* Ex-ministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de Salud

Hay silencios que revelan más que muchos discursos. Y eso fue lo que dejó el debate presidencial sobre salud organizado por el Colegio Médico del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia los días 10 y 11 de marzo. Mientras una institución profesional decidió abrir un espacio para discutir uno de los problemas más urgentes del país, buena parte de la clase política respondió con desinterés, improvisación o simple ausencia.

Empecemos por lo justo. El Colegio Médico del Perú merece reconocimiento. Su iniciativa intentó cubrir un vacío tan grave como irresponsable en la agenda del debate presidencial impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones - JNE: la salud no ha ocupado la centralidad que exige un país marcado por la desigualdad, la precariedad institucional y el sufrimiento evitable. Y no estamos hablando de un asunto sectorial, ni de una preocupación corporativa. Estamos hablando del derecho humano a la salud y, por tanto, de una responsabilidad indelegable del Estado.

Porque de eso se trata cuando hablamos de salud pública. Del derecho a recibir atención oportuna y de calidad. Del derecho a acceder a medicamentos. Del derecho a no esperar hasta que una dolencia se convierta en tragedia. Del derecho a no empobrecerse por buscar tratamiento. Del derecho, en suma, a que el lugar donde se nace, el nivel de ingreso o el tipo de seguro no definan quién vive mejor y quién muere antes.

Por eso resulta tan elocuente la escasa disposición de muchas candidaturas a participar seriamente en este debate. La ausencia no fue solo física. Fue también política y programática. Lo que quedó expuesto es que, para una porción importante de quienes aspiran a gobernar el país, la salud sigue sin estar entre sus prioridades reales. La frase del decano Pedro Riega durante la clausura lo resumió con precisión: los candidatos respondieron con su presencia y también con su ausencia. En política, ausentarse también es hablar. Y esta vez el mensaje fue claro y desmoralizador.

No debería sorprender del todo. El Perú arrastra desde hace años una práctica tan conocida como perversa: invocar la salud en el discurso y abandonarla en la decisión. Aplaudir al personal sanitario en la crisis, pero postergar la reforma en la normalidad. Repetir la palabra “cobertura” mientras se vacía de contenido el derecho efectivo. Mucha retórica. Poco Estado.

Y esa omisión tiene consecuencias concretas. En el Perú, la desigualdad también enferma. La enfermedad no golpea a todos por igual. Castiga más a quienes tienen menos ingresos, menos educación, menos redes, menos información y menos capacidad de defenderse frente a un sistema fragmentado y débil. Golpea más a quien vive lejos, a quien depende de un establecimiento sin personal suficiente, a quien espera meses por una cita o una cirugía, a quien tiene que comprar de su bolsillo lo que el sistema no entrega. Eso no es una fatalidad natural. Son inequidades injustas, evitables y políticamente toleradas.

Por eso también decepcionó la pobreza de muchas propuestas. En varios momentos, el debate pareció más una prueba oral de conocimientos técnicos que una verdadera interpelación política a quienes quieren conducir el Estado. Y allí aparece una lección de fondo. Un debate presidencial sobre salud no debería concentrarse únicamente en cuánto tecnicismo puede exhibir una candidatura. Debería permitirnos saber algo bastante más importante: qué visión de sistema tiene, qué papel asigna al Estado, cómo piensa cerrar brechas territoriales y sociales, cómo fortalecerá el primer nivel de atención, cómo enfrentará la fragmentación y cómo protegerá financieramente a las familias frente a la enfermedad.

Dicho de otro modo: no se trata solo de escuchar respuestas correctas. Se trata de identificar voluntades políticas. ¿Qué tipo de sistema de salud quieren construir quienes aspiran a gobernar? ¿Uno que garantice derechos o uno que administre carencias? ¿Uno que ordene el sistema en función del bien común o uno que siga dejando que la desigualdad decida quién accede y quién espera?

De esta experiencia quedan, al menos, tres lecciones. 

La primera es que la salud debe formar parte del debate presidencial principal y no seguir confinada a un evento paralelo, como si fuera asunto de especialistas y no de ciudadanía. La segunda es que el debate sanitario no puede quedar restringido a la comunidad médica. Debe incorporar también a otras profesiones de salud, a quienes investigan, gestionan y comunican, pero también a quienes padecen diariamente el sistema: pacientes, familias, cuidadoras y cuidadores. Si la salud es un derecho, su deliberación también debe ser plural y democrática. La tercera lección es que necesitamos menos tecnocracia despegada de la realidad y más definición política: menos respuestas para jurado y más compromisos verificables con equidad, dignidad y responsabilidad estatal.

Al César lo que es del César: el Colegio Médico del Perú hizo lo correcto. La política, en cambio, quedó expuesta. Y conviene decirlo sin rodeos: cuando la salud no importa en campaña, después no pidan paciencia en el gobierno.

Porque un país que expulsa la salud del centro del debate no solo posterga una reforma sanitaria. Normaliza desigualdades injustas que enferman, empobrecen y matan. Y eso, además de ineficiente, es éticamente inaceptable.

La salud no puede seguir siendo la gran ausente del debate nacional. Sin derecho a la salud, la ciudadanía queda incompleta. Y sin un Estado que la garantice con equidad y dignidad, la democracia también enferma.