Con motivo de la emboscada y asesinato de 14 miembros de las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), la derecha peruana, el fujimorismo y el gobierno aprista han levantado el cuco senderista afirmando que el problema en el VRAE es Sendero Luminoso (SL). Sin embargo, Rómulo Pizarro, presidente ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), afirma que el real problema son los narcos.

El 8 de abril de este año, un día después de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, la Compañía CPI publicó un sondeo¹ respecto a la apreciación ciudadana sobre la sentencia que acababa de hacerse pública.

Desde hace más de un año, los trabajadores vienen perdiendo parte de su poder adquisitivo. Como puede apreciarse en el primer gráfico, la remuneración mínima vita real ha venido cayendo continuamente debido a las altas tasas de inflación registradas el año pasado. Y el impacto es aun mayor porque esta inflación fue liderada por los precios de los alimentos, por lo que ha afectado la canasta básica de los estratos más pobres.
Caída de la remuneración mínima vital real

Fuente: INEI. Elaboración: Otra Mirada

En los últimos días la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, aprobó una extraña acusación contra el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi. La denuncia implica también al Doctor José Ugaz y resulta sospechoso que esta se apruebe luego de que ambos han denunciado el caso de los Petro-audios.
 

A seis meses de ocurrido el escandaloso caso de los Petro-audios todavía no se analiza el material incautado a la empresa Business Track (BTR). Lo grave de este asunto es que la propia jueza María Martínez Gutiérrez, encargada de la investigación, viene entorpeciendo dichas pesquisas con el respaldo del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
Aquí les presentamos un breve recuento de esta “mecida” judicial:

El gobierno estuvo a punto de aplicar un salvataje a la empresa Doe Run. Afortunadamente, eso no fue necesario, pues se llegó a una solución privada en la que cinco empresas mineras avalaron un crédito por US$ 175 millones para salvar la empresa. Pero, lamentablemente, esta solución económica es publicitada por el gobierno para crear una cortina de humo, y, de esta manera, ocultar su incumplimiento en la fiscalización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) acaba de presentar un documento titulado “En defensa del empleo y la economía popular”. La propuesta contrasta con el Plan Anticrisis del Gobierno y tiene como eje el impulso del mercado interno, señalando que este constituye la mejor vía para enfrentar la crisis en curso. Sin embargo, el mismo informe advierte que, producto de la crisis internacional, la demanda interna se viene desacelerando en los últimos meses, situación que se agrava por la carencia de medidas adecuadas.

Las sospechas en torno al pago de los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex Presidente Alberto Fujimori, no cesan. Los indicios siguen en vitrina y como afirma el ex Presidente del Congreso Henry Pease: “no podemos ver con tranquilidad que quienes manejaron la corrupción más grande de la historia del Perú (…) puedan seguir actuando como si no hubieran hecho nada”1. Aquí van algunos datos interesantes.
 

El Sistema Nacional de Control, como su nombre indica, tiene la función de “controlar”, supervisar, vigilar y verificar actos y resultados de la gestión pública. Sin embargo, este organismo autónomo presenta graves problemas tales como el excesivo formalismo, la prioridad de los detalles y el poco enfrentamiento a la gran corrupción a la hora de ejercer control. Urge pues una reforma de fondo. Sin embargo, la iniciativa gubernamental respecto a la Contraloría General de la República (CGR), no hace sino restarle eficacia, limitando sus funciones y atribuciones.
 

A inicios del presente milenio, las políticas neoliberales aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas redujeron la inversión pública significativamente, ubicándola por debajo del 3% del PBI, una de las tasas más bajas de América Latina. No obstante, en los últimos años, la inversión ejecutada por parte de los gobiernos regionales y locales ha venido creciendo considerablemente. Este dinamismo permitiría que el gasto público alcance estándares aceptables.
 
Variación anual de la inversión pública, por niveles de gobierno