El próximo 13 de junio se elegirán a tres nuevos representantes al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designados por los colegios de abogados y los demás colegios profesionales del país, es decir, a tres de los cinco representantes de la sociedad civil ante el CNM.

Recordemos que esta institución tiene una de las tareas más importante respecto del sistema de justicia, pues se encarga de seleccionar, evaluar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales de todas las instancias judiciales. Asimismo, se encarga elegir a los jefes de la ONPE y del RENIEC. Por estas importantes razones se debe procurar su autonomía.
Sin embargo, resulta preocupante que, durante el proceso de inscripción de los candidatos y a dos meses de la elección, se presenten nuevas trabas que ponen en peligro la participación democrática de los profesionales colegiados que elegían a sus representantes a través del voto universal (ver infodiario Nº 124). Veamos con mayor atención de que se trata este asunto. 
En primer lugar, según el artículo 8º del reglamento para esta elección, los candidatos propuestos debieron inscribirse con la “adhesión de no menos del 5% de los miembros activos de su respectivo Colegio Profesional, tanto para el caso de los Colegios de Abogados, así como para los otros Colegios Profesionales, y en ningún caso con menos de cien (100) adherentes…”. De esta manera, los colegios profesionales no han podido presentar a sus candidatos en igualdad de oportunidades, pues, como se observa en la Resolución Jefatural Nº 044-2010-J/ONPE, claramente se ha excluido al Colegio de Profesores del Perú, ya que, en su caso, contar con ese 5% significaba conseguir 24,206 firmas. 
En segundo lugar, desde el Congreso, una “movida” intenta desconocer este proceso iniciado en enero pasado. Según la nueva Ley 29521, que modifica, entre otros aspectos, la forma de elegir a los representantes de los colegios profesionales exceptuando los de los colegios de abogados, los agremiados hábiles de cada colegio deberán elegir a un delegado-candidato, quien participará en una asamblea de delegados, la cual elegirá a los dos consejeros que integrarán el CNM. Como se observa, este cambio en la ley podría traerse abajo este proceso, ¿quiénes están interesados que así suceda? Además, ¿por qué esta modificación no incluye también al Colegio de Abogados? ¿Es acaso una ley con nombre propio?
Actualmente, la vinculación de jueces y fiscales en casos de corrupción es preocupante. Sin embargo, esta situación no debiera llevarnos a promover y aceptar normas que aumentan las suspicacias sobre quién o quiénes están interesados en poner trabas a esta elección. Si se quiere modificar la elección del CNM, se debería discutir los nuevos caminos para hacerlo sin que ello afecte procesos en marcha. 
Desde Otra Mirada criticamos estas medidas sacadas debajo de la manga y nos pronunciamos a favor de que este proceso sea respetado por los fueros competentes.