Menudo trabajo le espera a la Comisión de Integridad frente a la avalancha de situaciones que afectan la lucha contra la delincuencia, como la liberación de miembros de bandas delincuenciales por parte de magistrados cuestionados. Frente al escándalo ha tenido que intervenir el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, para anunciar la separación del juez Orozco Huayanay.

Pero esa decisión no es la única afecta el sistema de justicia y genera la sensación de corrupción e impunidad. También está el nombramiento de personajes cuestionados en el directorio del Banco Central de Reserva como Rafael Rey (fujimorista que no tiene la preparación académica) y José Chlimper (con una denuncia pendiente por la entrega de un audio fraguado para desacreditar las denuncias contra Joaquín Ramírez, financista de Keiko Fujimori), lo que ha generado la reacción de los colectivos civiles que han organizado una marcha contra estos nombramientos para el 8 de noviembre.

Si la Comisión de Integridad que preside el exDefensor Eduardo Vega cumple con entregar al Ejecutivo las propuestas que deberá convertir en Decretos Legislativos en el plazo de 45 días, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en lo que va de los últimos tres gobiernos y le permitirá al actual, recuperar en algo su imagen tras el “negociazo” de  Carlos Moreno.

El Congreso de la República, de aplastante mayoría fujimorista, no da mayores visos de que en este período parlamentario, puedan aprobarse leyes que nos devuelvan los aún pendientes de institucionalidad democrática y política arrasada durante el fujimorato y menos la aprobación de medidas reales para la lucha contra la corrupción.

Por ello, la Comisión de Integridad, una enorme responsabilidad, ya que en este periodo gubernamental, no habrá otra oportunidad como ésta para poder legislar en esta materia. Eduardo Vega, ha dicho que en ese escaso tiempo debe proceder a la recopilación de información sobre corrupción, “que se ha venido trabajando en las organizaciones de la sociedad civil y en el propio Poder Ejecutivo”, igualmente tendrá que mirar los buenos proyectos de ley de períodos anteriores, que sobre la materia existen en el Legislativo y que se encuentran en la congeladora o en el archivo.

Hay temas urgentes, sin duda: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la regulación del fenómeno de puertas giratorias, la modificación de ley de gestores de intereses, los proyectos de ley que ha presentado la comisión de narcopolítica que ha hecho un serio trabajo sobre la presencia del narcotráfico en algunos gobiernos locales y regionales del país, entre ellos, la creación de una base de datos con acceso público a las sentencias absolutorias en los temas de narcotráfico y lavado de activos, etc.

Al final de los 45 días de trabajo de la Comisión de Integridad, así como cumplido el plazo de la delegación de facultades, se podrá hacer un balance de cuál es el real compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la corrupción, esperamos que sea positivo.