conflictos

Como era de suponer, los conflictos sociales se han activado en diversos puntos del país. La demanda por su atención inmediata y el requerimiento de que las más altas autoridades del gobierno se hagan presente en el terreno de los hechos, es decir, en las zonas donde se están produciendo las acciones de protesta, parten del convencimiento de la población, que solo así obtendrán compromisos firmes de que su demanda será resuelta.

En la sabiduría popular hay frases que grafican muy bien cómo buenas intenciones pueden generar efectos contrarios a lo que se buscaba. Se dice: “el remedio resultó peor que la enfermedad” cuando lo que supuestamente iba a sanar al enfermo terminó generando daños mucho peores. De eso mismo se trata cuando gobernantes o autoridades pretenden, con buena intención, impedir por la ley o por la fuerza, se realicen actividades de extracción y procesamiento del oro en las cabeceras de cuencas o en sitios ecológicamente frágiles.

Lo que el país está observando es el estallido social más grande de las dos últimas décadas. Son cerca de dos meses en el que en 18 regiones se han movilizado miles de pobladores de diversa condición social: comuneros, nativos, mineros informales, agricultores, comerciantes, transportistas, protestando contra el gobierno, el Congreso y la clase política en general. Ya se ha producido un saldo doloroso de 60 víctimas y centenares de heridos producto del tenaz enfrentamiento, sin considerar las incontables pérdidas económicas de las empresas grandes y pequeñas en diversas regiones del país.