En las últimas tres décadas hemos tenido muestras muy significativas de la trascendencia del sistema de justicia con la vigencia del sistema democrático. El rol que han cumplido, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, en la lucha contra la corrupción, ha sido sobresaliente, tanto así que se ha pretendido acuñar la frase de que hemos comenzado a vivir una judicialización de la política. Algo parecido ha ocurrido en el ámbito de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes del terrorismo.

A ello debemos sumar el amplio conocimiento que ahora tenemos sobre la importancia del control del sistema de justicia por parte de grupos de poder -políticos y económicos-. Sobre todo, en lo que se refiere a crímenes de corrupción, el control, sobre todo del Ministerio Público, pero también del Poder Judicial, ha demostrado ser fundamental para garantizar todo tipo de impunidad.

En ese sentido el control de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos, como también de la Corte Suprema de Justicia ha sido un objetivo siempre prioritario en el escenario de la lucha política. Frente a ello los actores del propio sistema, es decir, los fiscales y los jueces, pocas veces han tenido un rol protagónico, en el sentido de que la agenda de sus instituciones pareciera haber sido impuesta desde fuera. Claro está que no podemos dejar de mencionar la relevancia particular de algunos jueces y fiscales en medio de todo este proceso. Todo ello siempre nos ha dejado la impresión de la existencia en nuestro país de un sistema de justicia débil, que recién en los últimos años -a propósito de los procesos en la lucha contra la corrupción- ha buscado con muchas dificultades ganar posiciones y portar una agenda institucional.

No cabe duda que las circunstancias del sistema de justicia han sido muy complejas.

En el marco de ese escenario debemos comentar las actuales incidencias de lo que sin mayor problema podría ser hoy identificado como una guerra dentro del sistema de justicia. Por un lado, tenemos el enfrentamiento más notorio de los últimos días, entre los fiscales del Equipo Lava Jato contra el juez supremo San Martín, a propósito de la casación presentada por la defensa de Ollanta Humala para que la Suprema determine si los aportes de campaña de Odebrecht constituyen o no el delito de lavado de activos. Esto ha merecido un pronunciamiento público de toda la Corte Suprema de Justicia rechazando la presión que le han metido en medios de comunicación contra el juez que condenó a Fujimori. La primera semana de noviembre se debe comenzar a decidir tremendo asunto jurídico, pero este asunto pareciera mostrarnos la existencia de una disputa de dos sectores del sistema de justicia, que parecía caminaban juntos. La realidad nos dice que no es así.

Junto a este asunto tenemos la disputa entre los jueces de la corte suprema con la Junta Nacional de Justicia, por la siempre polémica ratificación de magistrados. Aquí la cosa ya tiene varios meses de una disputa en la que los jueces de la suprema lideran una constante resistencia a ser ratificados. En el último round la JNJ decidió llamar a San Martín, Elvia Barrios, Víctor Prado y otros jueces supremos a la entrevista correspondiente al proceso de ratificación, pero a la vez ya se encargaron de suspenderlo, por lo menos en lo que corresponde a la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios y el juez San Martin, pareciera no asistirá ya que ha convocado audiencia de la casación arriba mencionada para el día de su entrevista.

A esto podríamos sumar la investigación que la Junta Nacional de Justicia ha abierto sobre la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien no hace muchos meses fue designada por aquella, como consecuencia de las -por lo menos- irregulares decisiones de apartar de la conducción de las investigaciones penales que la ex fiscal suprema Bersabeth Revilla tenía nada menos que sobre la hermana de la fiscal Benavides quien, siendo jueza superior de la Corte de Justicia Lima, ha sido imputada por cobrar coimas a procesados por narcotráfico. En este caso solo tenemos un dato concreto: la investigación camina con pies de plomo. 
  
Tenemos en lista otros problemas menores, pero estos nos deberían permitirnos generar un análisis preliminar sobre cuál podría ser el desenlace de esta compleja situación. Un primer dato que es posible deducir es que en el marco de la actual crisis política no es posible apreciar que un grupo o sector político haya sentado las bases políticas para predominar en el conjunto del sistema de justicia. Menos el gobierno. De esto podemos sacar una segunda conclusión, que existen varios grupos de poder que en este momento se encuentran en plena disputa en las fronteras del sistema de justicia. 

Una tercera conclusión que podemos lanzar sobre la mesa es que uno de esos grupos, que podemos identificar con representación en Renovación Popular y Fuerza Popular, buscan imponer una agenda que significa deshacer los pocos, pero significativos avances que la justicia ha logrado en las dos últimas décadas en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Una cuarta conclusión es que para garantizar aquello es fundamental propiciar un cambio en las máximas instancias tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Hasta lo que ahora hemos apreciado, pareciera que algo de eso ya ha logrado el Ministerio Público. En este ámbito el papel de la JNJ es simplemente trascendental. Lo que ocurra en los siguientes días será decisivo.