Este año, casi la mitad de las plantaciones de café están siendo afectadas por la enfermedad de la roya en la Selva Central. Miles de agricultores en emergencia. Es el resultado de la mantención de políticas agrarias improvisadas y de corto plazo.

La “roya amarilla” del cafeto (Hemileia vastatrix) es un hongo que específicamente ataca algunas variedades del café (Tipica, Caturra, Pache, Bourbon, entre otras), que lamentablemente son las que tienen mejor rendimiento y “calidad de taza”, y gracias a su mezcla se tiene certificación de origen. Junto a esas variedades hay otras más resistentes como: Catimor, Catuai, Gran Colombia, Castilla, aunque son consideradas de menor calidad.          

¿Se pudo prevenir la plaga? Para los productores locales el hongo convive con los cafetos hace mucho tiempo es una enfermedad cíclica y ya “le tocaba”. Pero se “activó” severamente como efecto del cambio climático.  Es decir, pudo preverse con un mejor manejo de fincas, cultivo en sombra, podas, limpias, abonamiento, fumigación  preventiva. “Una planta robusta y bien cuidada, no se enferma” es el mensaje de los productores. Sin embargo, una vez más se optó por no actuar a tiempo y ahora vemos los perversos efectos.

Además de no poder cosechar los granos de las variedades afectadas, sólo se recolectó a medias de las variedades resistentes dado que, debido a la enfermedad la zona fue declarada en emergencia, los bancos cerraron créditos y los cosechadores no llegaron. Al no contarse con mano de obra para la campaña se perdió la oportunidad de aprovechar una parte importante de la cosecha.  Y encima no cesó de llover fuera de temporada. Como dijo un agricultor afectado: “año de mierda”.

Si ya en sí misma la producción agropecuaria está sujeta a diversas contingencias, la crisis de la roya muestra una vez más cuán lejos están las autoridades políticas de actuar al servicio de la gente. Además de la improvisación, mal endémico nacional, las acciones del gobierno se limitaron a algunos aportes económicos y de asistencia técnica que no llegaron a satisfacer las urgencias de la mayoría de agricultores.

Nuevamente se tuvo que esperar que la población reclame, se movilice y bloquee la carretera central para que las autoridades reaccionen y negocien (qué contradictorio) con la gente a la cual debieran servir como gobierno. “La huelga permitió que el Perú se diera cuenta que el caficultor existe y no está protegido, aun cuando tienen a su cargo del primer producto agrícola de exportación”, es el mensaje de un caficultor.

Con mucha publicidad y en medio de muchos decretos, el gobierno aprobó dos líneas de crédito (pagaderos en seis años con tres de gracia y 10% de interés anual), una para comprar las deudas de los agricultores y la segunda para la renovación de cafetos. Las reacciones ya se viene dando: monto insuficiente, aun no se ejecuta el crédito, incluye únicamente las deudas a financieras formales (la realidad crediticia rural es muy informal), la garantía exigida excluye a muchos agricultores, y no se prevé los efectos de los tres años de espera hasta la maduración de las nuevos cafetos instalados. Una vez más, el gobierno recurre a paliativos que frenen las movilizaciones y justas demandas de los productores, sin solucionar los problemas estructurales que afectan a los -mayormente pequeños- productores rurales del país.

La propuesta de la creación del Consejo Regional del Café de la Selva Central,  integrado por organizaciones y gremios representativos, debiera ser una prioridad. El Consejo requiere autonomía para la interlocución con las instituciones públicas competentes y capacidad para brindar apoyo técnico, científico, informativo, etc., a los productores, incluyendo propuestas que revisen la tradicional dependencia del precio del café respecto a la bolsa internacional de valores. Y que contribuya a fortalecer la capacidad organizativa y empresarial de los cafetaleros desde las bases, capaz de concertar con los diversos productores (incluyendo comunidades indígenas), creando identidad con el producto que comercializan y reconociendo al café como recurso emblemático para el desarrollo territorial (además de cultivo amigable con la naturaleza, programas educativos apropiados regionalmente, entre otros).

Así como a los gobernantes les preocupa garantizar las inversiones de grandes empresas extractivas porque generan determinado beneficio al país, con mayor razón debieran interesarse en crear condiciones para que las actividades agropecuarias se realicen con menores riesgos productivos y precios justos a sus productos. Más aún si, comparativamente, por ser una actividad extensiva de mano de obra y poco intensiva de capital, contribuye más a la generación de empleos e ingresos, y al desarrollo local.