La descentralización es la única de las reformas prometidas por la transición democrática que sigue viva, aunque está prácticamente paralizada por la falta de interés que el gobierno del Presidente Alan García ha puesto en ella. De hecho, pese a que en los primeros meses de la actual gestión se anunció que se aceleraría el proceso para culminar a fines del 2007 la transferencia de competencias y pese a que en esos mismos meses se publicitó el llamado “shock descentralista”, la verdad es que el proceso se encuentra estancado.
El proceso de transferencia de competencias y recursos a gobiernos locales y regionales nació con serias falencias y, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema, “Hacia una descentralización al servicio de las personas” (marzo 2009) estas se mantienen a la fecha. Destacamos tres de estas falencias que confirman la ausencia de voluntad política para implementar una descentralización sustantiva que realmente empodere a los gobiernos regionales y locales como pilotos del desarrollo.
Primero, el sistema de certificación y acreditación de gobiernos regionales para asumir funciones sigue siendo inadecuado. Antes, se reclamaba que los requerimientos eran demasiado rígidos. Para agilizar el proceso ahora se permite transferencias a gobiernos que no cumplen con requisitos mínimos (casi 40% de los casos), esperándose que reciban la capacitación necesaria después. Sin embargo, no hay estrategias de capacitación y asistencia técnica focalizadas a las necesidades de cada gobierno.
Segundo, no existe aún un sistema de seguimiento y evaluación de cómo los gobiernos regionales asumen y ejecutan sus nuevas competencias. Nuevamente, esto pone en grave riesgo el objetivo de que los gobiernos subnacionales presten servicios de igual o mayor calidad a lo ofrecido por las instancias centrales.
Finalmente, es necesaria una adecuada transferencia de recursos (financieros y otros) asociados a las funciones asumidas; los ministerios son responsables de identificar necesidades y asegurar que se reciban estos recursos.  Sin embargo, la transferencia de recursos desde el nivel nacional “es uno de los puntos más críticos o débiles del proceso de descentralización”². Los sectores encuentran justificaciones para no transferir recursos o, de lo contrario, se transfiere únicamente lo antes asignado a nivel central sin tener en cuenta las distintas necesidades a escala regional.
Para lograr una reforma sustantiva, se debe garantizar la capacidad de gestión y los suficientes recursos para ejercer las nuevas competencias eficazmente. Sin embargo, implementar una verdadera descentralización del Estado genera fuertes resistencias porque implica que muchos en el gobierno central pierden poder de decisión y el control sobre valiosos recursos. Por ello, se requiere de voluntad política desde el nivel más alto para asegurar que la reforma no sea un simple saludo a la bandera sino un mecanismo de empoderamiento e inclusión. ¿Nos dirá algo al respecto el Presidente García en su mensaje presidencial de Fiestas Patrias?

¹ Esta nota es la primera de una serie que OtraMirada estará publicando en las próximas semanas acerca de diversos aspectos del proceso de descentralización.
² Informe Defensorial Nº 141: “Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales”, p. 71