En octubre de 1968 tenía dieciséis años y era cadete del Colegio Militar Leoncio Prado de la XXIV Promoción, institución creada durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, con el objetivo central de fomentar en la juventud los valores de “Disciplina, Moralidad y Trabajo”. Allí nos enteramos del Golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, que con un grupo de coroneles había planificado un asalto al poder ante la descomposición política, crisis, corrupción galopante del gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry que enfrentado al poder oligárquico representado por la alianza del APRA y el partido del general Odría, que tenía la mayoría de representantes en las cámaras de Diputados y Senadores, hacía insostenible la gobernabilidad del país.

El Golpe Militar del general de división Velasco Alvarado fue luego institucional plegándose la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Fue también bien organizado que los servicios de inteligencia de los USA fueron sorprendidos, pues en primera instancia pensaron que sería un golpe militar tradicional más, uno de los tantos que se han manifestado en América Latina, muchos de ellos instigados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sin embargo, la sorpresa fue total cuando en las primeras horas del 9 de octubre de 1968, mediante un operativo militar dirigido por el Contralmirante Zimic Vidal se tomó las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC), una filial de la Standard Oil, una de las 7 Hermanas, que explotaba los campos petroleros de Talara y administraba la refinería de Talara. 

Fue la primera medida del denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente duró hasta agosto de 1975, cuando el general Velasco Alvarado un hombre enfermo, y limitado fue traicionado por el general Remigio Morales Bermúdez, estableciendo una contra revolución militar, un cambio de rumbo político y económico, en medio de una crisis de acumulación del capital,  que terminó en una convocatoria a una Asamblea Constituyente, en un proceso electoral que se plasmó en la Constitución Política de 1979, un acuerdo político donde participaron diversos partidos como el APRA, PPC, y las divididas fuerzas de la izquierda sobre todo del FOCEP, donde se impuso el liderazgo de Genaro Ledesma Izquieta en pugna con el dirigente campesino de orientación troskista Hugo Blanco Galdós.

Próximos a un 9 de octubre que fue denominado en esa época “Día de la Dignidad Nacional” por el Gobierno Militar en razón de la recuperación del petróleo, para los peruanos fue la primera medida progresista, que tenía un amplio consenso político, era una reivindicación nacional.

En la lucha por la recuperación del petróleo explotado indebidamente por la IPC durante más de 53 años (1915/1968), participaron diversos sectores políticos desde progresistas, socialistas, apristas de base, comunistas, liberales, demócratas cristianos y hasta curas revolucionarios. Incluso los editoriales del diario El Comercio bajo la dirección de don Luis Miró Quesada de la Guerra, en los años cincuenta del siglo pasado sostenían la tesis del “petróleo para los peruanos”.

Desde las aulas sanmarquinas el historiador Jorge Basadre escribió un transcendental artículo en la Revista Amauta N.º 9 en 1927, que dirigía José Carlos Mariátegui, que resume tempranamente la afrenta que significaba para el país la presencia abusiva de la IPC explotando los campos petroleros de Talara. Éste se titula “Mientras Ellos se Extienden” el mismo que adquiere una gran actualidad para entender la expansión y dominación del capital imperialista norteamericano a inicios del siglo XX en América Central y del Sur, en plena competencia con los capitales ingleses.

En resumen, escribía Basadre que “Casi toda la industria minera está en poder de los yankees. Significativa es, a ese respecto, la reciente historia de petróleo. La “International Petroleum Co.”  en 1916, tuvo con el gobierno del Perú la ruidosa disputa de Brea y Pariñas porque el Cuerpo de Ingenieros de Minas había hecho la mensura de las pertenencias de la Brea en 1915 probando que la “London and Pacific Petroleum” abarcaba no un área de 10 pertenencias, número por el que pagaba la contribución minera anual de Lp 30 (Libras peruanas), sino 41,614 pertenencias por las que debía abonar Lp 124,842 (Libras peruanas) anuales, además de los devengados…”

Es más, agregaba Basadre que a una mayor producción de petróleo se incrementaban las utilidades empresariales gracias a los mínimos salarios pagados y la ridícula participación fiscal. Así, escribía: “Es decir, que mientras más aumenta la producción, mientras más ganancias obtienen las compañías, favorecidas por la ley de producción del petróleo, el trabajador recibe jornales más insignificantes. Las ganancias de las compañías petrolíferas son así, incalculables…”

En el siglo XXI

Como profesor de historia económica del Perú en la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, en la línea abierta por César Ugarte, Emilio Romero, Erasmo Roca, Virgilio Roel, Luciano Castillo, María Cabredo de Castillo pero sobre todo por mi maestro boliviano Ñuflo Chávez Ortiz, puedo decir que un programa Nacionalista Revolucionario que se plantee la expropiación y nacionalización de las empresas transnacionales sobre todo de la minería, petróleo y gas natural, sería contrario al interés público.

En materia de hidrocarburos somos un país deficitario en la producción de petróleo. La producción diaria de crudo no supera los 40 mil barriles diarios frente a un consumo promedio de 260 mil barriles por día, con el agravante que la inversión privada en exploración de riesgo ha resultado un fracaso, si se estima por la cantidad de pozos exploratorios.

Esta es la pesada herencia del fujimorismo que privatizó por partes a la empresa petrolera estatal Petroperú, en especial los lotes de las operaciones Noroeste (Talara) y Selva lote 8.

En cifras crudas entre 1990 al 2023 hemos realizado exportaciones de petróleo pesado, petróleos residuales, gas natural del lote 56 tratado en Pampa Melchorita y exportado por la Shell, y nafta de la Planta de Fraccionamiento de Pisco bajo responsabilidad de Pluspetrol Corporation, por un valor de US $ 68,971 millones de dólares.

Por el contrario, en el mismo período 1990 al 2023 hemos efectuado importaciones de hidrocarburos por un valor de US $ 111,248 millones de dólares. Estas importaciones de petróleo crudo para ser refinado internamente, de diésel 2, gasolinas, y desde el 2015 cada vez más compramos afuera GLP, gas licuado de petróleo de amplio consumo en las familias que no tienen acceso al gas natural de Camisea que sobre todo favorece a Lima y Callao.

Esta creciente dependencia de los hidrocarburos importados, cuyos precios finales los asume los sufridos consumidores y empresas, a pesar del “Fondo de Estabilización de Combustibles” vigente desde el 2004 al 2023 ha significado un subsidio a las empresas importadoras por más de US $ 4,000 millones de dólares, como Repsol, Pluspetrol, Exxon/Mobil, Valero, Solgás, Zeta Gas por mencionar a las principales, demuestra nuestra vulnerabilidad y dependencia externa de los hidrocarburos importados de Ecuador, Colombia y de USA especialmente.

Por tanto, una propuesta de nacionalizar a las empresas petroleras resultaría un contrasentido. Por el contrario, debemos estimular con responsabilidad social y ambiental la inversión privada de riesgo pues en la Selva Nororiental es posible llegar a una producción de 120 mil barriles diarios, si se aprovechase las reservas probadas, probables, posibles de los lotes 192, 8, 95, 39, 64 entre otros.

Pareciera deseable nacionalizar los lotes de Camisea, sobre todo el lote 88 que abona una tasa de regalía de 37.24 % al Estado y cuyo contrato vence en el 2040. Un nacionalismo trasnochado propio del siglo pasado seguramente lo recomendaría, pero el “remedio sería peor que la enfermedad” El lote 88, es el único que tiene precio regulado entiéndase barato y que está ligado al mercado interno, que debe renegociarse con las empresas que conforman el Consorcio Camisea, tales como Pluspetrol que tiene la mayoría accionaria, Hunt Oil, SK de Corea del Sur, Repsol, Sonatrach de Argelia entre otras, pues desde el 2004 al 2023 se han consumido más de 3.2 trillones de pies cúbicos de gas natural, y lo que se requiere desde el punto de vista nacional y técnico es la reposición de las reservas de gas natural consumidas.

Aprendamos las lecciones de la experiencia de Evo Morales en Bolivia que nacionalizó en el 2006 las reservas de gas natural y petróleo, haciendo de la empresa estatal YPFB responsable de la distribución y exportación sobre todo del gas natural hacia el Brasil y Argentina. Hoy ante la falta de inversiones privadas de riesgo se “han comido las reservas de gas”, y no tienen suficiente gas natural para la exportación ni para su consumo interno. Es más, cada vez importa crecientes volúmenes de gasolinas, diésel y GLP subsidiando los precios lo que alimenta el creciente déficit fiscal del país altiplánico.

En resumen, más que expropiar o nacionalizar la explotación de los hidrocarburos bajo responsabilidad de capitales privados, cuyos contratos están blindados jurídicamente no solamente por la Constitución fujimorista de 1993, sino también por una serie de tratados internacionales firmados, de protección a la inversión extranjera, prácticamente nos convertiría en un país nada recomendable en la atracción de la inversión transnacional y privada que la economía peruana demanda.

Negociar y Renegociar los contratos de hidrocarburos, mineros y gasíferos sería lo recomendable, en los mejores términos al interés público sobre todo pensando en mayores ingresos fiscales, en el efecto multiplicador de la inversión y el crecimiento del PBI; de lo contrario estamos condenando a los jóvenes profesionales y técnicos del Perú, a un mayor subempleo y pobreza de la población en su conjunto.