La postergación del debate en el pleno del Congreso sobre la ratificación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, nos da la pauta sobre la falta de voluntad política del oficialismo para solucionar los reclamos de los pueblos amazónicos.
 
El gobierno quiere jugar al cansancio y al desprestigio mediático igual que lo hizo el año pasado para ver si esta vez tiene más suerte y logra aislar la lucha de la amazonía y golpear al movimiento de manera tal que no pueda levantar cabeza en el mediano plazo. Ya lo hizo con relativo éxito al principio de su gobierno con otros gremios como el magisterial que hasta ahora no muestran signos de recuperación.

El eje del discurso gubernamental es que los indígenas no saben lo que quieren, que plantean la derogatoria de todos los decretos legislativos que les atañen y que no tienen alternativa ninguna. A cambio de esta supuesta intemperancia el gobierno plantea la discusión “uno por uno” de los decretos para hacer los “ajustes” que sean convenientes, lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo ya se comprometieron a realizar desde octubre del año pasado sin que hasta ahora pase nada.
 
Se quiere ocultar de esta manera que el desacuerdo de los pueblos amazónicos es con la concepción que preside el conjunto de los decretos, hechos por lo demás a exigencia del TLC con Estados Unidos, que lo que buscan es entregar la explotación de la selva a manos privadas sin tomar en cuenta los derechos ancestrales, constitucionalmente defendidos, de los nativos de la selva.

En este sentido los propios nativos han señalado que no están en desacuerdo con la explotación de los recursos de la selva por capital privado. Sin embargo, creen que esta debe hacerse respetándolos a ellos y al medio ambiente en que se desarrollan y no bajo la metodología de tierra arrasada como plantea el gobierno a través de los decretos comentados. Es más, ponen el ejemplo de los países limítrofes, con los que compartimos el bosque amazónico, en ninguno de los cuales la concesión a privados para explotar recursos naturales tiene la intensidad que en el Perú. Lo que procede entonces es la derogatoria del conjunto de decretos por no haber sido consultados y su discusión luego en una mesa de diálogo para que se obtengan normas que respeten los derechos de los pueblos amazónicos.

La actitud del gobierno y en especial del Presidente Alan García, no parece ser la de pactar, tanto por razones ideológicas, recordemos los ejemplos de “El perro del hortelano” que se referían varios de ellos a la selva, como por los grandes intereses de inversión, sin responsabilidad alguna, petrolera, gasífera y forestal que hay en juego. El resultado de esta dureza gubernamental en lo inmediato podría traer una violencia de imprevisibles consecuencias en la amazonía y si el oficialismo finalmente se impone, la destrucción de nuestra porción de bosque tropical consecuencias nefastas para la vida y el medio ambiente de todos los peruanos.