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Las familias se han convertido, para ciertos sectores, en responsables de lo que por obligación le toca al Estado. El pedido de Monseñor Cipriani a que sean las familias las que se enfrenten al poderío económico de la propaganda de la comida chatarra no es el único caso, también lo es la educación sexual y el acceso de los y las adolescentes mayores de 14 años a los servicios de salud sexual y reproductiva, asunto que viene siendo discutido en el Art. 27 del Proyecto del Código del Niño, Niña y Adolescente.

Según su opinión, compartido por los “neoliberales dicotómicos” (fanáticamente liberales para la economía y a su vez, fanáticamente conservadores para la sexualidad) son los padres (sin mencionar a las madres), los que deben proveer la educación sexual y son también los que obligatoriamente deberán acompañar a sus hijos/as cuando soliciten atención de salud sexual y reproductiva, incluyendo orientación y apoyo para prevenir el  embarazo o el VIH.

El problema no está solo en que ningún adolescente querrá ir con sus padres/madres a un establecimiento de salud y decidir conjuntamente si tiene o no relaciones sexuales y como cuidarse. Tampoco lo quieren los padres y madres, que demandan como principal prioridad que sean las escuelas las brinden educación sexual (IX Encuesta Nacional de Educación 2010 Universidad de Lima) y que estos reciban la atención en los servicios de salud para atender sus necesidades, incluyendo la entrega de métodos anticonceptivos, tal como lo señala el 85% de encuestadas/as  en 4 ciudades del País (Ipsos-Apoyo, 2011).

Pero más allá del desfase entre el despropósito del proyecto y la demanda de los padres/madres e hijos, ¿cuán realista es esta propuesta?. Los chicos y chicas no ven en sus padres y madres personas en quién confiar sobre asuntos de sexualidad y ello no solo tiene que ver con las distancias intergeneracionales, sino también con la necesidad de su propia reafirmación y los padres/madres quieren que sean los y las especialistas que cumplan con esta tarea.

Mientras que estos debates ocurren y la sinrazón propone superar al sentido común, el futuro de nuestros chicos/as avanza a la deriva, debido a los riesgos que enfrentan y los datos así lo confirman. El embarazo sigue siendo la primera causa de la deserción escolar en mujeres, el 20% de escolares admite que ha tenido relaciones sexuales y el 47% lo tuvo antes de los 14 años y más de la mitad jamás ha usado métodos anticonceptivos  (Encuesta Global de Salud Escolar, INEI, 2011).

Encerrar la educación sexual en el hogar y obligar a los adolescentes acudir con sus padres a los servicios de salud, no le hace bien a nadie, sólo beneficia al dogmatismo, el cual debería estar ajeno a las leyes. Ojalá que en esta oportunidad el Congreso no se deje sorprender tal como ocurrió en el 2006 cuando penalizó las relaciones sexuales voluntarias en personas menores de 18 años.