Una nueva paralización de los profesionales de la salud pasó casi desapercibida para el pulpo mediático actual.

Una nueva paralización de los profesionales de la salud pasó casi desapercibida para el pulpo mediático actual. Esta vez la protesta duró 48 horas (20 y 21 de febrero) y se realizó en respuesta a una serie de medidas que se vienen concretando con este gobierno, a pesar de que las promesas iniciales eran otras.

Algunas cifras retratan el olvido en el que se encuentra el sector salud. Por ejemplo, el gasto de bolsillo financia más del 50% del gasto de salud, lo que incluye a las personas que tienen seguro de salud. Es decir, pasar de 40% de población afiliada a algún tipo de seguro a casi 70%, en cuatro años, no ha significado efectiva protección financiera frente a las enfermedades. Esto no debería sorprendernos dado que el Perú es uno de los países de la región que menos gasta en salud por persona. 

El reciente comunicado presentado por diversas organizaciones sociales, el gremio médico y la federación de trabajadores de salud marca una agenda para este sensible sector, colocando por delante la defensa del derecho a la salud de los peruanos. Se inicia afirmando la urgente necesidad de resolver la fragmentación del actual sistema de salud que le otorga a cada usuario un paquete de atención según su nivel socioeconómico. En lo público, por ejemplo, el sistema cuenta con EsSalud, el Seguro Integral de Salud (SIS-MINSA), los seguros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Se propone, entonces, iniciar un mismo plan de protección integral que vaya hacia un sistema nacional de salud pública para todos los usuarios con el financiamiento necesario, los plazos para lograrlo y el acceso por condición de ciudadanía.

En segundo lugar, se establece la necesidad de incrementar el financiamiento público para la salud pasando del 1.9% (el más bajo de la región) al promedio latinoamericano de 4% del PBI. Ello va de la mano con una reorientación del sistema hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Un tercer aspecto es la revalorización, reorientación y regulación de la relación del sector público con el sector privado en salud, en beneficio de los usuarios, a fin de evitar que la salud se transforme en una mercancía por parte del sector privado. En ese sentido, el Estado debe garantizar el buen trato hacia los usuarios de los servicios de salud públicos y privados, procurando el acceso a medicamentos necesarios para restablecer la salud, políticas de regulación de precios y real acceso a genéricos.

Un cuarto punto insiste en que se debe asegurar las adecuadas condiciones de trabajo para los médicos y trabajadores de la salud, para lo cual se deberá re-evaluar las modalidades de contrataciones recientemente aprobadas, que contradicen la Ley de Trabajo Médico. Esa misma línea se insta al gobierno a procurar salarios dignos y justos que permitan a los médicos y trabajadores de la salud desarrollar su potencial de forma idónea.

Por último, y no menos importante, el comunicado insta a elaborar un PROYECTO SALUD para el Perú, el cual deberá ser consensuado con diversos actores sociales y gremiales y autoridades. Este es el reto a seguir, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando por una salud de calidad?