El gobierno tiene programado concesionar el Puerto de Paita, el 31 de marzo, mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). De acuerdo a la legislación peruana, las APP consisten en otorgar a un privado un proyecto de infraestructura pública, siempre que este tenga alta rentabilidad social pero insuficiente rentabilidad financiera. Así, el gobierno asume que el puerto de Paita no es “rentable”. Por ello, se obliga a financiar parcialmente al concesionario y asegurarle una rentabilidad “deseada”.
 

El actual gobierno peruano ha emprendido una política evidente ante cualquier movida social: represión. Ésta política gubernamental se ampara en una serie de decretos supremos que el segundo gobierno del Presidente Alan García ha presentado hace poco tiempo, y que conviene revisar con detenimiento. ¿Acaso se puede y/o debe criminalizar la protesta?
 

El Ministro Luis Carranza acaba de anunciar la implementación de la primera etapa del Plan Anticrisis, lo que involucra un monto de cerca de S/. 5 mil millones en obras de infraestructura. Esto constituye una buena noticia, pues según el gobierno, esta medida incrementará el PBI entre 2% a 3% y generará cerca de 215 mil empleos en este año. No obstante, preocupa la deficiente capacidad del Estado para ejecutar el gasto público.
 
Ejecución del presupuesto en inversión respecto al PIA y PIM1

Fuente: MEF.
Elaboración: Otra Mirada
 

Nos hemos enterado que el Señor Carlos Arana, Director Ejecutivo de FONCODES, ha enviado al blog de la Agencia Spacio Libre, una carta de respuesta a nuestro Infodiario N. 10 del día 11 de marzo del 2009. En este número, a pesar de que esta comunicación no ha sido dirigida directamente a nosotros, reproducimos la carta del Señor Arana1 y la respuesta del equipo de Otra Mirada.
Lima 13 de marzo del 2009
Sr

A raíz de la polémica generalizada luego del rechazo del gobierno peruano a la donación del gobierno alemán para construir y mantener un Museo de la Memoria en el Perú, podemos notar que aún hay amnesia en el Perú respecto a los años del conflicto armado interno. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el organismo encargado de las reparaciones a las víctimas de la violencia interna y, lamentablemente, ha tenido muy poco protagonismo en lo que va del gobierno y las irregularidades en su gestión saltan a la vista.

El gobierno ha anunciado que el Perú crecerá 5% en el año 2009. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sustentaron, ante el Congreso de la República, dicho crecimiento. Lo que llama poderosamente la atención es que cada organismo haya presentado cifras desagregadas tan discrepantes para llegar al objetivo.

Si el Perú es uno de los países que menos invierte en gasto social (El Comercio 09/02/09), resulta desalentador comprobar que el uso clientelista de los programas sociales permita que parte importante de su presupuesto se derive en gastos de administración.
Un caso emblemático es FONCODES, institución que a pesar de ver recortado su presupuesto (de más de 500 millones de soles en el 2006 a 244 millones en el 2009), no ha podido controlar sus gastos administrativos.

El domingo de la semana pasada entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Chile y ello ha despertado polémica justificada. ¿Qué acuerdo se ha firmado con el país del sur?

El reciente anuncio de crecimiento del PBI ha generado gran desconcierto. De enero a noviembre el crecimiento económico acumulado era 9.5%. Como en diciembre este se desacelera a 4.9%, se esperaba que el crecimiento anual, obviamente, sea menor a 9.5%. Sin embargo, el gobierno sorprende con una tasa anual de 9.84% ¿Cómo pudo suceder esto? La explicación radica en que en los últimos días el INEI ajustó hacia arriba los niveles de producción, llegándose así a un crecimiento más alto1 (ver gráfico).
Tasas de crecimiento derivadas de los índices de producción: 2008

La crisis viene cobrando un alto número de despidos. El Plan Anticrisis no sólo demoró meses en ser creado, sino que al centrarse en mantener el crecimiento macroeconómico descuida la protección social. En consecuencia, las acciones del Plan, hasta el momento, no han podido evitar que los despidos avancen.