El Perú acude a las elecciones generales de 2026 no como una república en reposo, sino como una nación que arrastra, desde hace varios años, una crisis persistente cuya resolución ha sido constantemente postergada. No es este un episodio aislado ni una coyuntura pasajera, sino la manifestación más reciente de una fragilidad estructural que compromete la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La sucesión de gobiernos en los últimos cinco años ha puesto en evidencia la precariedad del sistema político. La caída de Pedro Castillo, en medio de un intento fallido de alterar el orden constitucional, no cerró la crisis, sino que abrió una nueva etapa de incertidumbre bajo el gobierno de Dina Boluarte. A ello siguieron episodios de conflictividad social, con un saldo doloroso que profundizó la distancia entre amplios sectores de la población y las instituciones que debían representarlos.

El Congreso, por su parte, lejos de constituirse en un factor de equilibrio, ha sido percibido con creciente desconfianza. Las reformas constitucionales y electorales aprobadas en este periodo —entre ellas, el retorno a la bicameralidad— han sido presentadas como mecanismos de fortalecimiento institucional. Sin embargo, su implementación en un contexto de baja legitimidad ha impedido que sean reconocidas como parte de un verdadero proceso de reconstrucción democrática. Más bien, han contribuido a consolidar la impresión de que las reglas del sistema pueden ser modificadas sin que ello suponga necesariamente una mejora en la calidad de la representación y por encima de la propia voluntad popular, sin el respeto de la misma.

En paralelo, la vida cotidiana de los ciudadanos se ha visto afectada por un deterioro sostenido de la seguridad. El avance del crimen organizado, la extensión de prácticas como la extorsión y la percepción de un Estado insuficiente para garantizar el orden han configurado un clima de inquietud que trasciende lo estrictamente político y se instala en la experiencia diaria de la población.
Es en este escenario que se desarrolla el proceso electoral de 2026, caracterizado, además, por una notable dispersión de candidaturas. La proliferación de opciones no ha significado necesariamente una mayor deliberación pública, sino, en muchos casos, una fragmentación que dificulta la formación de consensos básicos y la articulación de proyectos nacionales. 

La magnitud de candidaturas en estas elecciones —35 aspirantes a la presidencia— no encuentra fácil paralelo en democracias contemporáneas comparables. Aunque algunos países han atravesado episodios de fragmentación, como Argentina con 18 candidatos, Francia con 16 postulantes, o Haití con más de 50 candidatos inscritos —aunque en un contexto de extrema debilidad institucional—, en ningún caso reciente dentro de sistemas democráticos relativamente estables se observa una dispersión de la magnitud peruana. En el Perú, esta proliferación no parece expresar una saludable pluralidad, sino, más bien, la evidencia de un sistema político incapaz de ordenar la competencia y canalizar las demandas sociales en proyectos coherentes. La abundancia de opciones, lejos de ampliar la representación, corre el riesgo de diluirla, generando un escenario donde las minorías relativas adquieren protagonismo y donde la construcción de mayorías se vuelve cada vez más esquiva.

Los resultados a boca de urna conocidos hasta el momento reflejan con claridad esta realidad. Diversos sondeos sitúan a Keiko Fujimori entre las primeras preferencias, acompañada por figuras como Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez, Jorge Nieto y Ricardo Belmont. Pero más allá de la ubicación relativa de los candidatos, el dato decisivo es otro: ninguno alcanza el porcentaje requerido para imponerse en primera vuelta y mucho menos hay claridad de quien la acompañaría en segunda vuelta. Es en estos momentos donde debemos mantener sensatez, calma y prudencia.

A esta ya compleja situación se suma un hecho particularmente grave: la incapacidad del sistema electoral para garantizar el desarrollo completo de la jornada en todo el territorio. La no instalación de 13 mesas de votación ha obligado a que aproximadamente 63, mil 300 ciudadanos deban ejercer su derecho al sufragio al día siguiente (de la fecha oficial), cuando los resultados a boca de urna ya han sido difundidos.

Este desajuste no es menor. Compromete el principio de igualdad en el ejercicio del voto, expone a esos electores a información que puede influir en su decisión y, sobre todo, erosiona la credibilidad del proceso en su conjunto. En un contexto de alta desconfianza, este tipo de fallas no solo evidencia ineptitud operativa, sino que alimenta discursos que cuestionan la legitimidad del sistema democrático, abriendo espacios peligrosos para narrativas que buscan desestabilizar el orden constitucional, indicando fraude. Hay responsabilidades que se tendrán que asumir.

Este hecho, lejos de ser anecdótico, confirma una constante de la política peruana reciente: la imposibilidad de construir mayorías claras en un contexto de desconfianza generalizada. La segunda vuelta, prevista como mecanismo de definición, no resuelve por sí misma este problema, pues suele trasladar la fragmentación hacia una polarización que, en muchos casos, tampoco logra traducirse en legitimidad sostenida.

Así, el Perú se encuentra, una vez más, ante una elección que no cierra un ciclo, sino que prolonga una interrogante. La democracia persiste en su forma, pero su contenido —la confianza, la representación efectiva, la capacidad de respuesta— continúa siendo objeto de disputa.

El resultado final aún no está definido. Pero lo que ya puede afirmarse es que el país vota en medio de una crisis que no ha sido resuelta, y que el verdadero desafío no radica únicamente en quién gobierne desde el Ejecutivo y el Senado, sino en si será posible, finalmente, reconstruir los vínculos esenciales que hacen viable la vida republicana. Los partidos políticos que conforman las Cámaras, lo evidenciarán.