Es indicativo que ciertos sectores asuman que al amparo de los DL emitidos por el Poder Ejecutivo para el sector salud, se esté impulsando la participación privada en la gestión, operación y servicios en los hospitales del país.

El editorial de El Comercio del sábado 14 y las columnas de Mirco Lauer y Augusto Álvarez Rodrich del miércoles 18 de diciembre de 2013, son un emblema de la desinformación y del poco entendimiento de lo que está en juego.

Lo primero que hay que señalar es que ninguno de los 23 DL emitidos impulsa o da un marco jurídico para la participación privada vía APP o concesiones en la gestión, operación y servicios; repito, ninguno. Entonces ¿a qué se debe que empresarios, medios y otros agentes interesados levanten una falsedad? y ¿qué pasa con la Ministra de Salud y sus funcionarios que son incapaces de aclarar el asunto?

Sucede que a pesar de que uno de los aspectos clave del desarrollo del sistema de salud en el país es la discusión y adecuada regulación de la relación público privada, este tema simplemente ha sido dejado de lado por el MINSA en los DL; pero este ministerio ágilmente se ha lanzado en una campaña que oferta los hospitales públicos de Lima vía APP para inversionistas sobre todo externos y promueve la concesión de hospitales en regiones a cambio de impuestos.

En un acto de temeridad política los funcionarios del MINSA sostienen algo inaceptable: que no es necesario discutir ni normar la relación público privada en salud porque “el país cuenta con un adecuado marco jurídico de APP que ha permitido construir puentes y puertos” (declaraciones de Cecilia Ma en RPP). Frente a esta desubicación no queda otra que recordarles a los que conducen el MINSA (cuando ellos deberían ser los que lo hagan) que una cosa es el cemento y los fierros, y otra distinta en todo sentido el brindar atenciones a las necesidades de salud de la población.

La experiencia de APP en salud en el Perú al amparo de la legislación de Pro Inversión ha sido desastrosa. Los casos emblemáticos son las APP de los hospitales de Villa María y El Callao de ESSALUD en los cuales se ha entregado toda la gestión médica y operativa a una empresa española (sin obligación de brindar todas las atenciones del seguro regular y con otras condiciones laborales para los profesionales) con rangos de rentabilidad que ESSALUD no trasparenta y que estarían alrededor del 25%, lo significará pagar a la empresa más de 4000 millones de dólares en los siguientes 25 años (en España las APP en salud tienen techos de rentabilidad de 8% con la obligación de reinvertir en el sistema si superan ese monto).

Justamente sobre la base de esa experiencia es que se requiere tener condiciones claras en esta relación. Si el MINSA a pesar de conocer esta realidad la obvia y oferta nuestros hospitales públicos para que el capital privado coloque 7500 millones de soles (que obviamente se multiplicarán para recuperar la inversión y generar ganancias), se observa que el discurso de fortalecer lo público no refleja una real voluntad; y si se tiene en cuenta la forma en que esta oferta de hospitales se ha producido convocando a Road Show en un hotel (como si se tratara de venta de autos), el despropósito se completa.

En resumen: No contamos con una normatividad idónea para pretender incrustar tales volúmenes de capital privado al sistema; no se conocen las condiciones económicas y comerciales de las APP y las concesiones de hospitales y su relación con el ejercicio del derecho; no se determina de dónde se pagara a las empresas privadas sus utilidades; no queda claro qué servicios o áreas se pretenden entregar en gestión, operación, mantenimiento y servicios. En suma, estamos frente a una ligereza que de avanzar tendrá complejas consecuencias sobre el sistema de salud del país.

La cereza: no se ha cuenta con ninguna evidencia que demuestre que la participación privada en el sistema público de salud sea efectiva para avanzar hacia el ejercicio del derecho. Al contrario vienen apareciendo informes y estudios que demuestran lo contrario: que la introducción de capital privado en el sistema público de salud lo hace menos eficiente porque introduce una lógica distinta a la obligación de resolver las necesidades en salud. Una buena dosis de ubicaína es lo que el MINSA requiere para entender que un grupo de funcionarios no pueden hacer lo que les pase por la cabeza con nuestro sistema de salud.