En el Perú existe desde el 2011, una moratoria al ingreso de semillas transgénicas (ley 29811) para protegernos de impactos negativos en nuestra agrodiversidad. La ley vence el próximo año, y creo conveniente extenderla por una década más (o de manera indefinida).  Al Perú no le conviene definirse como país que produce y exporta alimentos transgénicos porque ponemos en riesgo uno de nuestros mayores activos: la diversidad genética de nuestra agricultura.  Además, importantes países para nuestras agroexportaciones prohíben o restringen el ingreso de alimentos con algún contenido transgénico no declarado, como la mayor parte de países de la Unión Europea (que también tienen moratorias como la nuestra) o Japón.

La ley ha tenido efectos positivos ya que ha permitido instalar una institucionalidad básica para el control y seguimiento de estas semillas, aunque con problemas.  Una nueva versión de la moratoria debe eliminar el sistema de tres entidades paralelas de monitoreo (Minagri, Produce y MINSA), y consolidar todas las funciones de regulación, monitoreo y control en una única autoridad dentro del Ministerio del Ambiente.  Los sectores productivos como Minagri o Produce tienen como una de sus funciones el promover biotecnologías, por lo que generalmente no son buenos garantes frente a peligros de bioseguridad.

Varios cultivos importantes para nuestra agricultura familiar son altamente vulnerables a la posible contaminación por el ingreso de semillas transgénicas, en particular el maíz, algodón, ají, zapallo, tomate y papa.  El caso del maíz, donde el Perú tiene 52 razas nativas, es el más preocupante como pueden dar fe nuestros vecinos de Colombia.  En este país se ha producido una fuerte expansión del maíz transgénico hasta llegar a más de 100 mil hectáreas desde que se aprobó su ingreso en 2006, pero se han detectado eventos de contaminación de variedades nativas o criollas con material genético de plantas transgénicas en diversas partes del país. Y aunque Colombia tiene una institucionalidad pública más fuerte que la del Perú, no ha podido evitar una contaminación que termina afectando a miles de agricultores y campesinos. 

Nuestro país haría bien en seguir protegiendo a su enorme y rica diversidad, fortaleciendo sus instituciones de bioseguridad, impulsando la agricultura diversa, sostenible y saludable de nuestros más de dos millones de agricultores familiares que no quieren producir transgénicos.  Y esto pasa por extender la moratoria, que es lo que más nos conviene.

Eduardo Zegarra.
Investigador principal de GRADE desde 2004. Especialista en políticas agrarias y de desarrollo rural.  Actividades de docencia en la Maestría de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Economía del Agua). Experiencia en gestión pública, 2001 al 2004 fue Director de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, y entre 2006 y 2013 fue comisionado de la Comisión de Dumping y Subsidios de INDECOPI.  Entre 2011 y 2013 fue Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima.