La historia negra de la minera Cerro Verde

La historia la hacen los hombres de “carne y hueso” todos los días, y la base es la producción y reproducción de la base material: la producción de bienes y servicios, que es cada vez más social, globalizada, pero donde los beneficios son cada vez más privados; concentrados en una minoría, en una élite privilegiada como dirían los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, premiados con el Nobel de Economía en el 2024, por su contribución a la ciencia económica, su relación con la política y la historia. 

La tesis central en el libro de los economistas “¿Por qué Fracasan los Países?”, de casi 600 páginas, explica que las sociedades con instituciones políticas y económicas extractivistas están destinadas al atraso, pobreza, al subdesarrollo como se decía en la década de los setenta del siglo pasado. ¡El Perú es una expresión palmaria del extractivismo!
Una característica de las “sociedades extractivistas” es el pobre o nulo respeto a los derechos laborales, la regulación salarial, la imposición de pactos colectivos de largo plazo en una coyuntura de precios altos del cobre, oro y plata; promover los despidos arbitrarios, enajenar la participación de los trabajadores en las utilidades entre otros. Por ello, el 70 % de los trabajadores en la minería formal son de contrata, el 30% tienen estabilidad laboral; la situación se agrava en la minería informal e ilegal de oro.

En tal sentido, pocos saben quién es el señor Arturo Luque Andrade, eficiente trabajador de la Minera Cerro Verde (Arequipa) desde el 2007, que lo despiden injustificadamente por aceptar la Secretaría General de la Federación Macroregional de Mineros del Sur, y sobre todo por denunciar durante la pandemia del 2020 las penosas condiciones de trabajo en relación a la salud, higiene y seguridad laboral de acuerdo a las normas legales.

Está todavía fresca en la memoria el accidente fatal en la Minera Antamina que tiene como accionistas a empresas de talla mundial que participarán en el Perumín 37º un evento a escala mundial, donde estarán empresas accionistas como BHP, Glencore, Teck, Mitsubishi; así el 24 de abril del 2025 un volquete de 300 toneladas aplastó la camioneta del gerente senior de operaciones, Ing. Edwin Colque Calisaya, a la luz del día. Por ello se podría decir que se despide al secretario general de la Macroregión Sur por exigir las mayores garantías en la seguridad en el trabajo, pero sobre todo por ser el representante de un sindicato que defiende los intereses de los trabajadores contra los abusos empresariales de la Minera Cerro Verde.

Es tal el poder económico y político de esta empresa minera que tiene como accionistas a la transnacional gringa Freeport McMoran con el 55.08 % de participación, a la transnacional japonesa Sumitomo Metals con el 21 % de las acciones, a la empresa minera peruana/chilena Cía. De Minas Buenaventura con el 19.58% de participación y el restante del accionariado 4.54 % corresponde a los inversionistas de la Bolsa de Valores de Lima.

Por ello, no resulta una casualidad histórica que la Sra. Julia Torreblanca Marmanillo, experta lobista de estirpe arequipeña, haya sido Vicepresidenta de Asuntos Corporativos desde el 2012 de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, y actualmente sea la presidenta de la “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” desde enero del 2025; esta es la más importante institución de los capitales y empresas mineras formales, que desde 1992 gozan de una serie de beneficios y granjerías tributarias, gracias a la dictadura de Fujimori/ Montesinos.

Un poco de historia

Se debe tener presente que la unidad minera de Cerro Verde desde la época del general Velasco Alvarado en los años setenta del siglo pasado hasta 1993 fue parte de la Actividad Económica Empresarial del Estado. Concretamente formaba parte de la empresa estatal Minero Perú. Con importantes inversiones realizadas por el Estado y reservas probadas fue privatizada a “precio remate”

Así, el 10 de noviembre de 1993 el 100% de las acciones del capital social fue adjudicada a la empresa norteamericana Cyprus Minerals Company la cual efectuó una propuesta económica de US$ 37 millones sobre un precio base de US$ 30 millones, con un compromiso de inversión de US$ 485.3 millones cuando la inversión base era de US$ 60 millones.
Los montos mencionados reflejan claramente la esencia de la privatización en el sector minero donde el Estado durante el gobierno del presidente Fujimori transfirió empresas rentables, ricos yacimientos a precios de ganga, con el agravante que pasado el tiempo Cyprus Minerals fue absorbida por Phelps Dogde Corp. en 1999, que a su vez fue absorbida en su mayoría accionaria por Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica en el 2007.

En todas estas transferencias accionarias el Estado no recibió un dólar pues formaron parte de las transacciones, de compra/venta en un mercado globalizado en el marco de la globalización y la especulación financiera.

Si bien es verdad que la producción bajo la administración estatal no superaba las 80 mil toneladas de cobre anuales, y hoy produce mil 449 toneladas de cobre en su equivalente en fino (2024) y 9,146 toneladas de molibdeno que mayormente se exportan a la República Popular China, Japón, España, USA entre los principales destinos.

En verdad, las crecientes inversiones se explican en lo fundamental en los variados beneficios tributarios contenidos en los contratos de estabilidad jurídica y tributaria que fue firmado en 1996, en especial la depreciación acelerada con el “arrastre de pérdidas”, devolución del IGV cuando Freeport McMoran exporta a su matriz, gastos deducibles contra la utilidad imponible por las inversiones de exploración, factor agotamiento y una serie de gastos deducibles para determinar la utilidad imponible real, que es la base del 8 % de la participación de los trabajadores en las utilidades, y el impuesto a la renta.

Pero en especial goza como pocas empresas mineras el “beneficio de reinversión” que reconocía deducir hasta el 80% del abono del impuesto a la renta por concepto de reinversión siempre y cuando se amplié la capacidad de producción en más del 10 %. En verdad, Minera Cerro Verde ha incrementado su producción de 90 mil toneladas anuales, a 300 mil toneladas y ahora produce por encima de las 440 mil toneladas anuales gracias a un marco tributario sumamente permisivo que se justificaba en los años noventa del siglo pasado con deprimidos precios del cobre, pero que no tienen razón de ser en la presente coyuntura donde los precios del cobre superan los US $ 4.38 dólares la libra, ¡estos son precios extraordinarios con ganancias extraordinarias!

En verdad, durante el corruto gobierno de la pareja presidencial Humala/Heredia entre “gallos y medianoche”, sin mayor estudio ni visión de Estado, en julio del 2012 se amplió por 15 años adicionales el cuestionado contrato de estabilidad tributaria y jurídica, que hasta el propio Banco Mundial recomendaba no ampliar por constituir escudos tributarios, que disminuyen la recaudación fiscal, el canon minero y las regalías para la región Arequipa.

Así, citando su propia Memoria donde se suscribe: “La Sociedad cuenta con un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión, al amparo de la Ley General de Minería, mediante el cual se le garantiza, entre otros, el régimen tributario vigente al 6 de mayo de 1996. Este contrato tiene una vigencia de 15 años a partir de enero de 1999(….)

Adicionalmente, con fecha 17 de julio de 2012 se suscribió un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión por un plazo de 15 años, contados a partir del ejercicio en el que se acredite la inversión realizada, o la fecha en que se opte por adelantar los efectos del contrato durante el periodo de inversión” Memoria de la Soc. Minera Cerro Verde pág. 7

En verdad, se debe corregir y penalizar los abusos laborales de parte de la empresa, con un Estado protector, con un rol tuitivo, en especial los despidos arbitrarios a una empresa de capitales transnacionales que está obteniendo tasas de rentabilidad extraordinarias que no perciben en USA ni Chile; e incrementar la participación del Estado en la riqueza obtenida para superar el modelo extractivista en la explotación de nuestros recursos naturales.