El gobierno de Perú impone censura previa y multas onerosas para acallar a medios independientes y defensores de derechos humanos.

Con una sola ley, el gobierno de Perú lanzó un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro que defienden derechos y reciben fondos internacionales.

La ley 32.301, aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 15 de abril, hace imposible que personas o comunidades que son víctimas por acción u omisión del Estado busquen justicia si la asistencia legal es financiada por fundaciones extranjeras o por asociaciones civiles peruanas que reciben tales fondos.

La ley también establece la censura previa, prohibida por la Constitución, porque requiere que todo medio que cuente con financiación del exterior obtenga aprobación del gobierno antes de realizar su trabajo.

La norma amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), creada en 2002, para que autorice o no las actividades de organizaciones civiles y medios independientes que reciben financiación internacional.

“Es una manera de censurar al periodismo”, dijo a openDemocracy la periodista Milagros Salazar, fundadora y directora del medio de investigación Convoca.

“Si recibes un solo dólar, te tienes que registrar ante la APCI”, dijo Salazar. Así se someten “a control político esos proyectos que están relacionados con vigilancia pública, como las investigaciones periodísticas, porque tienes que presentar un plan que debe ser aprobado previamente por la APCI y solo si se aprueba, puedes ejecutar los fondos”.

Esto afecta a todos los medios registrados como asociaciones civiles sin fines de lucro que reciben fondos del exterior, incluso de fundaciones privadas. Clara Elvira Ospina, periodista y fundadora de Epicentro TV explicó: “En el ecosistema peruano, los medios digitales independientes han encontrado en las organizaciones internacionales una fuente de financiación porque la vía de la pauta comercial en general no llega”.

La presidenta Boluarte dijo en el acto de promulgación: «Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema».

El trabajo que realizan los medios independientes es insustituible. Convoca, por ejemplo, lideró el año pasado una investigación transfronteriza que reveló que la mitad del oro exportado por Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela en la última década fue maquillado con mecanismos de lavado que abarcan joyerías de lujo y empresas tecnológicas, omisión de las autoridades, destrucción de ecosistemas y daños a las poblaciones locales e indígenas. Este reportaje, para el que colaboraron siete medios de cinco países, obtuvo el Premio Rey de España en Periodismo.

Revelar delitos similares, escándalos de corrupción o destrucción del ambiente ya no serán posible con la ley 32.301, porque la prensa tradicional no realiza esas investigaciones y los medios independientes reciben alguna forma de ayuda de la cooperación internacional.

“Tendríamos que informar sobre qué vamos a investigar, cómo vamos a investigar, con qué organizaciones aliadas vamos a investigar”, detalló Salazar. “Toda esa información tiene que ser incluida en el plan que se presenta a la APCI, [pero] podría poner en riesgo a nuestras fuentes y podría filtrarse desde la APCI a grupos de poder que no quieren que investiguemos”.

Tampoco se podrá usar fondos internacionales para reclamar por vía administrativa o judicial el acceso a información pública, herramienta habitual del periodismo. “Y los periodistas, cada vez más acosados con demandas por difamación o calumnia, no podrán recibir ayuda para su defensa judicial”, dijo Ospina.

Blindaje a la impunidad

Toda la sociedad peruana se verá afectada por una prohibición efectiva al escrutinio sobre los actos de gobierno: pero el peso de la ley caerá especialmente sobre comunidades y personas que carecen de recursos para reclamar justicia.

“La ley señala como infracción grave toda actividad que desarrolla una ONG en materia de defensa legal en aspectos judiciales, penales, de tipo administrativo u otros con dinero de cooperación internacional”, dijo a openDemocracy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), Tania Pariona.

Según Pariona, destacada activista indígena, el impacto ya se siente. “Las organizaciones deben dejar de hacer defensa legal, renunciar a ser abogados de las víctimas”.

La CNDDHH agrupa a 78 organizaciones, algunas a cargo de casos emblemáticos, como masacres y esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90, delitos ambientales, violencia de género y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, entre muchos otros.

Algunos grupos han optado por cesar la defensa legal para evitar las multas de hasta 500 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a unos 700.000 dólares – fuera del alcance de las organizaciones civiles, según todas las fuentes que hablaron con openDemocracy.

“El monto supera cualquier tipo de sanción monetaria en nuestro país, incluso por delito de lavado de activos”, que tiene un tope de 100 UIT, dijo Pariona.

“También hemos sentido la preocupación de los familiares”, agregó. “Nos han llamado para saber si vamos a seguir llevando sus casos”.

Las tres hijas de la peruana Celia Ramos Durand llevan 28 años esperando justicia por la muerte de su madre, esterilizada sin su consentimiento en 1997. El 22 de mayo tendrán una audiencia clave ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Se estima que unas 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados en Perú como parte de una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para bajar la natalidad de familias pobres de zonas rurales. Hasta diciembre, más de 8.000 personas denunciaron sus casos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – pero no han conseguido ni justicia ni reparación.

Las hijas de Celia Ramos no habrían llegado a la Corte IDH sin el grupo feminista DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), apoyado por dos organizaciones regionales de defensa legal, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Con la ley 32.301 ya vigente, la Corte IDH pidió el 2 de mayo al gobierno peruano que garantice la participación de DEMUS en la audiencia y que no tome represalias contra la organización. Aplicar la ley, advirtió la Corte, “supondría no solo una forma de represalia prohibida por el artículo 53 del reglamento de la Corte, sino que, además podría llegar a afectar el derecho a la defensa de las presuntas víctimas de este caso”.

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