La postergación del debate en el pleno del Congreso sobre la ratificación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, nos da la pauta sobre la falta de voluntad política del oficialismo para solucionar los reclamos de los pueblos amazónicos.
 

Una inicial victoria ha logrado la protesta amazónica con la declaración de inconstitucionalidad del Decreto legislativo 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por la Comisión de Constitución del Congreso. Decimos inicial, porque recién ayer se instaló la Comisión Multisectorial que analizará los problemas de los pueblos amazónicos. Sin embargo, hay que estar alertas, pues como señala el Premier Yehude Simon¹, el gobierno solo plantea revisar estos decretos, más no derogarlos y aún no se levanta el Estado de Emergencia en algunas zonas de la amazonía2 .

Luego de que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, se refiriera a su homólogo peruano, Alan García, como “colega chabacano” los medios de comunicación no han hecho sino eco de dicho intercambio de calificativos. Sin embargo, el tema de fondo ha quedado en un segundo plano, pues respecto del asilo que el gobierno peruano ha brindado a ciertos personajes polémicos bolivianos no hemos escuchado, sino muy poco. ¿A quién asila el Presidente García?
 

La Mesa de Propiedad Intelectual se ha convertido en una de las más polémicas en las negociaciones del TLC con la UE. Ahí ha surgido una desproporcionada propuesta europea de aumentar la vigencia de las patentes de las medicinas y los datos de prueba, ampliándola más allá de lo que establece la legislación peruana y el TLC con EEUU.

El miércoles 29 de abril, Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero, fueron exculpados del cargo de asociación ilícita para delinquir. Si bien todos los exculpados seguirán siendo procesados por otros presuntos delitos1, el cargo de asociación ilícita para delinquir tiene una pena que va entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, la importancia de considerar este delito va más allá de la pena que podría imponerse a estos amigos imputados.

Es claro el asedio político del gobierno aprista hacia quienes les atribuye ser los “enemigos del país”. Recordemos cómo a inicios de 1990, el APRA lideró una terrible campaña para desprestigiar a Mario Vargas Llosa, favorito para ganar las elecciones. Actualmente, el ojo aprista está sobre Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, cuya candidatura “antisistema” se intenta demoler. Esto no es casual, semanas atrás el Presidente Alan García, frente a directivos de la banca latinoamericana, señaló que en el Perú el presidente puede evitar que sea presidente quien él no quiera.

El TLC entre Perú y China se firma en los peores momentos, justo cuando acabamos de pasar a una posición deficitaria con el gigante asiático, y en medio de una crisis internacional donde los productos subsidiados chino1 pueden generar mayores despidos. Según algunos especialistas en 20 o 30 años China está predestinada a ser la próxima potencia mundial.

Hace cuatro semanas, la encuesta realizada por CPI al respecto de la sentencia al ex Presidente Alberto Fujimori desató una polémica en torno a la fidelidad de sus datos1 pues indicó que un 70% de peruanos se encontraba en contra de la sentencia al ex Presidente, incluyendo en esta cifra a quienes preferían más años de prisión para el condenado, a los que hubieran deseado menor cantidad de años, pero lo consideraban culpable, y a quienes lo consideraban inocente.

El costo de mentir que estábamos “blindados”

Los debates sobre si la crisis internacional frenaría a la economía peruana ya han sido resueltos por el tiempo. El crecimiento económico ya se detuvo y la producción nacional está reduciéndose. Las cifras oficiales indican que el PBI de febrero de este año fue 0.19% mayor que febrero del año pasado, es decir, prácticamente nada. Pero si se calcula el PBI como se hacía anteriormente y no con los oscuros métodos del INEI, la cifra incluso sería negativa.

El significado político de una condena