El Primer Juzgado Constitucional de Lima ha anunciado públicamente el 18 de junio, que ha acogido una demanda cautelar de la Defensoría del Pueblo y ha suspendido el sorteo para llenar con reclutas forzosos las plazas del Servicio Militar que debía realizarse el pasado 19 de junio, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La cuestión de fondo es bien clara y descarada. Según la nueva norma legal que se pretende imponer, 12,500 jóvenes peruanos serán sorteados para llenar de manera obligatoria las plazas del servicio militar que voluntariamente no ha querido llenar ningún joven peruano. Otros 25.000 más serán suplentes de primer y segundo lugar, si el elegido inicialmente no puede hacerlo por ser discapacitado, tener hijos o cursar estudios universitarios (si son secundarios o de institutos tecnológicos, sólo se les ofrece la promesa de facilidades para continuarlos durante el servicio militar, ¿una primera discriminación?). Quienes no tengan estos impedimentos pero no deseen hacerlo, podrán librarse pagando una multa de 1,850 nuevos soles, cerca de 685 dólares americanos, más de dos salarios mínimos mensuales.

La Defensoría del Pueblo demandó judicialmente esta medida, señalando lo que es más que obvio: que es discriminatoria y que viola derechos constitucionales fundamentales a la igualdad ante la ley. El Tribunal ha acogido la demanda cautelar y suspendido el sorteo de mañana pero continúa revisando si la multa constituye o no una discriminación.     

El Presidente de la República, Ollanta Humala, ha lamentado públicamente el fallo del tribunal. Sin ninguna lógica, ha señalado  que la controvertida norma está hecha para favorecer a los pobres y no dar privilegios a los ricos. ¿Cuántos hijos de miembros de la CONFIEP, o de ejecutivos de Yanacocha o de Telefónica, que salieran sorteados, cree el presidente que harían este Servicio Militar Obligatorio, con su norma? ¿Y cuántos de los pobres que no pueden pagar la multa se verían forzados a hacerlo?

La respuesta queda clara en las declaraciones públicas del coronel Enrique Gargurevich, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, quien afirmó que “el servicio militar es como un premio... los padres pasarán de tener un hijo que no hace nada a otro maduro y capacitado, con disciplina y valores” (Ver aquí).  

Es decir, para nuestras autoridades, en el Perú actual, ser joven y pobre, vivir en un país que no les da oportunidades de desarrollarse, y que no les permite contar con más de dos salarios mínimos para pagar el precio de ser ciudadano de "primera categoría", se castiga con el raro “premio” de forzarlos a un servicio militar que decenas de miles de jóvenes no quieren.

Ya hace algunos años el ex presidente Alan García señaló que los indígenas amazónicos eran "ciudadanos de segunda categoría". Siguiendo el mismo modelo, así lo pretenden decretar las actuales autoridades para millones de jóvenes peruanos.

¿Es este tipo de país, con ciudadanos de primera y segunda categoría, al que los jóvenes deberíamos querer defender?