A puertas de conmemorarse un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Otra Mirada consideramos necesario realizar un balance sobre las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres de nuestro país.

A puertas de conmemorarse un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Otra Mirada consideramos necesario realizar un balance sobre las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres de nuestro país. De saque, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra la mujer siguen siendo la piedra de toque del sector. Las respuestas del gobierno brillan por su ausencia o son más bien declarativas.

Basta con mencionar quién ha sido la ministra en los últimos tiempos. Ana Jara, la más fiel escudera de Nadine Heredia, quien no ha mostrado un interés por convertir el sector en una entidad promotora de los derechos de las mujeres. Por el contrario, su primera medida fue modificar el nombre del ministerio uniéndolo a la frase “y poblaciones vulnerables”, como si la agenda de la mujer peruana fuera solo un asunto de personas en abandono. Recordemos también su postura contra la píldora del día siguiente, calificándola casi de abortiva, por lo que fue duramente criticada. Ana Jara acaba de salir del ministerio de la mujer sin pena ni gloria y sus medidas cosméticas no han tenido mayor impacto en la situación de las mujeres.

Las cifras muestran un preocupante panorama de género en el país. En 2013, el Perú retrocedió en el ranking mundial de igualdad de género bajando del lugar 73 al 80 en un total de 135 países, formando parte de la minoría de países africanos y muy pocos latinoamericanos que retroceden en esta materia. Por otra parte, las cifras de feminicidio son sólo superadas por República Dominicana. Entre 2009 y 2013, 420 mujeres han sido asesinadas y la cifra en lugar de disminuir, aumenta. La situación es igual de mala respecto a los derechos sexuales y reproductivos. En el país, un promedio del 13% de adolescentes entre 15 y 19 años está embarazadas o ya son madres, una cifra que se ha mantenido casi sin variación durante los últimos 12 años.

¿Existe alguna iniciativa legal que reconozca al ministerio de la mujer como el ente rector en la lucha contra la violencia de género? ¿Por qué no se impulsa la promulgación del reglamento del aborto terapéutico, que lleva varios años despenalizado pero que no se aplica sin el debido estatuto? ¿Existe alguna iniciativa de parte del ministerio de la mujer para devolverle al Estado su rol de responsable de la educación sexual y reproductiva de los jóvenes mayores de 14 años? ¿Existe alguna iniciativa para defender a las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas sufridas durante la década de 1990? ¿Participa el ministerio de la mujer en alguna iniciativa para que a igual trabajo las remuneraciones de mujeres y hombres sean las mismas?

Estas son las tareas urgentes que deberá impulsar la flamante nueva ministra de la mujer, Carmen Omonte, si quiere desmarcarse del legado dejado por su antecesora. Por un lado, tendrá que plantear una política pública real sobre los derechos sexuales y reproductivos, es decir, abrir un debate serio y sin anteojeras religiosas de ningún tipo. En el caso de la violencia de género, resultan insuficientes las acciones meramente declarativas, el ministerio de la mujer debe actuar en la prevención de la violencia, en la formación de ciudadanas que denuncien y que sean artífices de las soluciones de los problemas que sufren al interior de la familia, escuela y comunidad. Esperamos que la nueva Ministra esté a la altura de las circunstancias.