En la Amazonía hay muerte. Muerte y tráfico ilegal. Muerte y silencio. Muerte e inacción de la autoridad. Muerte por la ausencia del Estado.

Según actualidadambiental.pe, en el Perú, han sido asesinados “33 líderes indígenas, en la última década, siendo la región Ucayali la más peligrosa de la Amazonía”. A esa cifra hay que agregarle el nombre de Mariano Isacama, último líder indígena de la etnia Kakataibo, asesinado en Ucayali.

Desde 2021, existe en el país, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos (MIPDH) y “está constituido por los principios que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades” . Esto incluye a los defensores ambientales principalmente de la Amazonía.

Este instrumento, está integrado por 9 entidades: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a la cabeza de este se encuentra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MUNJUS).

Es necesario señalar que, el gran ausente en este Mecanismos es precisamente la población originaria, en observancia de la Política Nacional para la transversalización del Enfoque Intercultural, aprobado por D. S. Nro. 003-2015-MC .

Hay dos tareas principales que tiene este Mecanismo: la prevención, protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, para propiciar un entorno adecuado para la realización de sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos  y la aprobación de los Lineamientos para la Implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a las Personas Defensoras de DDHH. A cargo de su formulación está el Ministerio del Interior (MININTER). Su avance es, cero. 

Según información proporcionada por las propias instituciones integrantes del Mecanismo, se puede colegir que, durante el año pasado y lo que va de este, el Mecanismo que debería estar a la cabeza de la protección de las vidas de los apus y líderes indígenas, se ha cruzado de brazos. 

Sin embargo, anotaremos algunos avances que ha tenido: la creación del Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos que, básicamente es una base de datos con los nombres de las personas que están sufriendo amenazas a sus vidas por razón de sus actividades de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza; algunas reuniones regionales multisectoriales y algunas acciones de seguridad a la vida de algunos líderes amenazados. 

Sin embargo, el trámite que debe cumplir una persona cuya vida está siendo amenazada por razón de sus actividades de defensa de los DDHH y la naturaleza, es imposible de cumplirse: el líder amenazado tiene que demostrar que efectivamente su vida corre peligro. Si se trata de personas que viven en zonas sin internet, sin comunicación por vías terrestre, etc., sin presencia policial ni fiscal en sus territorios, es realmente dejar en el desamparo a los ciudadanos que se están enfrentado cara a cara con la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y todas las actividades delictivas conexas.

Es importante resaltar aquí, el último Informe del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional, elaborado por la Contraloría General de la República, que pone en el top 10 de Entidades del Gobierno Nacional al Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

La presencia de organizaciones criminales transnacionales, es una realidad en la Amazonía, la ausencia del Estado en estos territorios es el mejor aliciente para estas, que avasallan y desaparecen a quienes se interponen en su camino.

Mientras no se ataque al problema que se encuentra en la raíz de esta situación, cualquier esfuerzo será inútil y seguirán muriendo apus y líderes originarios o huyendo los pueblos que han vivido y protegido la Amazonía desde tiempos inmemoriales. 

El discurso político y económico, de reducir el Estado a su mínima expresión, no contaba con que el terreno que él no ocuparía, sería ocupado por la economía ilegal y que iba a buscar imponerse a sangre y fuego.

Hay 31 inscripciones electorales reconocidas por el JNE y hay unas 15 más que están tras su inscripción, ya hay anuncios que estas economías delictivas transnacionales, pretenderían participar mucho más directamente en la administración del Estado. Lo de la Amazonía es alarmante y no olvidemos lo que ocurre en Pataz, en plena costa peruana. Es momento de generar un cambio, de protección de si no queremos vernos en el espejo de países vecinos que están conviviendo con una delincuencia empoderada al más alto nivel.
La Amazonía nos llama. Es obligatorio no ponerse de costado.
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*Especialista en conflictividad social, abogada y periodista.
Nota: El presente artículo ha tomado algunos apuntes del Informe 2023 sobre el Mecanismo Intersectorial. Documento elaborado por Isabel Coral, Ersa Gamarra y la autora del artículo.