criminalizaciòn de la protesta

Una lectura rápida de lo que viene pasando en las semanas posteriores al levantamiento de la huelga indígena amazónica y campesina de Andahuaylas, podría hacer pensar que el Presidente Alan García y la derecha peruana se consolidan en un discurso único que combina autocríticas parciales como las del propio García y el Premier Yehude Simon (“debimos consultarles”, “debimos informarles mejor”) con la tan insistente como casi paranoica campaña de denuncias contra una supuesta conspiración internacional de comunistas, sindicalistas, chavistas, moralistas, ecologistas, indigenistas y envidiosos

Resumen del informe de Amnistía Internacional

Lo que el país está observando es el estallido social más grande de las dos últimas décadas. Son cerca de dos meses en el que en 18 regiones se han movilizado miles de pobladores de diversa condición social: comuneros, nativos, mineros informales, agricultores, comerciantes, transportistas, protestando contra el gobierno, el Congreso y la clase política en general. Ya se ha producido un saldo doloroso de 60 víctimas y centenares de heridos producto del tenaz enfrentamiento, sin considerar las incontables pérdidas económicas de las empresas grandes y pequeñas en diversas regiones del país.

Luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, para el gobierno se ha hecho costumbre acusar de “terruco” a todo aquel que participa en marchas de protesta. La finalidad es evidente, desacreditar al que no piensa como ellos. Ni siquiera el Poder Judicial y el sistema de justicia han sido ajenos a esta práctica perversa.