La inhabilitación de 10 años impuesta a Víctor Zamora, ex ministro de Salud, por el Congreso de la República es un hecho que va mucho más allá de su caso particular. Se trata de un patrón preocupante en el que se busca inhabilitar a funcionarios y funcionarias que han demostrado capacidad técnica, probidad y compromiso con el país. No es solo Zamora; la lista incluye al expresidente Francisco Sagasti, al ex primer ministro Salvador del Solar y a la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez, entre otros.

En todos estos casos, los cargos han sido desmentidos hasta la saciedad. A todos se les responsabiliza de delitos que no existían, de hechos que no estaban bajo su control. Sin embargo, para este Congreso y en especial para sus juzgadores, la verdad es lo que menos importa, si se trata de destruir. El caso de Zamora es particularmente absurdo: se le acusa de compras que realizó su antecesora, quien, para su buena suerte, ni siquiera ha sido mencionada.

No crean, estimados lectores, que se trata de desinformación o de falta de comprensión, especialmente por parte de sus acusadores, algunos de los cuales han pasado por el Ministerio de Salud o fungen de investigadores y cuyos desempeños durante la pandemia, por decir lo menos, son bastante cuestionables, tal como lo han dado a conocer diversos medios de comunicación.

Así que, para este Congreso, conocer la verdad no está precisamente en sus objetivos, y la justicia es lo que menos le interesa, pues lo que buscan es neutralizar a cualquiera que pueda ser su posible contrincante político. Su verdadero objetivo es perennizarse en el Congreso, y para ello han hecho lo necesario: aprobar su propia reelección.

Sin embargo, el problema no solo la sanción, pues como van las cosas, ser sancionado por este Congreso, más que un castigo, termina siendo una honra. Lo que si nos debe preocupar es el mensaje nefasto que esto deja; que ser un buen funcionario o funcionaria no vale la pena y que actuar con rectitud, transparencia y buena fe, puede costarle a cualquiera su futuro profesional y la reputación.

La función pública, lejos de ser un honor, es un enorme riesgo. ¿Qué persona preparada, íntegra y con conocimientos estaría dispuesta a aceptar un cargo público después de ver estos casos de maltratos, hostigamiento persistente y acusaciones falsas? Sin duda, nadie querrá asumir responsabilidades en el servicio público si el costo es la difamación y la proscripción política, reforzando aún más la mediocridad, la corrupción y el oportunismo.

Por esta razón, un grupo de ciudadanos y ciudadanas integrantes de la Plataforma por el Derecho a la Salud, que agrupa a reconocidos salubristas y de la que honro ser parte, y el Colectivo Roncagliolo, nos reunimos, junto a casi medio centenar de personas para rendir homenaje y hacer un desagravio a Víctor Zamora. En algo coincidimos todos: ya no se trata solo de Víctor Zamora, sino de exigir que el Congreso deje de estar capturado por grupos de interés tal como ocurre hoy en día. Necesitamos con urgencia el retorno de la justicia, la legalidad y el respeto a la verdad, valores que a este Congreso parecen importarle muy poco.