Los días jueves y viernes de la semana pasada el Señor Jaime de Althaus nos atacó en su programa “La hora N” en el Canal N, calificando nuestro infodiario del día jueves 11 “¿Cuánta Amazonía nos queda y qué quieren regalar?” como mentiroso y desinformador. A pesar de que el día viernes 12 en la mañana le enviamos una carta señalando la actitud poco democrática de atacarnos sin que estuviéramos presentes y pudiéramos responder, repitió sus ataques la noche siguiente también en ausencia nuestra. Esta es la libertad de expresión que practica de Althaus y de la cual se cree gran paladín.

La Amazonía peruana viene sufriendo un fuerte proceso de transformación. Los dos últimos gobiernos han otorgado un gran número de concesiones para realizar actividades extractivas. Así, diversos estudios afirman que casi las tres cuartas partes de toda la selva peruana se encuentran concesionadas a lotes petroleros. Como consecuencia, muchas áreas de la selva se vienen deforestando, acabando con la biodiversidad y la reducción de los territorios de los pueblos indígenas.

Lo fundamental del movimiento social desarrollado por los pueblos amazónicos es que representa, por primera vez luego de la dictadura de Fujimori y Montesinos, un desafío al modelo económico neoliberal. Hemos tenido movimientos importantes en estos años, como el del pueblo de Arequipa contra la privatización de las empresas generadoras de energía eléctrica o los múltiples conflictos de las comunidades afectadas por la minería, pero ninguno de la dimensión nacional, la claridad programática y la fuerza organizativa como el desarrollado por las comunidades amazónicas.

Varios siglos de historia nacional parece que hubieran pasado en los últimos días frente a nuestros ojos. La provocación del gobierno aprista que ha desembocado en la matanza del viernes 6 de junio es un episodio más de esta historia terrible. Los 24 policías y un número indeterminado de ciudadanos amazónicos fallecidos, donde hemos visto bestialidad de todas partes, no hace sino recordarnos una exclusión secular del poder de turno que siempre consideró a “los otros”, los pueblos amazónicos en este caso, como ignorantes, incapaces y finalmente sanguinarios.

La crisis de Doe Run Perú (DRP) nuevamente regresa a la escena pública. Esto se da a pesar de que ya hace más de un mes, el gobierno aseguró que se había logrado una solución privada. Pero, tal como denunciamos en nuestro informe del 14/04/2009, lo que realmente estaba haciendo era crear una cortina de humo sobre su irresponsabilidad en la fiscalización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya.

En el Perú existe una grave crisis de representación política. Esto se traduce en que los peruanos, en la mayoría de los casos, no nos sentimos representados por aquellos a quienes elegimos para que sean presidentes, congresistas, alcaldes, etc.

En la última semana, los dos espacios de diálogo promovidos por el gobierno para solucionar la protesta amazónica han fracasado. Primero, cuando el pleno del Congreso de la República cerró filas sobre la discusión de los decretos legislativos ofensivos a los intereses de los pueblos amazónicos. Esto gracias a un premeditado plan aprista para hacer explotar la sesión del miércoles pasado. Así, el APRA ha mecido nuevamente a los pueblos amazónicos.

En el Perú existen 1 831 municipalidades o gobiernos locales, que tienen como uno de sus principales ingresos el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)1. Este fondo es de gran importancia, pues con criterios de pobreza y población, redistribuye parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) en favor de las municipalidades de las zonas más alejadas y deprimidas del país. Para estos municipios, que no tienen capacidad de recaudar recursos propios, el FONCOMUN es su principal recurso.

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó reformas constitucionales entre las cuales se encuentran modificaciones importantes sobre el Banco Central de Reserva (BCR) que han sido reiteradamente recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Estas reformas deberán ser ratificadas en una segunda votación, sin embargo, es importante tener claras estas modificaciones que alteran la designación y rotación del directorio de esta entidad rectora de nuestra política monetaria, tan importante para el país.

Los medios de comunicación no informan al país sobre el Banco del Sur. Esta iniciativa busca financiar proyectos de desarrollo conducentes a la integración sudamericana y al cierre de la brecha de pobreza entre los países, tema que no está en la agenda de las instituciones financieras internacionales (IFI) como el BID, el Banco Mundial y el FMI. El Banco del Sur es impulsado, desde febrero del 2007, por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, quienes han comprometido un capital inicial por US$ 7 000 millones (ver gráfico).