El martes pasado ocurrió un hecho que ensombrece el camino hacia una educación universitaria de calidad en el país.

En la Comisión de Educación del Congreso se archivó el predictamen que propone una nueva ley universitaria. Esta propuesta fue un esfuerzo por sintetizar 15 proyectos de ley presentados a lo largo de los dos últimos periodos congresales y que ha sido discutida en una docena de audiencias públicas nacionales en los últimos años. Entonces, ¿por qué no se ha querido discutir?
Esta historia comienza en 2001, cuando se promueve el proyecto de Segunda Reforma Universitaria con el desafío de construir un sistema universitario de calidad. Mediante la Resolución Suprema, se crea la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria (CNSRU), que preparó un Anteproyecto de Ley Universitaria y un diagnóstico sobre la situación de la universidad.
Entre 2004 y 2006, se llevaron a cabo foros públicos en diferentes universidades de Lima y provincias para discutir los pormenores de la propuesta de ley universitaria que debería reemplazar a la ley 23733 promulgada en 1983. Estos foros se constituyeron en espacios de encuentro y discusión entre representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil, cuyos aportes enriquecieron las contribuciones realizadas por la CNSRU.
Estas contribuciones fueron recogidas por la actual Comisión de Educación del Congreso que organiza nuevas reuniones de consulta en Lima y en el interior del país, para llegar a un predictamen que plantea, entre otras cosas, principios y normas que deberán presidir a todas las universidades sin distingo sobre su origen. Recordemos que, actualmente, las universidades públicas se rigen por la ley 23733 mientras que la mayoría de las privadas lo hacen mediante el DL 882 promulgado durante el gobierno de Fujimori, que crea las “universidades con dueño”. Asimismo, se señala que la universidad es, por encima de todo, un centro de investigación y enseñanza que debe crear nuevos conocimientos a favor del desarrollo del país.
Luego de los escándalos de corrupción generados a raíz del caso de la Universidad Alas peruanas, se necesitaba con urgencia discutir, finalmente, qué características tendría esta nueva ley universitaria. Sin embargo, los Congresistas Mercedes Cabanillas (APRA), Martha Hildebrandt (Alianza por el Futuro), Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), Mario Alegría (APRA) y Oswaldo Luizar (Bloque Popular) votaron en contra del dictamen y, por el contrario, apoyaron la postura de Cabanillas, para quien la Ley 23733, reformada ya 20 veces, solo necesita algunos cambios más y debería seguir vigente.
De esta manera, se archiva casi 10 años de trabajo continuo por contar con una norma que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. ¿Por qué se pateó el diálogo sobre esta iniciativa? ¿Qué intereses están detrás? Al parecer, la mafia que gobierna buena parte de las universidades públicas y privadas ha jugado una nueva pasada en contra de la educación universitaria de calidad, porque un cambio de esta magnitud afecta directamente sus intereses.