este activo es propiedad del ministerio de energía y minas, es un Activo Crítico Nacional, administrado por PetroPerú, que le significa fuertes gastos de mantenimiento, reparación. Solamente entre el 2020 al 2023 por estar inoperativo el Oleoducto por falta de producción de crudo, que es dicho sea de paso una responsabilidad de las empresas privadas, PetroPerú ha tenido que gastar más de US $ 240 millones que no le son reconocidos por el MEF, y van a pérdidas.

En ese mismo sentido si de inmoralidad se trata, entre el 2004 al 2023 con recursos de todos los peruanos hemos financiado el “Fondo de Estabilización a los Combustibles” por más de US $ 4,000 millones de dólares para compensar a las empresas importadoras privadas como Repsol-La Pampilla, Pluspetrol, Valero, Exxon /Mobil, Solgás, Z-Gas entre otras, para que los altos precios internacionales de los combustibles no se trasladen a los consumidores, en especial a las empresas de transporte, y población de altos ingresos.

Históricamente PetroPerú siempre ha sido rentable para el Estado, salvo períodos críticos en razón de la injerencia política de los gobiernos de turno como sucedió en el período 1986/1990, y con la privatización de sus lotes y unidades más importantes como ocurrió en la década infame del fujimorismo. 

Por ello, se debe identificar a los verdaderos responsables de la crisis económica financiera de la petrolera estatal, en especial aquellos que retrasaron adrede la construcción de las inversiones en las unidades auxiliares y complementarias de la Nueva Refinería de Talara en el 2015, que al final significaron tres años de atraso, pues esta debió estar operativa en junio del 2019. 

Esta demora de por sí explica en gran parte los sobrecostos que PetroPerú tiene que asumir. Se debe recordar que el ex presidente del directorio Carlos Paredes en el 2019 afirmaba que cada día que pasaba el “costo de oportunidad” de no estar operativa la Nueva Refinería de Talara significaba US $ 2.5 millones. 

Saque Ud. su cuenta amable lector los ingresos diarios que dejaba de percibir PetroPerú por no tener operativa la refinería. Esta recién entró en operaciones en el 2024 para ser afectada por un corte de energía en la región de Piura, y no tener un plan de contingencia. De allí, que al primer semestre del 2024 los resultados siguen en rojo, y todo depende del funcionamiento pleno de la unidad de flexicoking, que les otorga mayor valor agregado a los petróleos industriales al convertirlos en combustibles de mayores precios y limpios.

¿Cómo se llega a esta crisis?

Textualmente en el comunicado del directorio a la opinión pública se sostiene que hay tres razones que la explican “ (i) Una histórica injerencia política y sindical, que ha llevado a que la empresa se aleje largamente del manejo eficiente, transparente y del buen gobierno corporativo; (ii) la construcción de la Nueva Refinería Talara (NRT) que habiendo costado el doble de lo presupuestado tendrá un largo proceso de estabilización con el riesgo de seguir impactando los estados financieros por al menos dos años más; (iii) y, el consecuente sobreendeudamiento que ha deteriorado al extremo sus ratios de solvencia y liquidez”

A declaración de parte relevo de prueba dicen los abogados. El actual directorio de PetroPerú nombrado a dedo, presidido por Oliver Stark, el ex ministro del MEF Tuesta Cárdenas, Boza Pro que son ilustres desconocidos en el sector de hidrocarburos, salvo el abogado Pedro Gamio, que fue viceministro de energía en el segundo gobierno de Alan García, tiene un reconocimiento en el sector, y en sus últimas entrevistas tenía una posición nacional y progresista en defensa de PetroPerú. ¿Cómo cambias pelona con un directorio liquidador? 

En tal sentido, los propios miembros de la Junta de Accionistas, los ministros y viceministros de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, la dupla Arista/Mucho respectivamente no respetan las propias normas del  actual gobierno, cuando el eléctrico Alberto Otárola era primer ministro se promulgó para mejorar la gobernanza en PetroPerú,  el DU 023-2022 que exigía que los nuevos directores de la petrolera estatal tengan un conocimiento del sector, y que no sean elegidos políticamente a dedo, como ha sucedido siempre.

Resulta curioso que el directorio de lobistas no haga referencia a las consecuencias de la privatización de los lotes en especial del Noroeste (Talara) y del Zócalo Continental antes denominado Z-2B. Se debe conocer que entre 1994 cuando se comenzó la privatización de los lotes de Talara, en especial del Z-2B, el lote X y otros lotes PetroPerú ha tenido que pagar a las empresas privadas, de sus recursos más de US $ 13,923 millones de dólares. 

Es decir, la petrolera estatal para alimentar la vieja refinería de Talara, ha pagado esta millonaria suma a las empresas que han usufructuado los lotes y el crudo que antes era propiedad de PetroPerú. Lo grave es que, con la reprivatización de los lotes del Noroeste, lotes I, VI, VII, Z-2B (ahora Z-69) y el X, seguirá comprando y pagando precios internacionales por el crudo que antes le pertenecía, por los próximos 30 años.

En verdad, si más del 85 % de los costos de ventas están constituidos por las compras internas y externas de petróleo, el tener una producción propia así fuera de 10,000 barriles diarios mejoraba sus ingresos y utilidades. Sirva de ejemplo el lote I que, con una producción de 500 barriles diarios, bajo administración directa de PetroPerú en el 2022 le generó una utilidad neta de casi US $ 7 millones de dólares. Evidentemente con una producción de 10 mil barriles diarios o más y con las reservas probadas, las utilidades generadas financiaban las inversiones de explotación.

En realidad, la rentabilidad del negocio está en la explotación del petróleo y gas, que le están siendo enajenados a la petrolera estatal aprovechando la crisis económica financiera provocada por el retraso en la construcción de la Nueva Refinería de Talara.

Por último, son los trabajadores empleados, supervisores y administrativos, más gerentes los que pagan las consecuencias de esta privatización encubierta. En el 2019 el gasto de personal en su conjunto de cerca de 2,500 trabajadores era de US $ 213 millones de dólares que significaba el 4.77 % del costo total. En el 2023 el gasto laboral total con remuneraciones y beneficios se ha reducido a US $ 148 millones, que representan el 2.97% del costo total. Es decir, el gasto laboral será cada vez menor gracias a la compra de renuncias voluntarias, al trabajo remoto con el personal de Lima y el futuro despido por medio de la suspensión perfecta.

Sin embargo, se responsabiliza a los trabajadores y a las representaciones sindicales de la crisis de la empresa, cuando las decisiones las adoptan los Directorios y la Junta de Accionistas que en la mayoría de los casos han jugado a favor de los intereses privados, salvo contadas excepciones.