En el país, no se puede legislar a favor de los creyentes discriminando a todos los demás ciudadanos. Con la aprobación de la Ley sobre el Ejercicio de Libertad Religiosa por la Comisión de Constitución del Congreso, se emite una norma para extender algunos privilegios que goza la Iglesia Católica a los demás grupos religiosos, pero deja de lado a los no creyentes.

Se tuvo por unos días la impresión de que la crisis amazónica había sensibilizado al Gobierno acerca del manejo de los reclamos de la sociedad civil. ¿Quedó claro que la explotación de los recursos de la Amazonía debía hacerse de manera que no infrinja los derechos de los grupos indígenas? Lamentablemente, entre otras acciones, el manejo que se le dio durante y después de la crisis a la explotación del Lote 67 de petróleo en Loreto¹ confirma que el aparente cambio de actitud del Gobierno fue sólo flor de un día.

Una lectura rápida de lo que viene pasando en las semanas posteriores al levantamiento de la huelga indígena amazónica y campesina de Andahuaylas, podría hacer pensar que el Presidente Alan García y la derecha peruana se consolidan en un discurso único que combina autocríticas parciales como las del propio García y el Premier Yehude Simon (“debimos consultarles”, “debimos informarles mejor”) con la tan insistente como casi paranoica campaña de denuncias contra una supuesta conspiración internacional de comunistas, sindicalistas, chavistas, moralistas, ecologistas, indigenistas y envidiosos

El descontento frente al gobierno¹ se hace notar en todo el país mediante la protesta nacional andino-amazónica convocada para los días 7, 8 y 9 de julio, por el FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA, fundado el 11 de junio como consecuencia de la represión gubernamental en Bagua. Este frente se encuentra conformado por conocidas organizaciones como AIDESEP, CGTP, CONACAMI, SUTEP, entre otras.

El 30 de junio, el Ministro de Energía y Minas reveló que se viene renegociando los contratos de los lotes 88 y 56 del gas natural de Camisea con miras a evitar un inminente desabastecimiento del mercado nacional. Desde un tiempo atrás, algunos analistas venían advirtiendo que la cantidad de gas destinada a la exportación pondría en peligro la seguridad y sostenibilidad del suministro de energía incluso tan pronto como en los años 2011 y 2012.

Ahora no sólo son las acusaciones del Presidente Alan García y su Ministro de Relaciones Exteriores incluyendo a las ONG en una supuesta conspiración contra el Perú, también la derecha desde el Congreso ha renovado su ofensiva legislativa contra estas instituciones.

En el 2010, debido a los cambios legales introducidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la sociedad en su conjunto, en sus ámbitos regional, provincial y distrital, perderá capacidad de decidir sobre cuáles serían los proyectos que mejor satisfacen sus necesidades. Específicamente se trata de un retroceso contra el presupuesto participativo, la descentralización y la participación ciudadana. ¿En qué consisten estos cambios introducidos?

El día de ayer, el diario El Comercio hizo eco de un discurso de la derecha peruana cuando calificó a las protestas nacionales como una arremetida ultraizquierdista. ¿Se trata acaso de una asonada radical o de la reacción de viejos movimientos? Tanto en Andahuaylas como en Sicuani y en La Oroya, las protestas son organizadas por movimientos sociales ya existentes hace meses sino años.

Hay que tomar con pinzas el anuncio oficial de reducción de la pobreza de 3.1 puntos porcentuales (de 39.3% en el 2007 a 36.2% en el 2008), así como el de reducción de la pobreza extrema de 1.1% (de 13.7% en el 2007 a 12.6% en el 2008). Pues, según la Declaración del Comité Interinstitucional de Medición de la Pobreza, las líneas utilizadas para medir la pobreza para el 2008 “subestiman los estándares de consumo y por consiguiente pueden estar subestimando los niveles de pobreza”.

En las últimas semanas, tanto Otra Mirada como el diario La República han venido sacando importante información acerca de la falta de transparencia, contradicciones y dudas existentes sobre el origen del dinero que financió los costosos estudios de los cuatro hijos de Alberto Fujimori en el extranjero.