La Constitución de 1979 consagró el fin de la censura en el Perú. Eso significó, entre otras cosas, el cierre definitivo de la Junta de Supervigilancia de Películas, que no era otra cosa que una oficina oficial dedicada a censurar en parte o por completo las obras cinematográficas cuyas imágenes y contenidos pudieran afectar “la moral y las buenas costumbres”, así como “evitar que se comprometa la defensa nacional, las buenas relaciones del Perú con otros países y/o la seguridad interna” (Ley de la Junta de Supervigilancia de Películas de 1974).

Quien diría que 45 años después retrocedemos a la etapa previa con un Congreso oscurantista que, con la premura del sicario en moto, aprobó el proyecto de ley de cine dictaminado en la Comisión de Economía (y sin haber pasado por la de Cultura) que parece calcado de tiempos de la premodernidad censora, impidiendo que puedan recibir estímulos del Estado aquellos proyectos “que atenten contra el estado de derecho, así como aquellos que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”.

Para dorar la píldora, a última hora los congresistas cambiaron la idea original de algunos fujimoristas de consultar, vía designación del Ministerio de Cultura, a los sectores “tutelares” sobre los contenidos de los proyectos, para endilgarle la responsabilidad censora a la Dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios (DAFO) del Ministerio. Olvidan o desconocen que se trata de un organismo de línea, cuya función es organizar las convocatorias y procesos de los estímulos económicos, al que se agregará ahora una ingrata tarea resolutiva. Se supone que el Estado no debe intervenir en la decisión de los proyectos beneficiados, para lo cual se convocan a jurados externos, lo que ahora estará en contradicción con esta cláusula, salvo que se quiera que sean ellos -los jurados- los que ejerzan este encargo envenenado.

¿Cuáles son los supuestos “principios reconocidos en la Constitución”? Como es tan arbitrario y difuso esa categoría, cualquier fundamentalista religioso que vea películas como la puneña “Yana Wara” que plantea un aborto luego de una violación, “Mapacho” y la historia de un transexual en Pucallpa, o “La chucha perdida de los Incas”; entre tantas otras, definitivamente las vetará, en algunos casos desde el título. Para no hablar de las cintas que abordan el conflicto armado interno, que, de no repetir la palabra terrorista y mostrarlo como psicópatas cada 5 minutos, será descartada, además de acusada de apología.

En otro intento demagógico de congraciarse con un sector de cineastas, aunque nadie les ha expresado ni el saludo, los parlamentarios optaron a la hora nona por reducir el 50% previo de capital que exigían para acceder a los estímulos del Ministerio, a 30%. ¿Cuál es la explicación del cambio, el dato técnico? Ninguno, así como tampoco la había en la propuesta inicial de Tudela, solo las ganas de afectar al cine peruano en su conjunto, y terminar con el débil intento de emparejar la cancha para la producción y democratizar el acceso al cine, elitizándolo solo para quienes puedan acceder a capitales o influencias.

Se ha dicho que el origen de esta Ley, más allá del odio cerril a todo lo de Vizcarra, fue la visita de un productor de Bollywood a la presidenta y luego al Congreso, en los días siguientes a la filmación de “Transformers” en el Cusco. El lobby indio podría explicar la preocupación por sacar la Film Commission (y la tajada de la misma), dejando de lado a la Comisión que había organizado el Ejecutivo con los gremios de cine para el mismo fin. Pero nada de eso, ni el añadido sobre el crédito fiscal, tienen que ver ni justificar lo del porcentaje para acceder a los estímulos, ni mucho menos la censura. Pudo haberse impulsado una ley paralela para ese fin, tal como hizo Colombia en los tiempos del gobierno de Santos, y donde coexisten con mucho éxito la ley de cine nacional, con la de promoción a la filmación extranjera en su país. Aquí, en cambio, se buscó desvestir a una precaria ley de estímulos para malvestir intereses particulares y menudos, además de censores.

El mamarrachiento proyecto fue aprobado por esa infamia congresal el martes 11 de junio, día del anticine, como ha quedado registrado. Porque ni siquiera saben redactar sus disparates, pese a que cuentan con decenas de asesores con sueldos envidiables. Por ejemplo, todas las barbaridades antes descritas están incluidas en el artículo 13 que se enuncia de los estímulos regionales, pese a que Tudela dice que a ella sí le preocupan los de “provincia” y por eso les ha aumentado la asignación del presupuesto al 40% (¡cuánta sensibilidad!). ¿Eso quiere decir que solo a ellos les toca la censura y el 30%? Porque cualquier abogado podría argumentar que, como se encuentra redactada la norma, así lo parece. ¿Qué dirán al respecto todos los congresistas regionales que apoyaron con su voto el centralismo? ¿Les quedará cara para volver a sus tierras?

Hay, por supuesto, muchos otros temas que el proyecto ignoró olímpicamente, como lo de la Cinemateca, pese a que había una propuesta alternativa frente a lo que figuraba en el Decreto de Urgencia, o sobre la Cuota de Pantalla, de la que no se quiere hablar. Es que no les interesaba el cine peruano, solo para destruirlo.

Finalmente, la ministra de Cultura ha dicho que va a observar la ley, aunque después quiso matizar un poco su expresión. Por un mínimo de dignidad lo debería hacer, para empezar porque es una vergüenza en fondo y forma, y porque deja a su sector como un estropajo. Queda la duda de que Boluarte la apoye, porque ya sabemos que a ella solo le preocupa su continuidad, y esa depende de los congresistas. En todo caso, esto solo abona a la indignidad nacional, y que mañana o más tarde que se ponga fin a esta época de oprobio y sin dignidad, se recuerde y señale a quienes fueron sus responsables, peores que los mayores villanos de la pantalla.

Publicado en Mano Alzada